Euskal Herria: 130.000 manifestantes en Bilbao en defensa de los derechos democráticos

En respuesta a las detenciones y a la prohibición de la manifestación organizada por el colectivo Tantaz Tanta (Gota a Gota) a favor de los derechos democráticos de los presos, el pasado 11 de enero Bilbao se abarrotó. La manifestación, en la que se calcula que han participado 130.000 personas, ha sido la más numerosa que se recuerda. Una respuesta multitudinaria a favor de los derechos democráticos tras una semana vertiginosa en la que se pasaba de escuchar, con esperanza, el comunicado de los presos políticos vascos (EPPK) y del sector más duro de ETA a favor de la lucha política, a la frustración por la respuesta del Gobierno de Rajoy y del aparato del Estado, deteniendo a los abogados que hacían de mediadores de los presos e ilegalizando la manifestación que se llevaba preparando concienzudamente desde hace meses por parte de la izquierda abertzale en cada barrio y pueblo.

Algunos de los manifestantes daban las gracias irónicamente, “Velasco Eskerrik asko”, aludiendo al juez que la víspera había declarado ilegal la manifestación. No ha sido la movilización de todos los años por los derechos de los presos, ha sido algo más, coincidía todo el mundo. Este ambiente de ánimo y confianza que se respiraba no lo alimentaba, sin embargo, la presencia del PNV, que a última hora se adhirió a la manifestación y que muchos calificaban de oportunista.

Las maniobras del PNV y el papel del PSOE

A pesar de que la manifestación no fue autorizada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno hasta media hora antes de comenzar, los accesos a la calle Autonomía estaban ya absolutamente colapsados. Decenas de miles de personas ya habían decidido que participarían. Nadie esperaba ni le importaba la decisión que tomase la Audiencia Nacional. Esa es la razón que movió al PNV a intentar ponerse al frente de la misma, sabiendo que no podía enfrentarse al movimiento desatado por la cerrazón del Partido Popular. Las entrevistas a distintos dirigentes del PNV que publicó El Correo lo confirman: “El PNV reconoce que una de las principales razones que le llevaron a convocar el acto con la izquierda abertzale fue tratar de controlar una situación imprevisible en la que, a buen seguro, se habría visto obligada a intervenir la Ertzaintza por orden de la Audiencia Nacional”.

Al PNV los derechos democráticos le importan lo mismo que al PP. Ellos defienden sus intereses de clase y sus privilegios. Contrariamente a lo que se piensa desde la dirección de la izquierda abertzale, un frente democrático consecuente, jamás tendrá entre sus filas al partido de la burguesía vasca. En todos los acontecimientos decisivos en la historia de Euskal Herria, la postura del PNV ha sido siempre la de situarse al lado del capital. No en vano ha aplicado las medidas represivas dictadas desde los gobiernos de Madrid sin mayor problema, y se ha alineado con la política de contrarreformas y ajustes sociales.

Sin embargo, ha sido mucho más lamentable el papel de los dirigentes del PSE-PSOE que se han unido al PP criticando al PNV por convocar la manifestación, en lugar de haber dado ellos ese paso formando un frente de izquierdas a favor del derecho democrático de manifestación y expresión. La socialdemocracia es tan responsable como la derecha de la polarización en líneas nacionales que vive Euskal Herria y Catalunya, al haber abandonado un punto de vista de clase y consecuentemente democrático, y tener su mirada puesta en los intereses del aparato del Estado y del nacionalismo español.

El comunicado de los presos y la actitud del PP

Desde que la izquierda abertzale decidió apostar por las vías políticas y desde que ETA, hace ahora dos años, mostrase su apoyo poniendo fin a sus acciones armadas, se consideraba que la actitud del colectivo de presos iba a ser un factor clave. Que el debate interno no ha sido fácil lo corrobora el hecho de que hayan tardado dos años en pronunciarse a favor de continuar dando pasos unilateralmente, dejando definitivamente atrás las bombas y los atentados a pesar de que no haya sobre la mesa ni amnistía, ni tan siquiera un inminente acercamiento de los presos a las cárceles vascas dada la postura inmovilista del Gobierno de Rajoy.

El PP ha respondido a la decisión de ETA de abandonar las armas con saña, manteniendo en la cárcel a los dirigentes de Sortu que han promovido su abandono, investigando, criminalizando y deteniendo a los activistas de Herrira y a los mediadores del EPPK. Cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo salió al paso derogando la doctrina Parot, el Gobierno del PP respondió impulsado en octubre de 2013 el mayor macrojuicio de los celebrados desde la ilegalización de la izquierda abertzale contra 72 jóvenes y dirigentes de la izquierda abertzale, que hacían actividad política legal, acusándolos de pertenecer a una organización terrorista tras dos años sin acciones violentas.

