Los pensionistas se han puesto en pie de guerra. El 22 de febrero centenares de miles volvieron a salir a las calles de todo el Estado en defensa de unas pensiones dignas. Al igual que ocurrió con el 15-M o las mareas ciudadanas, se trata de un movimiento que surge desde abajo rompiendo con la paz social impuesta artificialmente por unos dirigentes sindicales más preocupados por mantener la estabilidad económica y política del sistema capitalista, y dar balones de oxígeno a Rajoy, que por la defensa de los más oprimidos.

La indignación de los pensionistas está más que justificada. El detonante de la movilización ha sido la aprobación por parte del gobierno del PP, por quinto año consecutivo, de una escandalosa y ridícula “subida” del 0,25% de las pensiones, ahondando en la pérdida de poder adquisitivo de uno de los sectores más empobrecidos de la población. Los escasos dos euros que supone esta subida contrastan claramente con la subida del 12% del precio de la luz o del 10% del gas.

Aun así la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, tiene el desparpajo de afirmar que los pensionistas tienen ahora más poder adquisitivo que antes de la crisis. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha tenido la desfachatez de decir que los jubilados están mejor de lo que parece ya que tienen “casas en propiedad”, y que esto se debería tener en cuenta en el cálculo de las pensiones. Pero la realidad es tozuda: de los 9 millones de pensionistas, más del 50% cobran menos del SMI, el 38% vive bajo el umbral de la pobreza y hay un 34% de familias cuyo único ingreso son las pensiones. Además, el propio FMI estima que los nuevos jubilados perderán un 30% de su capacidad adquisitiva.

Indudablemente, detrás de la fuerza de esta movilización está la percepción de que el gobierno del PP ha dilapidado la “hucha de las pensiones” —el Fondo de Reserva cuenta con algo más de 8.000 millones de los 66.815 que llegó a tener en 2011— para hacer frente al rescate de la banca o de las autopistas. Y también que este gobierno de corruptos al servicio del sector financiero tiene en su agenda como objetivo central la destrucción del sistema público de pensiones.

Las provocadoras declaraciones de Celia Villalobos, presidenta de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, recomendando a los jóvenes que “ahorren dos euros al mes” y advirtiendo a los mayores de 45 años de que tengan cuidado y “se preocupen por el ahorro” tienen un sentido muy claro: las pensiones públicas no están garantizadas. En esta línea, el 9 de febrero, el Gobierno aprobó nuevas medidas para incentivar los planes de pensiones privados. Efectivamente, después de la privatización de la educación, de la sanidad o de la dependencia, ahora le llega el turno a las pensiones públicas.

La Coordinadora de Pensionistas ha vuelto a convocar una movilización estatal el sábado 17 de marzo llamando a la participación al conjunto de los trabajadores y jóvenes, que también sufren los recortes, el paro y la precariedad. Además, la lucha por unas pensiones dignas es, sobre todo, como dice la Coordinadora, una lucha por las futuras generaciones. ¡Este es el camino! Hay que ampliar la protesta en las calles sumando a cada vez más sectores, ampliando la plataforma reivindicativa con la exigencia de no más precariedad, por un empleo digno, acceso a la vivienda, sanidad y educación públicas de calidad, el fin de la represión de los derechos democráticos, y preparar las condiciones para organizar una gran huelga general.


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