El pasado 16 de octubre se cumplió el primer aniversario del encarcelamiento sin fianza de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Òmnium en aquel momento. Muchos autos de prisión y nuevos exilios se han sucedido desde entonces, como parte de una furiosa ofensiva represiva contra el movimiento de liberación nacional en Catalunya. Pero el intento de amordazarnos, utilizando las prisiones y las porras, criminalizándonos en los medios españolistas y reaccionarios, ha fracasado. Un año después, centenares de miles de personas seguimos luchando en las calles para conseguir la liberación de los presos, el regreso de los exiliados y hacer efectiva la república.

Chantaje político

La movilización popular del 1 y el 3 de octubre del año pasado, derrotando a las fuerzas policiales, votando y paralizando el país en una huelga general histórica, abrió una crisis revolucionaria. Esa gran demostración de fuerza puso contra las cuerdas al régimen del 78, poniendo de manifiesto la voluntad de construir una república para los trabajadores y trabajadoras, sin recortes ni austeridad, sin oligarquía y privatizaciones, sin desahucios, machismo ni opresión.

Conscientes de que no han conseguido frenar la lucha con la represión, un sector de la burguesía española junto al gran capital catalán, su fiel escudero en todos estos acontecimientos, tratan de buscar una salida. Y lo hacen sirviéndose del gobierno del PSOE y de Podemos para abrir una vía de “diálogo” que retome la negociación de un nuevo Estatut, rebaje la calificación de los delitos de rebelión y, sobre todo, devuelva a la población a sus casas poniendo fin a las constantes movilizaciones de masas. Para ello, tratan de obtener de los dirigentes del PDeCAT y ERC la garantía de que no alentarán la lucha por la república y se replegarán a la vía del autonomismo.

Haciendo de policía bueno y malo a la vez, Pedro Sánchez amaga un día con la puesta en libertad de los presos hasta que haya una sentencia en firme, y otro afirma que los tribunales cuentan con total independencia para decidir. Pero siempre niega la mayor: el reconocimiento del derecho de autodeterminación al pueblo catalán.

La situación se ha complicado nuevamente con la negociación de los presupuestos generales. El PSOE y Podemos necesitan el apoyo de ERC y la abstención al menos de los diputados del PDeCAT. Y en este tira y afloja, entre idas y venidas de Pablo Iglesias a la cárcel para entrevistarse con Oriol Junqueras, rupturas parlamentarias entre ERC y PDeCAT, reflejo de las grandes tensiones internas que sacuden el movimiento de liberación nacional, la madeja se enreda sin solución a la vista.

Es evidente que los dirigentes de ERC han exigido un gesto a Pedro Sánchez para apoyar las cuentas del reino, concretamente la garantía de que las penas de cárcel serán muy bajas. Por otra parte los negociadores del PSOE y Podemos les dicen: aprobad los presupuestos con nosotros y os concederemos ese gesto. Pero es inevitable pensar que cualquier compromiso puede ser papel mojado teniendo en cuenta la situación de la judicatura, colmada de elementos franquistas que tienen su propia dinámica y quieren un castigo ejemplarizante. Ésta es una de las razones que provoca resistencia en los dirigentes nacionalistas para el acuerdo. La otra, y más poderosa, es la constatación de la enorme crítica hacia ellos que está aflorando entre las bases más activas del movimiento de liberación nacional, que exigen un plan de acción claro y contundente para hacer realidad el mandato popular del 1-O y conquistar la república catalana.

Una correlación de fuerzas favorable

La fuerza del movimiento por la república se ha podido constatar tanto en la pasada Diada, con cerca de dos millones de personas abarrotando Barcelona, como este 1 de octubre, con muchos cientos de miles llenando plazas y calles por toda la geografía catalana. El carácter multitudinario de estas convocatorias contrasta con las ridículas manifestaciones de Ciudadanos el 11-S, de Jusapol el 29 de septiembre o del bloque monárquico el 12 de octubre.

Tanto en las movilizaciones de los CDR como en la huelga del 1-O convocada por Universitats per la República, el Sindicat d’Estudiants y el SEPC, con más de 150.000 estudiantes marchando en la capital catalana, la juventud se ha convertido en la vanguardia de la crítica hacia la política desmovilizadora de los dirigentes de ERC y del Govern de Quim Torra. Pero el desafecto se extiende a sectores cada vez más amplios del movimiento que están sacando la conclusión de que la correlación de fuerzas es totalmente favorable para construir la república catalana, y que lo que falta es una alternativa política que rompa con la lógica del sistema, de sus instituciones y de los partidos que lo sustentan. El ultimátum de la presidenta de ANC, Elisenda Paluzie, a Quim Torra apunta en esta dirección: o el Govern plantea antes del 21-D una estrategia clara para constituir la república o la ANC impulsará movilizaciones masivas y trabajará para conseguir nuevos liderazgos.

Para millones de jóvenes, trabajadores y sectores de las capas medias que hemos protagonizando las grandes demostraciones de masas, la república catalana no es una abstracción sino una necesidad: romper con el régimen y la monarquía del 78, y en consecuencia con la oligarquía catalana, es esencial para resolver los acuciantes problemas sociales que nos afectan poniendo fin a los recortes y la austeridad.

La izquierda que lucha debe tomar la dirección del movimiento de liberación nacional

Frente a esta mayoría se levanta otra corriente que determina la política del Govern a través de la derecha catalana del PDeCAT y los líderes socialdemócratas de ERC. Con distintas excusas, los dirigentes de esas dos formaciones tratan de dar carpetazo a la lucha por la república y regresar al autonomismo, como muestran la moción pactada por el PDeCAT con el gobierno del PSOE sobre el diálogo dentro de la ley, las declaraciones de Joan Tardà, afirmando que sólo “un estúpido o un ingenuo” proclamaría hoy la república, o la posición pública de Oriol Junqueras de priorizar la negociación y las elecciones municipales y europeas. 

Un sector de la burguesía española y catalana alberga grandes esperanzas en el papel de freno de los dirigentes de ERC —como confirma la visita de Juan Rosell, presidente de la CEOE, a Junqueras—. Pero el salto en la conciencia de las masas, y la perseverancia de la crisis económica, complican seriamente las intenciones de la clase dominante de desac­tivar un conflicto que tiene profundas raíces sociales y políticas. 

Frente a estos intentos de dar la espalda a las aspiraciones del pueblo, los compañeros y compañeras de la CUP y de los CDRs, las bases activistas de la ANC y Òmnium, del Sindicat d’Estudiants, SEPC y los sindicatos y organizaciones políticas comprometidas con la república catalana de los trabajadores, debemos dar un nuevo paso al frente: hay que levantar un frente único de acción que deje claro nuestro rechazo a las maniobras de la derecha catalanista y de ERC, y que prepare una nueva huelga general como la que paralizó Catalunya el 3-O que sea el primer paso de una estrategia conjunta y revolucionaria. Sólo así lograremos la libertad de los presos y la vuelta de los exiliados, al mismo tiempo que avanzará la causa de la república.


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