¡Depurar de franquistas el aparato del Estado! ¡Justicia para las víctimas de la dictadura!

El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha el mecanismo para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, una medida que ha provocado la inmediata oposición del PP y de Ciudadanos, como no podía ser de otra manera. Pero lo más significativo es la actitud de desafío de un amplio sector del aparato del Estado, incluyendo a cientos de militares en activo que han firmado un manifiesto público defendiendo la figura del general fascista y su “legado”.

Cuarenta años después de aprobarse la Constitución, la judicatura, el ejército, la policía, y las altas esferas de la administración pública, siguen llenas de elementos abiertamente franquistas y reaccionarios. La legislación en materia de derechos democráticos ha retrocedido décadas gracias al PP, y a la complicidad del PSOE, mientras la represión pura y dura se ha recrudecido en los últimos años.

La medida anunciada por Pedro Sánchez no dejará de cosechar el apoyo de las víctimas de la dictadura y de millones de trabajadores. Pero esta decisión va acompañada de concesiones inaceptables y de la negativa a abrir el camino para juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura.

Militares golpistas ayer, militares fascistas hoy

En rueda de prensa, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, afirmó que la exhumación se limitaría a la momia de Franco, mientras que los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, no se trasladarían por su calidad de “víctima de la guerra civil”. El hecho de equiparar a los golpistas y los fascistas con sus víctimas es repugnante. Sólo este aspecto demuestra el problema de fondo que aquí se ventila, y la cobardía y renuncia de la dirección del PSOE de acometer un proceso político que restaure la justicia para los cientos de miles de asesinados y fusilados, y para las decenas de miles de ellos y ellas que todavía yacen en las cunetas y en las más de 2.000 fosas comunes que se han documentado.

La mejor prueba de lo que decimos es la total pasividad, y permisividad, de que ha hecho gala el gobierno con el manifiesto en defensa del dictador. El 21 de julio apareció en varios medios de comunicación un manifiesto “de respeto al General Franco Bahamonde” firmado por cientos de militares. En dicho documento hablan de Franco como un “general leal” que “sofocó la sublevación de Asturias de 1934, preludio del Frente Popular y la Guerra Civil”. Y justifican el golpe fascista del 18 de julio de 1936 como una acción necesaria “ante una España agredida y asediada por el comunismo internacional”. Llegan incluso a afirmar que lo que se está diciendo de Franco “es una campaña de la izquierda política para borrar medio siglo de la Historia de España” con la que se pretende ocultar “el actual desmoronamiento territorial de la Nación.”

Este manifiesto ha sido firmado por mandos como Alberto Asarta, ex jefe de la misión de Naciones Unidas en Líbano; Emilio Pérez Alamán, ex jefe del Mando Militar de Canarias; Juan Aparicio Hernández Lastras, ex jefe del Mando de Personal del Ejército, Eduardo González-Gallarza, ex jefe del Ejército del Aire; y Antonio González-Aller, ex jefe del Cuarto Militar del Rey. Todos estos militares se han manifestado no sólo a favor de Franco, sino también se han mostrado contrarios al derecho a la autodeterminación de Catalunya. Tal es el caso de Juan Chicharro, uno de los impulsores del manifiesto, actual presidente de la Fundación Francisco Franco y que fue ayudante de campo del rey y jefe de la Guardia Real, quién declaró en 2013 que “la patria vale más que la democracia” y justificó una intervención militar en territorio catalán.

¿Cómo es posible que en un país que se dice democrático, militares retirados y en activo hagan este tipo de apología de un régimen como el de Hitler y Mussolini, y el gobierno no haya hecho absolutamente nada? ¡Así no se combate al franquismo, Sr. Sánchez!

Una dictadura atroz que ha quedado en la impunidad. Los lodos de la Transición

En el manifiesto, los militares mienten no sólo sobre la figura de Franco, sino que ocultan conscientemente lo que fue la dictadura franquista, y lo que representa el Valle de los Caídos. Entre 1936 y 1952, más de 200.000 personas fueron fusiladas por el Estado franquista, la mayoría sin juicio o después de farsas en tribunales militares; de ellas, más de 50.000 después de terminada la guerra. Y hasta el final de la dictadura (concretamente, hasta los últimos fusilamientos del 27 de septiembre de 1975) no se dejó de detener, de torturar, de meter en la cárcel y de condenar a muerte a militantes antifranquistas.

Hay que dejar claro también que el Valle de los Caídos no se concibió como un “monumento a la reconciliación”, sino como una construcción mesiánica para la exaltación al fascismo y a la figura de Franco. Fue construido por 20.000 presos políticos que trabajaron como esclavos. Y de las más de 33.000 personas enterradas allí, 12.410 están sin identificar: son los restos de los republicanos que fueron trasladados sin permiso de su familia, y sacados de 491 fosas comunes y cementerios.

Evidentemente la impunidad de la que gozan estos militares, y la cobardía que exhibe el gobierno para sancionarlos, no es más que la consecuencia de todas las concesiones políticas que los dirigentes de la izquierda, del PSOE y del PCE, realizaron en los años setenta. La llamada Transición, defendida de manera entusiasta hoy por Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez, consagró la impunidad de los criminales y la humillación para las víctimas. Con la Ley de Amnistía de 1977 y con la Constitución, se blindó a los militares, policías, jueces que participaron en la represión franquista, y ninguno de ellos fue juzgado ni encarcelado, ni con UCD ni con el PSOE después.

Se han intentado borrar la huella de los crímenes de la dictadura, las torturas, los presos políticos. Se ha impedido que se juzguen a los represores franquistas tanto en nuestro país como fuera, en Argentina. Se ha permitido que sigan existiendo asociaciones como la Fundación Francisco Franco, que hacen apología de la dictadura, y que reciben abundantes subvenciones públicas.

Por supuesto, la clase dominante, las grandes familias del IBEX 35 que se hicieron de oro con la dictadura y la sostuvieron hasta el final, dieron su bendición a ese proceso. El hecho de que nada semejante haya pasado en ningún país sometido a una dictadura similar a la franquista, lo dice todo.

Los grandes problemas sociales, las injusticias históricas, no se resuelven con gestos. El paso que ha dado el Gobierno Sánchez de exhumar a Franco es completamente insuficiente. Es necesario que los responsables de la represión sean juzgados y castigados derogando la Ley de Amnistía de 1977. Que se abran de par en par los archivos policiales, judiciales y militares de la dictadura, para poder investigar con profundidad sus crímenes. Se debe perseguir legalmente y con dureza a todos aquellos que hacen apología del régimen franquista, empezando por ilegalizar a la Fundación Francisco Franco. Hay que restablecer la verdad, la reparación y la justicia con las víctimas y sus familias, movilizando todos los recursos materiales y humanos necesarios para exhumar las fosas, dar entierro a las víctimas e indemnizar a las familias Acabar con todos los vestigios franquistas en calles y monumentos. Expropiar el patrimonio robado por la familia Franco, y con el que han logrado amasar una fortuna superior a los 500 millones de euros. Y, sobre todo, depurar el aparato del Estado de fascistas y reaccionarios.

Sabemos que todo esto no lo hará ningún gobierno del régimen del 78. Será el fruto de la movilización de la población, de la clase trabajadora y de la juventud que no quiere vivir con esta losa.

 


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