La moción de censura presentada por Unidos Podemos, y debatida en el Parlamento los pasados 13 y 14 de junio, ha revelado la profundidad de la crisis del régimen capitalista español. Tanto Rajoy como sus aliados de Ciudadanos han dejado claro que seguirán mintiendo, insultando y despreciando la inteligencia de millones si con ello garantizan los intereses de la oligarquía empresarial y financiera, y los privilegios de la casta podrida que les bate las palmas. El lenguaje falangista, chusco, arrogante y machista del que han hecho gala Rajoy, Rafael Hernando o Albert Rivera es la mejor prueba de la confluencia entre unos personajes y un sistema clientelar que, alumbrado en tiempos de la dictadura, subsiste hoy con total impunidad. La red de latrocinio, corrupción y saqueo del patrimonio público por parte de familias políticas y empresariales que se hicieron de oro con el franquismo, disfruta de buena salud bajo la “democracia” parlamentaria. Por eso no es posible apuntar contra la corrupción sin hacerlo también contra el sistema capitalista español y las instituciones que lo sostienen.

La intención del aparato del PP y su gobierno era ningunear la moción de censura presentándola como una mera maniobra de propaganda de Pablo Iglesias. Correctamente, Unidos Podemos tomó una iniciativa parlamentaria que ha colocado los focos de la opinión pública sobre ella, dotándose de una gran oportunidad para desgastar políticamente al gobierno de la derecha y trazar una estrategia para echarlo en el menor tiempo posible. Sólo por esta razón la moción ha concentrado la atención y la simpatía activa de millones de trabajadores y jóvenes, hastiados de soportar una pesadilla que parece no tener fin.

Corrupción y capitalismo: las dos caras de la misma moneda

Cuando a las 9 de la mañana del martes 13 de junio tomó la palabra Irene Montero para denunciar valientemente a esta banda de ladrones y corruptos, la incomodidad de sus señorías fue patente: “la corrupción tiene sede: Génova 13 (…) devuelvan lo robado, hasta el último céntimo”. Sí, no están acostumbrados a este lenguaje ni a estas verdades. El resto de la intervención de Irene Montero fue igual de eléctrica, leyendo por orden alfabético todos los casos de corrupción que salpican al PP destapados hasta el momento, y que prueban que la calificación de organización criminal que algún tribunal le ha asignado no es una exageración.

Irene Montero levantó una ola de entusiasmo que se reflejó también en numerosos comentarios periodísticos. Todo lo que ha dicho es verdad y por eso ha conectado con la conciencia de millones, aumentando la autoridad y la credibilidad de Podemos. Al fin y al cabo no es habitual oír en el Parlamento este tipo de discursos que rompen con el teatrillo habitual al que nos tienen acostumbrados sus señorías, dónde la discrepancia retórica no es más que un ardid fraudulento que esconde un acuerdo total en defensa del sistema.

El robo del patrimonio público es tan sólo la punta del iceberg de la corrupción sistémica que fluye por las venas del capitalismo. Y aunque esta forma de corrupción ilegal es despreciable, no es la más importante. ¿Acaso la brutal desigualdad que crece exponencialmente en la sociedad española y en todo el mundo no es un hecho igual de lacerante, o incluso peor, que estos casos de corrupción? ¿No existe una corrupción legitimada y refrendada por las llamadas instituciones democráticas, que hace pasar por algo moral que un puñado de grandes multimillonarios acumulen fortunas equivalentes al patrimonio que poseen miles de millones de personas? ¿No son la austeridad y los recortes, con su robo a los pobres para dárselo todo a los ricos, una de las formas más evidentes de corrupción?

El discurso de Pablo Iglesias

Si la denuncia de Irene Montero era importante, la intervención de Pablo Iglesias no lo fue menos. El líder de Podemos trató de establecer las líneas generales de un programa político, social y económico alternativo a la derecha, y de una posible estrategia para desalojar al PP de la Moncloa. Y fue precisamente en estos aspectos decisivos dónde las contradicciones de la política de Unidos Podemos se hicieron más visibles.

Pablo Iglesias volvió a recordar a Rajoy de dónde vienen él y los que le jalean: “Su partido fue fundado por siete jerarcas de la dictadura”, y no escamoteó argumentos ni ejemplos para describir el carácter reaccionario de su política. Respecto a la corrupción propuso once medidas de carácter legislativo e institucional: una nueva ley de contratos para el sector público, medios para la persecución del fraude, cambiar la ley de financiación de los partidos políticos, “independencia” de la policía judicial, legislación contra las puertas giratorias, poner fin al secreto bancario, recuperación del dinero sustraído por la corrupción...

