¡El PP responde con más represión!

El pasado sábado 10 de enero, el colectivo de apoyo a los presos Sare convocó la manifestación en Bilbao logrando llenar las calles con más de 80.000 personas según el recuento realizado por Gara. La movilización exigía acabar ya con la dispersión de los presos vascos que supone una condena añadida a sus familias que han de recorrer miles de kilómetros para poder verlos. La manifestación contó con el apoyo de las principales organizaciones de la clase trabajadora vasca: ELA, LAB, CCOO y decenas de colectivos sociales de la izquierda.

Por el contrario, el PNV que se sumó a la manifestación el año pasado después de ser ilegalizada, se ha negado a participar este año. Tanto en Ezker Anitza como en Podemos también ha habido críticas por no haber apoyado una manifestación que exigía un principio humanitario tan básico como es acercar los presos a sus familias.

En apenas 48 horas, el Partido Popular, así como los jueces del Tribunal Supremo, han respondido a la multitudinaria manifestación procediendo a la detención de 12 abogados y 4 personas vinculadas a la tesorería de Herrira en una redada al viejo estilo, con registros en Herriko Tabernas de varios pueblos, la sede del sindicato LAB en Bilbao, de donde se llevaron las sacas con 90.000 euros recogidos en la manifestación del sábado, y los despachos de los abogados. Las detenciones obligaron a suspender uno de los macro-juicios políticos contra dirigentes de la izquierda abertzale, de EHAK, el Partido Comunista de las Tierras Vascas y de ANV, Acción Nacionalista Vasca, en total más de 30 personas que únicamente han hecho actividad política y a los que se acusa de pertenecer a ETA. La misma acusación se ha utilizado para detener a los abogados a los que posteriormente se ha dejado en libertad condicional.

Estas detenciones se producen en paralelo a que el Tribunal Supremo, con una mayoría de 9 magistrados afines al PP frente a seis en contra, se haya pronunciado por primera vez sobre la acumulación de penas a miembros de ETA, negándoles dicho derecho pese a que desde el pasado 3 de diciembre la ley orgánica que desarrolla un acuerdo europeo, por el que los presos pueden descontarse en su país los años de prisión que hubieran pasado en otro Estado de la UE, permitió la puesta en libertad de varios presos. Según Etxerat, la asociación de familiares de los presos vascos, 56 personas que ya han cumplido íntegramente sus penas en virtud del Acuerdo Marco Europeo, volverían a la cárcel.

¿Qué sentido tiene este ensañamiento?

El Partido Popular, desgastado por los escándalos de la corrupción, que ha supuesto que más de 2.000 personas hayan sido encausadas por daños a la hacienda pública por valor de más de 40.000 millones de euros, quiere meter a la izquierda abertzale en su mismo saco. Esta es la intención de la fiscalía, que señala a los abogados detenidos por haber defraudado 1,3 millones de euros a la Hacienda pública. Por otro lado, la acusación a los abogados de ser miembros de ETA, incautarles los noventa mil euros recaudados en la manifestación e impedirles ejercer su labor profesional alegando de que actúan como correos, es privarles del derecho legítimo a la defensa legal.

En Euskal Herria se escucha cada vez más la posibilidad de que en un año electoral como éste, ETA pueda anunciar su disolución definitiva y el PP está poniendo palos en las ruedas porque no puede admitir una nueva medida unilateral, que acabaría beneficiando electoralmente a la izquierda abertzale. El Partido Popular intenta también con estas medidas mantener cohesionado a su sector más duro, cuando hay convocada manifestación contra el gobierno de Rajoy por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo el 24 de enero con el eslogan “No más Traiciones”. Ya se ha anunciado que destacados dirigentes del PP y de la extrema derecha participarán en la misma.

Hace cuatro años que ETA cesó definitivamente su actividad armada.

Es evidente que la derecha en el gobierno no ha hecho nada, sino todo lo contrario, para afianzar el abandono de las armas facilitando la reinserción e incorporación a la vida civil de los miembros de ETA. En el Estado español, el hecho de que el aparato estatal de la dictadura franquista continuase intacto tras la llamada “transición”, se deja sentir en todos los aspectos de la vida política: con la corrupción en la que está implicado el PP; con el recorte de los derechos democráticos, como la reciente aprobación de la llamada Ley Mordaza; con la LOMCE, una ley educativa neo-franquista. Y ante la cuestión nacional catalana y, por supuesto, la cuestión vasca, que desde la época de Franco ha sido y es en uno de los grandes quebraderos de la derecha española, la postura del PP sigue negando la realidad plurinacional del estado español, rechazando frontalmente el derecho de las naciones que se sienten oprimidas a decidir sobre su propio destino.

El Partido Popular aumentando la represión contra los derechos democráticos no hace sino mostrar su propia debilidad. Por su parte el PNV deja claro, en cada ocasión que tiene oportunidad, que es el partido de la burguesía vasca que mira por sus propios intereses de clase. Por eso es tan relevante que la dirección de la izquierda abertzale, durante el último año, ha dado un giro más intenso si cabe que en el pasado, ofreciendo su colaboración a todos los niveles al PNV y lo que ha cosechado es desplantes en la mayoría de las ocasiones o una política de gestos obligados por la presión social en contadas circunstancias. Y esta cuestión explica las últimas encuestas electorales en Euskal Herria, que muestran un ascenso espectacular de Podemos que se disputaría la mayoría con el PNV desplazando a EH-Bildu a un tercer puesto.

Éste será un año de enormes oportunidades para la izquierda que lucha, si combinamos la organización y el vuelco electoral previsible, con la toma masiva de las calles unificando la gran cantidad de movilizaciones dispersas. La lucha por los derechos democráticos y sociales es la misma, y por tanto hay que vincular las consignas democráticas a las consignas sociales y viceversa. En esta batalla la clase obrera debe jugar el papel fundamental de dirección, debe poner su sello. Sólo ella está interesada en defensa del derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, uniendo a todos los oprimidos por encima de fronteras nacionales o de cualquier otra división religiosa o de raza para transformar la sociedad. Ese es el camino para conseguir un mundo sin explotación de clase y sin opresión nacional.


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