Del 6 al 10 de febrero se celebró el juicio al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau. La fiscalía les responsabiliza de la consulta no vinculante sobre la independencia de Catalunya del 9 de noviembre de 2014, y solicita 10 años de inhabilitación para Mas. Este juicio ha ido acompañado de la habitual sesión de odio españolista por parte de la caverna mediática y forma parte de la escalada represiva general que está lanzando el PP.

El PP contra los derechos democráticos de Catalunya

Pocos días después siguió el turno a Francesc Homs (portavoz de Convergència, ahora PDCat, en el Congreso), sentado en el banquillo con la acusación de promover el 9N. Hace algunos meses la fiscalía presentó también una querella penal contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell (ERC). Representantes del PP han amenazado con procesos similares contra otros dirigentes del PDcat y del Govern de la Generalitat, si la propuesta de Puigdemont de convocar un nuevo referéndum sigue adelante.

En primer lugar, como marxistas e internacionalistas, nos oponemos rotundamente a cualquier represión de la burguesía española, de su aparato del Estado franquista, contra los derechos democráticos nacionales del pueblo de Catalunya. Lo hemos dicho siempre y lo volvemos a decir ahora: la defensa del derecho de autodeterminación de Catalunya es un principio básico de todos aquellos que aspiramos a la transformación socialista de la sociedad. Es una prueba acabada del tipo de “democracia” en que vivimos, que este gobierno de la corrupción, de los recortes, de los desahucios, de la negación de la reparación y la justicia a las víctimas del franquismo…, siga empleando a la judicatura y los tribunales, a la policía, a los medios de comunicación para verter a borbotones su nacionalismo españolista y cercenar un derecho fundamental. ¿Por qué tanto miedo a que el pueblo de Catalunya exprese su opinión en las urnas sobre si quiere o no independizarse del Estado español?

Con su campaña represiva el PP está colocando a los dirigentes de la derecha nacionalista catalana como víctimas y mártires. El partido del 3%, de los recortes y las privatizaciones, de la represión policial…, se frota las manos cada vez que un dirigente suyo está en el banquillo. ¡Así pueden reforzar su campaña de victimismo, presentándose como los campeones de la democracia! Puigdemont, Mas, Pujol… y todos los políticos reaccionarios y corruptos de la derecha nacionalista catalana han sido un factor de estabilidad para la gobernabilidad del Estado español. Ellos pactaron con el PSOE de Felipe González, pactaron con Aznar, pactaron con Rajoy todo tipo de leyes y medidas lesivas contra la clase trabajadora. Su defensa de Catalunya empieza y acaba en su bolsillo, en sus cuentas corrientes, en los paraísos fiscales donde evaden sus beneficios obtenidos a costa de la clase trabajadora y la juventud catalana. Sus chanchullos con las grandes empresas a las que han llenado de oro gracias a la privatización de la sanidad, la educación y todos los servicios públicos hasta dejarlos arrasados, es una señal inequívoca de que son los adversarios de los oprimidos.

De la mano de la burguesía catalana, hoy enfrentada a la burguesía española por motivos de conveniencia política, jamás alcanzaremos ni defenderemos consecuentemente ningún derecho democrático esencial, y mucho menos el derecho de autodeterminación. La historia de la lucha de clases en general, y la de Catalunya en particular, no hace más que ratificar esta idea.

La CUP debe romper su subordinación a la derecha nacionalista

La burguesía catalana se ha pasado años hablando de independencia, pero ni Catalunya está más cerca de decidir libremente su futuro ni ninguno de los problemas que sufrimos los jóvenes y trabajadores catalanes encuentra solución. Lejos de romper con la burguesía española o desobedecer sus leyes, como les gusta proclamar, los capitalistas catalanes aplican los mismos recortes y políticas privatizadoras (LOMCE, 3+2, reformas laborales, desahucios…). El 75% del fraude fiscal existente en Catalunya corresponde a grandes empresas, pero la hacienda catalana dedica el 5% de los inspectores a investigar las grandes fortunas y el 95% al pequeño contribuyente, igual que el PP. Incluso el conseller convergente de Interior, Jordi Jané, ordenó a los Mossos d’Esquadra detener a cinco activistas de la CUP por quemar fotos del rey español. ¿Dónde está la diferencia con el PP?

Convergència y la burguesía catalana están unidas por sus negocios e intereses de clase a la burguesía española, coincidencia que ha vuelto a reflejarse en los presupuestos aprobados este año por la Generalitat. Oriol Junqueras, líder de ERC, los ha presentado como “los más sociales de la historia”, pero la realidad no puede ser más diferente. La segunda partida más cuantiosa de estos presupuestos es la destinada a pagar la deuda a banqueros y capitalistas, mientras los 96 millones inicialmente prometidos para reducir las listas de espera sanitaria se vieron recortados a 36; no hay partida alguna para luchar contra la violencia machista, y sólo 10 millones para, supuestamente, combatir la pobreza energética. Sí dedican 17 millones de euros a inversiones en capital riesgo y las farmacéuticas recibirán 128 millones en subvenciones. El dinero destinado a políticas de vivienda seguirá siendo inferior al 0,2% del PIB, y la inversión educativa, un año más, seguirá por debajo de lo que había en 2010 (500 euros menos por alumno) al tiempo que 16 escuelas del Opus en Catalunya recibirán 30 millones de euros y habrá 1.075 millones para la patronal de la enseñanza concertada.

No habrá autodeterminación sin lucha por el socialismo

Es un completo fraude tanto la argumentación que esgrime Oriol Junqueras como la de los dirigentes de la CUP para avalar estos presupuestos. La propuesta estrella de la CUP para justificar su voto favorable, una reforma del IRPF que penalizase las grandes fortunas, fue rechazada por Convergència y ERC. Pese a todo lo que hemos señalado y a lo que arroja la experiencia de estos años, dirigentes que se califican a sí mismos de “independentistas y anticapitalistas” vuelven a apoyar unos presupuestos antisociales y siguen sosteniendo al Govern. Esto es un grave error. No tiene nada que ver con el anticapitalismo, es una política de colaboración de clases y subordinación a la derecha catalana, y tendrá un grave coste para la CUP. Según los últimos sondeos, podría perder hasta un 50% de representación electoral.

Correctamente, los dirigentes de En Comú Podem han criticado duramente los presupuestos. Pero no se pueden quedar en palabras: deben llamar a la movilización masiva contra los recortes, al tiempo que emplazan públicamente a la CUP y ERC a romper con Convergència. Es más, En Comú Podem debe poner en práctica su discurso en primer lugar en todos los ayuntamientos en los que gobierna, aplicando políticas auténticamente de izquierda que rompan con la lógica de los recortes y la austeridad.

La situación en Catalunya muestra la enorme contradicción entre las ganas de luchar de la clase obrera y la juventud, y la desmovilización que imponen las direcciones reformistas de la izquierda política y sindical. El ejemplo de los presupuestos no es el único; otro fue la desconvocatoria por los sindicatos de enseñanza catalanes de la huelga de profesores del 9 de febrero. Esta política de pacto social y colaboración de clases sólo da oxígeno a Convergència y al PP, pero choca con el ambiente social existente. La magnífica movilización de 500.000 personas en solidaridad con los refugiados en Barcelona el 18 de febrero, o el apoyo a la huelga de los estibadores que se está generando demuestra que, con una estrategia que unifique todas estas luchas y que vincule el derecho a decidir al rechazo de todos los recortes y ataques a la población, es posible derrotar a las burguesías española y catalana y provocar un vuelco social a la izquierda.