Todo este catálogo de intenciones, por muy atractivo que parezca, ya existe en numerosos países capitalistas desarrollados en una versión u otra, pero jamás ha conseguido atajar la corrupción ni lo conseguirán. Mientras el sistema se base en el poder intocable de las grandes corporaciones y monopolios, y unos gobiernos dóciles que aplican una política en defensa de sus intereses, cualquier legislación estará condicionada. Por ejemplo, la decisión del Tribunal Constitucional de anular el decreto ley de amnistía fiscal de Montoro, deja intacto el blanqueo de miles de millones de euros que han podido legalizar impunemente los defraudadores. Más recientemente, la compra del Banco Popular por el Santander al módico precio de un euro ha supuesto la ruina para miles de pequeños accionistas cuyos ahorros se han volatilizado. ¿No ha sido una compra legal y ajustada a la legislación comunitaria? Sí, lo ha sido, pero eso no significa que no se trate de una estafa igual de sangrante que los rescates de Bankia y el sector financiero a costa de los presupuestos generales.

Incluso las medidas propuestas por Iglesias, en un contexto de crisis capitalista, encontrarían una fuerte resistencia y estarían sometidas al boicot directo de los grandes empresarios y bancos. Y aquí entramos en el aspecto más sustancioso del discurso de Pablo Iglesias y su intento de diferenciar entre las grandes empresas del IBEX 35 y los supuestos “empresarios patrióticos” a los que hay que hacer concesiones y atraer a una política de progreso con medidas que les beneficien.

La argumentación de Iglesias recuerda mucho al viejo programa del estalinismo, que las jóvenes generaciones obviamente no conocen, pero con las que la burocracia de los viejos partidos comunistas justificaban su renuncia a luchar por el socialismo y justificar la política de colaboración de clases: la supuesta existencia de una mediana y pequeña burguesía progresista con la que establecer una alianza estratégica para lograr una “democracia” avanzada y un capitalismo más honesto. En realidad, son las mismas tesis, con distinto ropaje, que ha defendido la socialdemocracia reformista frente al marxismo revolucionario desde hace mucho tiempo.

Tiene interés analizar la propuesta de Iglesias. ¿Hay empresarios patrióticos que miran por los intereses de la mayoría, a los que mueve el bien común por encima de maximizar sus beneficios? Tanto los datos como la experiencia histórica responden negativamente a la pregunta: no, no existe tal animal. Para empezar, esas PYMES que Iglesias alaba esconden la espina vertebral de la base social del PP. Los pequeños y medianos empresarios —no confundir por favor con los trabajadores por cuenta ajena a los que obligan a registrarse como “autónomos”— son, en su inmensa mayoría, el apoyo más estable del PP, de sus políticas y los que miran con completa indiferencia esta epidemia de corrupción. Este sector es el que se beneficia de que un 47% de los trabajadores (8.160.172 personas) tengan salarios por debajo del mileurismo, y que casi 6 millones de ellos (un 34,4% del total de asalariados) puedan encontrarse en riesgo de pobreza al percibir un sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que fue de 9.080,40 euros en 2015 (datos del sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha).

Los capitalistas no podrían mantener la estabilidad de su sistema si no contarán con una base amplia de apoyo en estos sectores de la pequeña y mediana burguesía. La ideología más reaccionaria, desde el veneno del nacionalismo españolista hasta el racismo o la homofonía, tiñen las opiniones políticas de estos sectores. Por supuesto, en tiempo de crisis son golpeados por los grandes capitalistas, que utilizan su poder para poner los recursos del Estado al servicio de sus intereses inmediatos, lo que deriva en ocasiones en amplios rescates financieros y patrimoniales que detraen recursos para estos sectores. Pero nunca se olvidan de ellos: las reformas laborales, los incentivos fiscales a la contratación, la precariedad extendida salvajemente en el mercado de trabajo que permite la explotación inmisericorde de la fuerza de trabajo, no sólo llenan los bolsillos de las grandes empresas del IBEX, también los de estos pequeños y medianos empresarios que están viendo crecer sustanciosamente sus beneficios en los últimos años.

