Del día 13 al 16 de marzo se va a celebrar el 38º Congreso confederal de UGT. Esto supone una extraordinaria oportunidad para someter a debate la situación de los trabajadores y de reforzar el sindicato para hacer frente a un futuro donde las luchas(UGT)

Del día 13 al 16 de marzo se va a celebrar el 38º Congreso confederal de UGT. Esto supone una extraordinaria oportunidad para someter a debate la situación de los trabajadores y de reforzar el sindicato para hacer frente a un futuro donde las luchas sindicales van a estar al orden del día dada la política agresiva para con los trabajadores de la patronal y su gobierno.

Los últimos años, prácticamente desde el 94, se ha producido una orgía de beneficios empresariales que ha tenido como contrapunto, con carácter general, la pérdida, o en el mejor de los casos el mantenimiento, del poder adquisitivo de los salarios. Sólo la cuestión salarial tendría que ser analizada profundamente para sacar conclusiones de la política reivindicativa del sindicato, que en años de bonanza y crecimiento económico ha sido incapaz de arrancar a la patronal privada y pública parte de sus ganancias para los trabajadores.

Si a ello añadimos la situación de desempleo y precariedad que soportamos los trabajadores veremos que, a pesar de las ingentes cantidades de dinero público transvasados a los bolsillos de la patronal para incrementar la contratación indefinida la precariedad sigue siendo de uno de cada tres asalariados. El objetivo por parte de la patronal y su gobierno de incrementar la explotación de la mano de obra y de competir en la Unión Europea en base a mano de obra barata ha llevado a la creación de una subclase de trabajadores de segunda división en las empresas que realizan el mismo trabajo por menos salario y menos derechos. Los primeros pasos para sacudirse esta semi-esclavitud de sus espaldas ya lo están dando trabajadores de subcontratas de Petronor, que han convocado huelga exigiendo los mismos derechos que los trabajadores de Petronor a los que sustituyen. Otros les seguirán por este camino, el único que les dejan para dignificar salarios, condiciones de trabajo y beneficios sociales: la lucha.

Para completar la foto de la situación actual de los trabajadores hay que considerar la evolución del gasto social. Mientras los beneficios empresariales crecían obscenamente, el gasto social —que fundamentalmente va a las capas obreras— ha decrecido desde el 24% del PIB en 1994 al 20% en el año 2000. Esto supone un gravísimo desequilibrio a favor de las clases poseedoras y miseria, hambre y desesperación para parados, ancianos, enfermos, viudas etc...

El Gobierno y la Patronal quieren más

El gobierno del PP, que representa a la derecha más reaccionaria de este país, ha tenido como única estrategia el ataque a la clase obrera, alentado por los vientos conservadores que soplan en Europa y en el mundo, y por la ausencia de oposición real y efectiva, procediendo a la demolición del estado de bienestar, fruto de luchas de generaciones de trabajadores, y además tiene en cartera una serie de medidas, que de llevarse a cabo, supondrían más sufrimiento, más degradación de la situación de los trabajadores.

Entre los ataques más recientes se encuentra el el decretazo de marzo de 2001 por el que se impuso una reforma de la contratación favorable a los empresarios y se desreguló el contrato a tiempo parcial.

También la reforma de la ley de presupuestos del 27 de diciembre de 2001, que da más poder a las mutuas patronales obligando a los trabajadores a ir a reconocimientos médicos so pena de no percibir las prestaciones de la Seguridad Social. Asimiso la ley implica la reducción de la prestación por desempleo de los trabajadores cuyo contrato caduque en situación de baja por enfermedad o accidente, recortándose su derecho a cobrar dicha prestación mientras esté en esta situación. A partir de ahora la baja se solapa con la prestación de desempleo, que se reduce en la misma cuantía que el tiempo que permanezca enfermo.

Otro aspecto negativo derivado de la mencionada ley es que los trabajadores pagarán las consecuencias del incumplimiento de los empresarios, como la falta de cotización a la seguridad social. Hasta ahora el anticipo de las prestaciones a los trabajadores era del 100% de la prestación correspondiente, a partir de ahora las prestaciones serán como máximo 2,5 veces del SMI.

Entre los ataques que aún están en la agenda del gobierno está el que afecta a las pensiones cuyos primeros pasos se han dado en la referida ley de presupuestos, y que consiste básicamente en facilitar y primar la jubilación más allá de los 65 años. Pero la auténtica carga de fondo vendrá en el 2003 cuando se pretende alargar los años de cotización a toda la vida laboral, lo que supondría una reducción, como mínimo, según los cálculos sindicales, de alrededor de una cuarta parte de los derechos de pensión de jubilación actuales.

En la agenda del PP también está ley concursal —cuya debate está pasando sin pena ni gloria— que empeora gravemente los derechos que actualmente tenemos los trabajadores en caso de quiebra de la empresa. En vez de ser acreedores preferentes pasaríamos a ser un acreedor más en la lista de la empresa quebrada, con lo que esto significaría para trabajadores que han estado años en la empresa y que no tienen más que su empleo.

