La suspensión de actividades los dos próximos años de la ya anteriormente ilegalizada Batasuna, el nuevo cierre de sus sedes y la prohibición del congreso que iba a celebrarse en Barakaldo el 21 de enero son el fruto directo de las declaraciones de l La suspensión de actividades los dos próximos años de la ya anteriormente ilegalizada Batasuna, el nuevo cierre de sus sedes y la prohibición del congreso que iba a celebrarse en Barakaldo el 21 de enero son el fruto directo de las declaraciones de los militares en la fiesta de Pascua, de la presión de sus portavoces políticos —que no son otros que el Partido Popular— y la actitud vacilante del Gobierno. Los sectores más reaccionarios del aparato del Estado no quieren ningún cambio en relación a las nacionalidades históricas.

El juez de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska, contaba desde el mes de mayo pasado con informes acerca de la apertura de sedes de Batasuna y del funcionamiento de las mismas. Si desde entonces no se había actuado es porque el Gobierno y la judicatura entendían que está madurando un proceso de negociación en Euskal Herria, y que medidas represivas como pretende el PP podrían dar al traste con el mismo. Pero la presión de la reacción ha producido su efecto, revelando que la “imparcialidad” de los jueces es una utopía reaccionaria.

La represión no frenó a ETA

Los procesos abiertos a distintas organizaciones y miembros de la izquierda abertzale representan un recorte drástico de la libertad de expresión y de los derechos de asociación y manifestación y no tienen nada que ver con la lucha contra ETA. Las numerosas bombas que esta organización lleva poniendo los dos últimos años, aunque de momento no han provocado ningún muerto, demuestran que la represión jamás podrá acabar con el fenómeno del terrorismo individual, ni en el Estado español ni en ningún otro lado. La prueba más reciente es la victoria de Hamás en las elecciones palestinas. La represión únicamente engendra desesperación y violencia.

En el caso de Euskal Herria, lo que ha frenado a ETA no son las medidas que llevó adelante el PP con el apoyo del PSOE, como la ilegalización de Batasuna y todos los sumarios abiertos, sino la acción decidida de las masas de la clase trabajadora en la calle durante un largo período y la expectativa de que por esta vía las cosas pueden cambiar.

En el proceso de Irlanda el estado británico permitió incluso que los dirigentes políticos cercanos a las distintas organizaciones armadas pudiesen entrar en las cárceles a hacer reuniones y asambleas con los presos. Aquí, por el contrario, en lugar de facilitar el debate interno de Batasuna y promover que se pueda desarrollar una actividad política intensa que sustituya la acción armada, el Estado, bajo la presión del PP y los reaccionarios que lo sustentan hecha leña al fuego prohibiendo los actos, cerrando sedes, persiguiendo a los dirigentes que defienden la negociación y levantando el más rancio nacionalismo español y un discurso cedista frente a las reivindicaciones democráticas de las nacionalidades históricas.

Romper las ataduras con el PNV

Al acto que se celebró en Barakaldo asistieron cerca de 10.000 personas, a pesar de la ilegalización, de la presión mediática y de la Ertzantza, que estuvo presente con un fuerte despliegue de efectivos y dos helicópteros. Las críticas al PNV estuvieron presentes en todo el acto pero, a pesar de ello, la dirección de Batasuna prefiere rebajar el contenido de su programa para que le permita hacer un frente con la burguesía vasca del PNV, en lugar de defender una política de independencia de clase y auténticamente socialista. Es necesario romper esta política de colaboración de la izquierda con las organizaciones burguesas y defender una política de independencia de clase e internacionalista.

Los intentos de la reacción de boicotear cualquier medida del gobierno del PSOE y la amenaza de tomar las calles, una vez más, esta vez en defensa del más rancio nacionalismo español para protestar contra el Estatut, etc. debería ser respondido por las organizaciones de izquierda de forma contundente y unitaria en todo el estado con manifestaciones masivas y con medidas más audaces por parte del gobierno: depurando a los reaccionarios del aparato estatal, derogando la ley de partidos y planteando la defensa del derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. A la derecha no se le puede parar con continuas concesiones. La experiencia está siendo cada vez más concluyente.

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