Con éste discurso, Iglesias pretende atraer a unas capas que le son y le serán hostiles reflejando la presión que la opinión pública burguesa ejerce sobre él. Pero moderar sus objetivos, sus reivindicaciones, y “centrar” su programa, como ya hemos visto en el pasado, sólo dará confianza y fuerza a sus adversarios, tanto dentro como fuera de Podemos.

¿Reformar el sistema o transformar la sociedad?

El discurso de Pablo Iglesias tuvo otros momentos importantes en los que hizo referencia a la cuestión nacional catalana y el derecho a decidir, los ayuntamientos del “cambio”, y la posibilidad de pactar con el PSOE una nueva moción de censura.

Podemos y sus aliados han ganado en dos ocasiones las elecciones generales en Catalunya con reivindicaciones en beneficio de la mayoría social, contra las políticas de recortes y austeridad aplicadas por los gobiernos de Convergencia, Junts pel Sí y PdeCAT, y defendiendo el derecho a decidir. Sus éxitos demuestran el potencial que existe en Catalunya, y en el resto del Estado, para levantar una auténtica alternativa rupturista con el sistema capitalista, que defienda un programa socialista y luche consecuentemente por la autodeterminación de Catalunya, Euskal Herria y Galiza.

Sin embargo, la postura de Unidos Podemos en la actual coyuntura catalana muestra carencias importantes que son aprovechadas por nuestros enemigos de clase. No se puede defender el derecho de autodeterminación afirmando que para ello es necesario llegar a un acuerdo con el Estado central que niega precisamente el ejercicio de ese derecho al pueblo de Catalunya. Es como si cuando defendemos el derecho al divorcio propusiéramos que para hacerlo efectivo deberían estar de acuerdo los dos cónyuges, y si no, habría que renunciar a él. El derecho de autodeterminación para el pueblo de Catalunya hay que imponerlo a través de la lucha masiva no sólo en Catalunya, también en el resto del Estado español. Y hay que promover esa rebelión ligando el derecho a decidir a un programa socialista, que llame a derribar los gobiernos reaccionarios y capitalistas de Rajoy y Puigdemont. Manteniendo una postura de independencia de clase, abogando por una Catalunya socialista, Unidos Podemos no sólo podría diferenciarse de la derecha españolista y catalanista, y también de la socialdemocracia, sino que ganaría el apoyo activo de millones de trabajadores y jóvenes catalanes.

En cuanto a los ayuntamientos del “cambio”, lamentablemente el cuadro que dibujó Iglesias está muy lejos de la realidad que se vive en las grandes ciudades donde gobiernan. En comparación con los anteriores regidores del PP es inevitable que la cosa haya mejorado algo. Pero la parte fundamental de las reivindicaciones electorales que motivaron un apoyo masivo en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, y un largo etcétera, se han abandonado o se han convertido justamente en lo contrario. El gobierno de Manuela Carmena es emblemático al respecto: completa negativa a la remunicipalización de los servicios públicos privatizados y a la subrogación de las plantillas, entregando estos servicios a los monopolios privados como hacía el PP; nula inversión en adecentar los barrios obreros y mejorar la calidad de la recogida de basuras, aumentar las instalaciones deportivas y culturales en cantidad, calidad y gratuidad; mantenimiento de un transporte urbano muy caro e insuficiente; una estrategia cultural basada en los mismos parámetros mercantiles, marginando la cultura popular y de base; ninguna medida para recuperar las becas de comedor y de libros para todos los tramos educativos, o de financiación pública para garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles; renuncia a establecer una oferta de vivienda pública municipal suficiente y con alquileres sociales, permitiendo la continuidad de los desahucios y la especulación urbanística… Y así se podrá seguir en la inmensa mayoría de asuntos que afectan a los trabajadores y las capas

Que los gobiernos de Manuela Carmena y Ada Colau hayan rebajado sensiblemente las deudas de sus arcas municipales no es ningún logro, porque esto es a costa de renunciar a aplicar una política realmente de izquierdas en los ayuntamientos. Por otro lado, manifestaciones como las de Manuela Carmena a favor de fascistas y golpistas como Leopoldo López, que hacen el caldo gordo a la derecha venezolana e internacional, o el enfrentamiento de Ada Colau con los trabajadores del Metro de Barcelona, o del ayuntamiento de Zaragoza contra los trabajadores del transporte urbano, indican que no es esto por lo que votamos las candidaturas del cambio.