La reforma de la Negociación colectiva, auténtica espina dorsal del movimiento sindical, aunque temporalmente ha sido aparcada, las declaraciones del gobierno no dejan lugar a dudas sobre su intención de atacar a fondo derechos conquistados. Su único objetivo es buscar un campo de enfrentamiento en la negociación colectiva mucho más favorable a la patronal, con el fin de abaratar salarios y empeorar las condiciones de trabajo.

En perspectiva está la siempre anunciada reforma de los derechos de desempleo que pretende empeorar una situación ya escandalosa en la que uno de cada dos paradas no percibe ninguna prestación. Los efectos de la crisis que se avecina hará aún más grave esa deficiencia.

De la huelga general

al pacto social

Ante la agresión a la Negociación colectiva y las reformas del PP (pensiones) UGT amenazó con la huelga general. Se dio el primer paso en Galicia el 15 de junio, en unidad de acción con la CIG, y consiguiendo la participación de las bases de CCOO que desoyeron los llamamientos de sus dirigentes a oponerse a la huelga, lo que permitió un éxito de participación, con masivas manifestaciones.

Esta es la política sindical que necesitamos y que reclamamos miles de ugetistas. Quedó patente cuando tuvimos ocasión de manifestarlo, como en la concentración de delegados de la Plaza Mayor en Madrid, ante la esperada convocatoria de la huelga general.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo que esta actitud provocó en las bases del sindicato, la dirección se negó a dar definitivamente el paso, con argumentos tan poco sólidos como que CCOO "nos dejaría solos", y esto después de ver lo sucedido en Galicia, a lo que ahora ya se puede añadir los duros enfrentamientos que se están produciendo en la dirección de CCOO y que tiene como trasfondo, precisamente, una situación cada vez más insostenible, en la que el gobierno va de ataque en ataque y el sindicato se reafirma en la línea de paz social sin ninguna base que lo justifique.

En este contexto, si se hubiese convocado la huelga general, seguramente no hubiéramos estado tan solos. Serían millones de trabajadores los que hubieran seguido la convocatoria, y es como mínimo dudoso que el sector de la dirección de CCOO opuesto a la huelga pudiese evitar una siguiente convocatoria de la base del sindicato.

La realidad fue que el miedo ante la dinámica de enfrentamiento social que implicaría la convocatoria de una huelga general y las dudas sobre la capacidad de lucha y firmeza de los trabajadores, llevó a la dirección de nuestro sindicato a buscar una alternativa aparentemente menos "arriesgada", volviendo al pacto y la negociación, enfriando el ambiente y las expectativas generadas en torno a la huelga general. Pero las medidas que hicieron al gobierno "retroceder" en sus pretensiones de imponer la reforma de la negociación colectiva estaba el compromiso entre la patronal y los sindicatos, ante la situación de crisis que se avecina, de llegar a un acuerdo de moderación salarial, que se ha plasmado en el ANC.

Este cambio insólito, de pasar de una campaña por la huelga general a la firma de un pacto social, ha desorientado a los activistas y delegados de UGT —que no comprenden la actitud de la dirección del sindicato— y está facilitando la dureza de la patronal en la negociación de los convenios.

Necesitamos otra

política sindical

Ante la perspectiva de más ataques a la clase obrera, que se verá multiplicado con la expectativa de la patronal y el gobierno de reducción de beneficios de las empresas, no cabe la política del pacto social, que en la práctica ha demostrado ser una permanente marcha atrás para los trabajadores.

En este sentido hoy más que nunca se debe mantener en el sindicato la orientación socialista y de clase pero no solo como una frase sino para aplicarla en la realidad.

La militancia de UGT debe reflexionar seriamente en el congreso y después del congreso, sobre la necesidad de definir una política sindical clara que responda a las necesidades básicas de los trabajadores, ante estos ataques del gobierno de la derecha, que ponen en cuestión el derecho a una vida digna de la inmensa mayoría de la población que son los trabajadores y sus familias.

En ese sentido, los marxistas de UGT pensamos que nuestro sindicato debe defender claramente los siguientes puntos:

- Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial sin incrementos de ritmos.

- Jubilación a los 60 años con el 100% y contratos de relevo.

- No a los trabajadores de 2ª división en las empresas. No a las ETTs ni subcontratas.

- Por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. Cláusula de revisión y escala precios salarios.

- Salario mínimo interprofesional de 120.000 pts(721,2 euros)

- A igual trabajo, igual salario, contra la discriminación salarial de jóvenes, mujeres e inmigrantes.

- No a los recortes del subsidio de desempleo. Extensión del subsidio a todos los parados.

- Nacionalización de empresas en crisis bajo control de los trabajadores con mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

Esta política animaría a los activistas, atraería a los trabajadores a la organización, nos reforzaría para afrontar una situación dificil, que necesita unos sindicatos fuertes y con el apoyo de la clase obrera para hacer frente al gobierno y la patronal.


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