¡Basta de represión contra el pueblo catalán!

¡Libertad presos políticos ya! ¡Continuemos la lucha por la república de los trabajadores y el pueblo!

El pasado 2 de Noviembre la Fiscalía General y la Abogacía del Estado presentaban las penas que solicitarán para los presos políticos que permanecen encarcelados desde hace más de un año por organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017.

La Fiscalía mantiene la misma acusación de rebelión fabricada por el ex fiscal Maza y los jueces Lamela y Llarena, y solicita 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para ejercer cargos públicos a Oriol Junqueras, 17 años de cárcel a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez  y penas que oscilan entre 16 y 7 años de cárcel e inhabilitación para el resto de encausados.

La Abogacía por su parte reconoce que no hubo delito de rebelión sino de sedición, rebajando las penas  a prácticamente la mitad. Pero sumando la acusación que también presenta por malversación de fondos públicos los años de cárcel podrían ser los mismos.

Persecución judicial al independentismo y a la izquierda que lucha

Esta decisión judicial es un escándalo y un ataque a los derechos democráticos sin precedentes desde las cazas de brujas que organizaba el Tribunal de Orden Público franquista. Estos  políticos independentistas  y otros que han sido procesados por los mismos cargos, podrían pasar años en la cárcel por el “crimen” de organizar un referéndum para que el pueblo de Catalunya pudiese decidir democráticamente su futuro. O por convocar manifestaciones pacíficas reivindicando ese derecho.

En cualquier caso es evidente que el aparato del Estado quieren dar un duro escarmiento al movimiento de liberación nacional catalán, utilizando la política de la venganza en su forma más extrema.

A aquellos que se llenan la boca sobre el "Estado de derecho" y que  la ley es igual para todos les decimos que,  una vez más,  aquí se desvela el carácter profundamente antidemocrático y represivo del régimen del 78 heredado de la dictadura.

Un Estado y un sistema judicial capaz de acusar de terrorismo a los CDR, o a raperos como Valtónyc por escribir una canción, pero que no considera terrorista a Manuel Murillo, el francotirador fascista que planeaba asesinar a Pedro Sánchez.

Un sistema judicial que actúa de manera despiadada cuando debe ejecutar los desahucios o reprimir a quienes luchamos por la república o participamos en los movimientos sociales, pero se muestra enormemente “comprensivo” y dispuesto a “reconsiderar” sus decisiones cuando se trata de beneficiar a los banqueros (la escandalosa sentencia  del Supremo sobre las hipotecas), amparar a los violadores de “La Manada” o a los fascistas de Vox, a quienes el Supremo permitirá actuar como acusación particular en el juicio del 1-O desestimando la solicitud de los abogados defensores para que fuesen apartados del mismo.

La Fiscal General del PSOE avala la estrategia represiva del PP y Cs

La reacción de la Fiscal General del Estado designada por el PSOE y del propio gobierno ante las penas solicitadas, pone en evidencia sus verdaderas intenciones e ideas. La Fiscalía hace suyos, en esencia, los mismos argumentos que utilizaron los fiscales generales designados por el PP y Cs para abrir una causa general contra el independentismo y desatar la persecución política que todos conocemos. La participación impresionante de millones de personas en el referéndum democrático del 1-O es considerada delito y tipificada bajo la misma acusación que el golpe de estado fascista del 23 de febrero de 1981.

La Abogacía del Estado rebaja el tono en la forma pero el fondo lo mantiene: ratificar la falsificación de la realidad de los partidos y medios de comunicación españolistas, y presentar a quienes nos movilizamos pacíficamente y sufrimos los porrazos y pelotas de goma que dejaron más de 1000 heridos el 1-O en Catalunya como culpables de altercados y violencia. Mientras, los guardias civiles y policías responsables de esas brutales agresiones que todos pudimos ver son tratados como “defensores de la Constitución” y víctimas

Estos “argumentos” han sido considerados escandalosos, carentes de fundamento y antidemocráticos por juristas de toda Europa, incluido un centenar de catedráticos y profesores de Derecho Penal de distintas universidades (Jaén, Castilla-La Mancha, Granada, A Coruña, Valencia, Zaragoza, Madrid...) que, tras conocer la solicitud de penas, firmaron un manifiesto rechazando estos cargos por unos delitos “inexistentes”. O la Audiencia de Barcelona, que recientemente cuestionaba el uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad del Estado el 1-O.

