En 2013, en una de las zonas más despobladas de Europa, la Sierra Norte en la provincia de Guadalajara, un grupo de jóvenes empezaron la reconstrucción y rehabilitación del pueblo abandonado de Fraguas, expropiado por el ICONA (Instituto de la Conservación de la Naturaleza) en 1968 para convertir la zona en un monte de utilidad pública. Las excavadoras demolieron el pueblo, dejando algunas paredes de la Iglesia y del cementerio, plantaron un pinar, lo convirtieron en coto de caza y también fue utilizado en algún momento para maniobras militares. Los menos de 100 vecinos que todavía quedaban por entonces fueron indemnizados miserablemente, como era costumbre en la época, por la dictadura franquista.

El Gobierno Regional de Castilla La Mancha en aquel momento presidido por María Dolores de Cospedal, denunció a 6 jóvenes por delitos contra la Ordenación del Territorio, Usurpación de Monte Público y daños, alegando que desde 2011 el monte gozaba de la máxima protección al  estar dentro del nuevo Parque Natural de la Sierra Norte.  La acusación pidió 4 años y cuatro meses para cada uno de ellos y una multa de 26000 euros.

En 2015 el PSOE volvió a hacerse con las riendas del Gobierno de Castilla La Mancha y en agosto de 2017 Podemos entró a formar parte de él.

El nuevo Gobierno de coalición, lejos de acabar con este nuevo despropósito judicial, siguió adelante con la denuncia interpuesta por el PP.

La movilización, impulsada desde numerosos colectivos, como los Repobladores de la Sierra Norte de Guadalajara, Ecologistas en Acción o Ahora Guadalajara, el apoyo y la solidaridad hacia los repobladores de Fraguas de una parte importante de la población, de antiguos habitantes de Fraguas, así como de Ayuntamientos cercanos, consiguieron que el Gobierno regional retirara la denuncia por daños, a lo que se sumó también la fiscalía, aunque, fiscalía y Gobierno mantuvieron los otros cargos.

El PSOE, con el cinismo que le caracteriza, insistía en que "a nadie le gusta que haya una solución judicial" a la vez que declaraban que abrían la puerta a "dialogar" para que la forma de resolver el tema "sea lo más satisfactoria para todo el mundo, respetando el medio ambiente, la ley y el entorno". A pesar de estas bonitas palabras, siguió adelante con la denuncia.

El secretario general de Podemos de Castilla La Mancha y vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, no ha tenido un comportamiento muy distinto al de sus compañeros “socialistas” de Gobierno. García Molina declaró en su momento que él estaba mediando de manera "discreta", aunque en la práctica se ha dejado el camino abierto a la acción judicial insistiendo en que "la idea (de los repobladores) era buena pero, quizás, es una buena idea que ha ido a parar a un mal lugar" y que el problema es que se trataba de un espacio protegido.

Por su parte el otro diputado de la formación morada David Llorente, se desmarcó en su momento del Gobierno autonómico para no ser "cómplice silencioso" de su represión contra los repobladores de Fraguas.

La división en este punto es evidente entre los dos parlamentarios de Podemos, pero también queda claro que la dinámica dominante en Podemos es, también en Castilla La Mancha, la de supeditarlo todo a la participación en las instituciones, abandonando la lucha.

Finalmente el  pasado mes de mayo se celebró el juicio y los jóvenes fueron condenados a un año y 6 meses de prisión, a más de 16000 euros de multa y a pagar los costes de demolición del pueblo reconstruido, lo que ascendería a un total de unos 50.000 euros, que de no ser pagados podría dar lugar a ingreso en prisión.

Condenados por repoblar en “un desierto demográfico”

La falta de trabajo y oportunidades hace que las zonas rurales se despueblen año tras año, esta tendencia no se invierte, y todos los planes y promesas se quedan en papel mojado y nunca se hacen realidad.

En la provincia de Guadalajara mientras que en el Corredor del Henares, que es la zona más cercana a Madrid, es la mejor comunicada, con más servicios y más población ya que aglutina la A2, las líneas de tren, la industria y donde se concentra la práctica totalidad de la población de la provincia de Guadalajara, 200.000 habitantes entre la capital y los pueblos más grandes, en el resto de la provincia lo ocupan menos de 50.000, con una densidad de menos de 5 habitantes por Km2, que incluso es menor en la zona del Señorío de Molina al este de la provincia, donde es menos de 3 habitantes por Km2; con esta cifra esta zona entra en la categoría de desierto demográfico.

Con esta realidad los argumentos del Gobierno Regional para denunciar a los repobladores de Fraguas son insostenibles desde todos los puntos de vista. El del riesgo de incendio, que alega el Gobierno regional, se minimizaría volviendo a tener una plantilla de agentes forestales ajustada a las necesidades, algo que no ha hecho este Gobierno, tras los recortes del Gobierno Cospedal. Por otro lado, el problema de la gestión de los residuos no deja de ser una burla cuando desde la administración se está autorizando la instalación de macro granjas porcinas que generan unos residuos muy difíciles de gestionar. En cuanto a la reordenación del territorio si bien, sobre el papel, protege los parques naturales de un urbanismo desaforado, convierte a éstos en islas en medio de la desregulación total, convirtiendo en cierto modo a estos parques naturales en “parques temáticos” de la naturaleza, donde no es posible vivir salvo de las  actividades turísticas y no de los métodos agrícolas y ganaderos tradicionales, más respetuosos con el medio, pero evidentemente menos rentables desde el punto de vista capitalista y por tanto desechados.

Recuperar la organización de la lucha social

Esta situación no se va a resolver con buenas palabras ni con mociones parlamentarias; solo la lucha puede cambiar la situación. Solo la movilización puede romper el bloqueo parlamentario a las propuestas como la de Fraguas y obligar a la Junta a llegar a un acuerdo con los repobladores, a que se retiren las multas y que por fin en Fraguas vuelva la vida con los métodos agrícolas y ganaderos sostenibles y respetuosos.


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