El PP —que se opone y resiste con todas sus fuerzas a reconocer los crímenes del franquismo que se cuentan por decenas de miles, y que ha dado amparo a torturadores recientemente reclamados por la justicia argentina, como el ex inspector Juan Antonio González Pacheco alias Billy el Niño y otros— es quien está poniendo palos en la rueda a la izquierda abertzale para que fracase en el camino emprendido. Así se entiende que, en respuesta al comunicado de los presos, el Partido Popular haya ordenado una macrorredada contra los mediadores del EPPK y abogados de los presos. Obviamente, estas detenciones del 8 de enero, lejos de facilitar el proceso de disolución de ETA, ha sido un intento de frenarlo y obstaculizarlo desde el PP, que parece añorar el anterior escenario en un momento de lucha social masiva contra sus políticas. Parece como si el ministro del Interior, además de cuidar a su electorado más fanáticamente ultraderechista, quisiese animar a quienes estén a favor de provocar una escisión en ETA y en la izquierda abertzale.

Estas maniobras, sin embargo, se han convertido en su contrario. Como demuestra la manifestación de Bilbao, el apoyo al acercamiento de los presos políticos vascos a las cárceles de Euskal Herria y la exigencia al Estado de que deje de usar a los presos y sus familiares como rehenes, tiene un respaldo masivo.

Los derechos democrático-nacionales y la lucha por el socialismo

La existencia de ETA permitió a un sector del aparato del Estado mover, sin tener que ser justificados, miles de millones de euros de los fondos reservados para la lucha antiterrorista. Privilegios y prebendas que se extendieron al sector de la seguridad privada que se ha beneficiado igualmente de miles de millones de euros. Y a ese mismo aparato del Estado y al ala más conservadora de la burguesía, no les preocuparía la existencia de un “terrorismo” de baja intensidad con el que poder polarizar la situación en líneas nacionales, desviando la atención de los efectos de la crisis y los recortes sociales. La existencia de un “terrorismo” de ese tipo les daría también la coartada para mantener la legislación regresiva con los derechos democráticos, como por ejemplo la Ley de Partidos, que durante más de una década ha ido recortando las libertades de expresión, de manifestación y de organización.

El PP y el reaccionario aparato del Estado que representa, y que nunca ha sido depurado desde la dictadura franquista, necesitan apuntalar la política represiva en una época de crisis aguda del capitalismo como la actual, en la que existe una fuerte resistencia social a su política de recortes. La ley mordaza, o las multas a militantes del SAT-SOC y a decenas de sindicalistas y activistas obreros y juveniles en todo el estado, ilustran la decisión de la derecha para frenar y obstaculizar las luchas de la clase trabajadora y la juventud por unas condiciones de vida dignas.

Para los marxistas, la postura de los presos políticos vascos tiene una gran trascendencia. La decisión que han tomado favorable al proceso de paz representa un gran salto adelante ya que se está poniendo punto y final a la táctica inútil del terrorismo individual, a las bombas y atentados que únicamente servían como excusa al aparato del Estado para fortalecerse y recortar los derechos democráticos conquistados por la clase trabajadora con grandes luchas frente a la dictadura franquista. Ahora, después de la experiencia histórica, es más necesaria que nunca una alternativa socialista y revolucionaria frente a la crisis del capitalismo.

En los dos últimos años la clase trabajadora vasca también ha sufrido las dramáticas consecuencias de la recesión. Las subidas de los precios y la congelación de los salarios, (160.000 trabajadores empiezan 2014 sin convenio), el azote del paro tras el cierre de numerosas industrias, la crisis del Grupo Fagor, y los duros recortes del PP, UPN y del PNV en materia social, en educación y sanidad, como el copago, están creando un ambiente de descontento social enorme. Está en manos de la clase trabajadora de Euskal Herria, unida por encima de fronteras nacionales con sus hermanos de clase de los estados español y francés, vincular la defensa de un programa auténticamente socialista frente a la crisis del capitalismo con la bandera del derecho de autodeterminación para las nacionalidades históricas. La solución satisfactoria a los problemas que la burguesía ha sido históricamente incapaz de resolver, como la cuestión nacional en el Estado español, reside en la lucha por la transformación socialista de la sociedad con una política de independencia de clase. Ese es el reto que hoy tiene planteado la izquierda abertzale.


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