La impresionante movilización de masas de las Diadas de 2012 y 2013, con más de un millón de personas en la calle, expresaba el deseo de amplias capas de la población de un cambio político y social radical. Dicha movilización, especialmente entre amplios sectores de la juventud, expresa una voluntad de cambio que va más allá de los límites en que pretende situarla la derecha nacionalista de Convergència (ahora PDCat), vinculándose la lucha contra la represión de los derechos democrático nacionales, contra las imposiciones españolistas del PP y del aparato del Estado y defensa del derecho de autodeterminación con la batalla por acabar con los recortes y la lógica del sistema capitalista.

Las desigualdades en Catalunya se sitúan entre las mayores de la UE. Las rentas del 20% de la población con más ingresos son 6 veces superiores a las del 20% más pobre. La población en pobreza extrema aumentó un 28,5% entre 2013 y 2014, según un informe de las Entidades Catalanas de Acción Social. El malestar social que provoca este abismo entre la riqueza de unos pocos y el sufrimiento de la mayoría tuvo un primer reflejo político en el desarrollo de la Asamblea Nacional de Catalunya y la explosión de participación en las Diadas. También en el crecimiento electoral de ERC en las elecciones de 2015 y la fuerte irrupción de una organización independentista y anticapitalista como la CUP.

La inmensa mayoría de las bases y votantes independentistas esperaban que el resultado electoral fuese utilizado para impulsar una lucha masiva en la calle hasta derrotar las políticas privatizadoras y antisociales del PP y de Convergència, y que fuese el inicio de un movimiento que conquistase la liberación nacional y social de Catalunya. Sin embargo, la dirección de la CUP ha defendido el pacto con Convergència, lo que en la práctica significa abandonar la calle, avalar la política de recortes y privatizaciones, e impedir cualquier avance en el ejercicio del derecho de autodeterminación: es decir, atarse de pies y manos a la burguesía catalana. Tras numerosas consultas en las que las bases se manifestaron claramente en contra de apoyar a Mas y Convergència, finalmente la dirección de la CUP, de forma completamente antidemocrática, apoyó el Govern de derechas encabezado por Puigdemont, hace ahora un año.

La pregunta que se hacen millones de jóvenes y trabajadores en Catalunya es: ¿ha servido el apoyo al Govern de Junts pel Sí para avanzar en la liberación nacional de Catalunya y forzar a Convergència a aceptar algunas políticas sociales, tal y como planteaban los dirigentes de la CUP? La respuesta es clara: ¡No!

Derecho de autodeterminación sí, subordinación a la derecha no

En todos los asuntos centrales Convergència no ha dudado en votar en el Parlament junto al PP o Ciutadans: han rechazado eliminar los conciertos educativos a colegios que segregan por sexo; han impedido debatir una ILP a favor de una nueva ley educativa que eliminara progresivamente los conciertos; han aplicado (antes que en el resto del Estado) el 3+2 en las universidades públicas catalanas; han rechazado la formación de una banca pública o aprobado una nueva norma “antidesahucios” completamente descafeinada... Al tiempo que Convergència confronta públicamente con el Partido Popular, su grupo parlamentario en el Congreso ha llegado a acuerdos con el PP para la conformación de la mesa del Congreso o mantiene su voto a favor de la reforma laboral. Y es que, ¡por encima de todo están sus intereses de clase! No es casualidad el intento de restablecer los puentes entre el PP y Convergència para garantizar la “estabilidad” de su sistema.

El apoyo a Convergència por parte de CUP y ERC no sólo es negativo desde un punto de vista social, sino desde el punto de vista de los derechos democráticos y del ejercicio del derecho de autodeterminación. Convergencia, necesitada del apoyo de la CUP para la aprobación de los presupuestos vuelve a llenarse la boca de independentismo, pero su verdadero objetivo es comprometer a dicha formación con sus votos en unos presupuestos continuistas con los recortes sociales. A la vez que se hacen dichos discursos, incluso por parte de ERC llamando a la desobediencia, los Mossos d’Esquadra detienen a la alcaldesa de Berga de la CUP por negarse a quitar la estelada del ayuntamiento o más recientemente a cinco activistas independentistas por quemar fotos del rey durante la Diada. ¿Qué más necesitan los dirigentes de la CUP para convencerse de que para Convergència la soberanía y su supuesta intención de desobedecer al Estado español no son más que palabras con que desviar la atención de las masas e intentar mantener la paz social en las calles?

De la mano de la burguesía es imposible lograr ninguna mejora social o democrática para la mayoría de la población. ¡La CUP tiene que rectificar y romper con la derecha! ¡Hay que formar un frente de izquierdas en Catalunya con el objetivo inmediato de revertir todos los recortes sociales y defender el derecho a decidir de forma consecuente!


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