Y como continuidad de lo anterior, otra gran cuestión. Pablo Iglesias ha tendido la mano al PSOE de Pedro Sánchez, que no hay que olvidar ha jugado un papel lamentable en esta moción de censura. Con su abstención ha vuelto a dar oxígeno al gobierno del PP, sin aportar ninguna justificación salvo la de que Pablo Iglesias no contó con ellos, lo que tampoco es cierto. Basta recordar la carta insultante que envió la gestora del PSOE a la dirección de Podemos rechazando reunirse para debatir sobre la moción, y posicionándose públicamente por el voto no, cosa que ahora ha cambiado.

La propuesta de negociar con el PSOE una posible segunda moción es algo que una gran parte de la clase trabajadora y la juventud que quiere echar al PP alienta y ve con buenos ojos. No hay duda de que podría ser un paso adelante. Y decimos podría ser, si esa moción de censura se sustentase en un programa claro y nítido para acabar con los recortes y la austeridad, semejante al que Jeremy Corbyn ha presentado en el Manifiesto con el que concurrió a las elecciones británicas: gratuidad de las tasas universitarias, construcción de un millón de viviendas sociales, plan de choque para defender la sanidad pública, renacionalización de empresas estratégicas como ferrocarriles y correos…

Iglesias ha señalado que su mayor triunfo con la moción ha sido tender puentes con el PSOE. Nosotros, por el contrario, creemos que es necesaria más prudencia y un cambio completo de enfoque. Que la victoria de Pedro Sánchez ha sido un duro golpe para el sector fusionado con el gran capital y que durante décadas ha dominado el aparato del PSOE, está fuera de dudas. Sólo los sectarios incorregibles lo negarían. Pero dicho esto está todavía por ver el recorrido de Pedro Sánchez y si realmente quiere romper con la política de subordinación a la burguesía. La decisión de abstenerse en la moción no tiene justificación. Es más, el nuevo portavoz socialista en el Parlamento, José Luis Ábalos señaló a Iglesias su plan para “desalojar” al PP: “Sabemos que Ciudadanos no está a la izquierda, pero hay momentos en la política que hay que sumar, abrir escenarios, sobre todo cuando se trata de regenerar, tenemos que entendernos” y, narrando su propia experiencia personal, afirmó: “Yo defendí los pactos de La Moncloa en las calles como militante del Partido Comunista y abrimos la mejor página de la Historia de España”.

Más claro agua. Valorar la sumisión de la izquierda a los planes de la burguesía para aplastar al movimiento obrero en los años setenta, dejar impunes los crímenes del franquismo, mantener el aparato de Estado de la dictadura sin depurar, y estabilizar el régimen capitalista, es considerado un hito por la “nueva” dirección del PSOE. Suena igual de mal que la decisión de Sánchez de integrar en su Ejecutiva a Patxi López, que se comportará como un caballo de Troya de los sectores más derechistas al que él mismo pertenece, o nombrar a Fernández Vara, adalid del nacionalismo españolista más rancio, como Presidente de la Comisión de Política Territorial del partido.

La necesidad del cambio de enfoque está clara. Iglesias y la dirección de Podemos están moderando nuevamente sus propuestas políticas, supeditándolas al juego parlamentario e institucional, pensando que es en este terreno dónde se puede batir al PP. Y es precisamente lo contrario. La actividad y las iniciativas que se puedan tomar en el parlamento, y hay que recurrir a ellas, deben estar subordinadas a una estrategia audaz y coherente en la lucha de clases. No será con la aritmética parlamentaria con la que echaremos a Rajoy. Esto sólo será posible mediante la movilización más contundente de la clase obrera y la juventud, recuperando el espíritu combativo del 15M, volviendo a ocupar las calles y las plazas de todos los territorios, combatiendo la política de pacto social de los aparatos de CCOO y UGT—no manteniendo relaciones diplomáticas con ellos—, y preparando una gran huelga general como la que ha protagonizado el pueblo brasileño contra el gobierno Temer el pasado 28 de abril, y volverá a hacerlo el próximo 30 de junio.

Unidos Podemos ha salido reforzado públicamente de esta moción de censura, pero hay que aprovechar este hecho no para replegar velas y sumirse en el pantano del cretinismo parlamentario, sino para pasar a la ofensiva con la movilización de masas. Sólo hay un camino para tumbar al PP: confianza en la capacidad de lucha de nuestra clase, y levantar la bandera de la ruptura con el capitalismo defendiendo un programa socialista.

 

 


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