El Gobierno del PSOE prefiere plegarse a las presiones de la derecha, la monarquía  y los sectores más reaccionarios del aparato del Estado antes que escuchar la voz de los millones de personas que tomamos las calles exigiendo libertad para los presos políticos y el respeto a los derechos democráticos.

Organizar la respuesta en las calles. Por un frente único de la izquierda que lucha por la república

Tras un gesto totalmente insuficiente como acercar los presos políticos catalanes a Catalunya, en lugar de  liberarlos, Pedro Sánchez ya había dejado claras sus intenciones al afirmar que el  derecho de autodeterminación estaría fuera de cualquier posible diálogo sobre Catalunya. Con ello, el gobierno del PSOE da alas a los sectores españolistas y reaccionarios. Los fascistas de Vox ya han pedido penas aún mayores. Casado y Rivera compiten por ver quién llega más lejos en su campaña de españolismo y catalanofobia.

Aunque los dirigentes de Unidos Podemos han criticado con la boca pequeña la decisión de la Fiscalia y la Abogacia  es intolerable que sigan renunciando a la movilización en la calle y actuando como ministros sin cartera del gobierno de Sánchez.

Ante la indignación existente en Catalunya, Ada Colau y otros dirigentes de los comunes han criticado las penas solicitadas con más contundencia. No obstante, siguen sin defender que se lleve adelante el mandato del 1 de Octubre y se niegan a participar en las movilizaciones de masas por una república catalana de los trabajadores y el pueblo .¿Hasta cuándo estos dirigentes seguirán renunciando a la lucha y dando cheques en blanco a Pedro Sánchez?

Esta misma crítica es válida para el Govern y los líderes de ERC y PDeCAT. Como mostraron la Diada y  las manifestaciones masivas del 1 de Octubre de este año,  millones de personas en Catalunya han decidido romper con el régimen del 78, salir a las calles a luchar por la república y  empiezan a estar hartas de discursos y promesas mientras en la práctica se intenta meter la república en el baúl de los recuerdos y mandarlas a casa para negociar a sus espaldas.

Si algo ha demostrado el último año es que cuando se abandona la movilización en la calle la derecha neofranquista pasa al ataque. Sólo hay un modo de derrotar la represión, conseguir la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados y hacer realidad la república. Ese modo es recuperando la movilización masiva en las calles.

Es imprescindible levantar  un plan de lucha que incluya una huelga general por la liberación inmediata de los presos políticos y el reconocimiento de la república. Una huelga general  como parte de una estrategia de acciones  masivas y continuadas hasta lograr estos objetivos.

Junto a ello es preciso desplazar de la dirección del movimiento a la derecha catalanista y a los líderes que ya han reconocido que sin pacto con el Estado no hay nada que hacer. Basta ya de este discurso de la resignación y la parálisis. 

Todos los que luchamos de manera consecuente por la república: CUP, CDR, bases de ANC y Omnium, sindicatos combativos, colectivos feministas, organizaciones estudiantiles como SE, SEPC y Universitat per la República, debemos organizar un frente único de lucha  para defender un programa socialista que haga realidad la república catalana de los trabajadores y el pueblo, acabando con los salarios de miseria, la precariedad,  los  recortes y los desahucios, combatiendo el machismo y todas las formas de opresión y discriminación de género, clase o raza; garantizando educación, sanidad y viviendas públicas y de calidad para todos y todas.


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