En septiembre de 2001 se formó la ‘Mesa Contra la Piratería’, según la cual para proteger la creatividad de los autores así como para luchar contra la explotación de los inmigrantes ilegales en el conocido top manta, es necesario comprar los CDs orig En septiembre de 2001 se formó la ‘Mesa Contra la Piratería’, según la cual para proteger la creatividad de los autores así como para luchar contra la explotación de los inmigrantes ilegales en el conocido top manta, es necesario comprar los CDs originales en las tiendas, por supuesto previo pago de 18 euros.

Para posicionarse ante esta cruzada tan brutal contra la "piratería" es bueno empezar por conocer quién la apadrina: la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores. Dicha sociedad cuenta con aproximadamente 62.000 socios, pero sólo 15.000 tienen derecho a voto. Si tú eres un músico bueno, pero humilde, que no cuenta con el "apoyo" de una gran discográfica, o un joven compositor que está empezando, a pesar de tu creatividad y talento musical, estos amiguetes que dirigen la SGAE te dejarán sin voto por no ingresar más de 18.000 euros anuales por derechos de autor. Pero ahí no queda la cosa. Si por el contrario eres una gran figura ya consagrada, mimada por las grandes empresas del sector, con un gran apoyo publicitario en los medios de masas y los bolsillos bien llenos de dinero, no sólo tendrás derecho a voto, sino que cuanto más dinero ingreses más votos tendrás. Es difícil encontrar una asociación con un funcionamiento más reaccionario y antidemocrático.

Los jefes de la SGAE intentan presentar a la opinión pública el altruismo de su denuncia recurriendo a los argumentos de su respeto a la legalidad y la lucha contra la explotación de los inmigrantes sin papeles. Pero la "legalidad o ilegalidad" de los inmigrantes tampoco es una garantía para evitar la explotación. ¿Acaso Telefónica no contrata legalmente a trabajadores para el servicio de información 1003 en Marruecos porque sólo les tiene que pagar 240 euros al mes? Difícilmente se puede ser más legal que un viticultor que en Cádiz, con el convenio en la mano, podía contratar el año pasado a un menor de 18 años por 1,45 euros/hora en la recogida de la uva. En resumen, se puede tener trabajando a seres humanos en condiciones de semiesclavitud siendo a la vez un honorable y lícito hombre de negocios.

Además, ¿por qué los medios de comunicación burgueses difunden tan generosa y concienzudamente esta denuncia específica de la explotación de los inmigrantes ilegales que venden CDs piratas y sin embargo no ponen el mismo empeño, perseverancia e intensidad en la denuncia de la explotación de esta misma mano de obra en el campo, si cabe mucho más numerosa, sangrante y con unos niveles de racismo que han llegado incluso a la persecución física? Sólo en El Ejido, una población de 50.000 personas hay 10.000 inmigrantes ilegales que viven en condiciones insalubres.

¿Y qué decir de la posible destrucción de puestos de trabajo de los que dependen miles de familias que podrían quedar en el paro? Pues que no deja de ser curiosa esta solidaridad con estas familias trabajadoras y sin embargo la despreocupación e ignorancia absoluta por trabajadores y familias que sufren ya la tragedia del paro o la precariedad del empleo.

La hipocresía de las grandes multinacionales de la música

A los patronos de la industria musical y sus acaudaladas estrellas, que son quienes deciden en organismos como SGAE o AFYVE (Asociación Fonográfica y Videográfica Española), no les importan en los más mínimo los intereses de la clase obrera. Mientras denuncian que las supuestas pérdidas por la piratería en todo el Estado español en 2001 se cifran en 108 millones de euros, se olvidan de que sólo el contrato de la Virgin con Mariah Carey por la grabación de cinco discos fue de 50 millones de dólares y que la indemnización que a su vez se le pagó por romper el contrato ha sido de otros 28 millones de dólares.

Si todo esto se puede decir con respecto a lo que argumentan, la evidencia será mayor si nos fijamos en lo que no nos cuentan. Por ejemplo no denuncian que los CDs pagan un IVA del 16%, el correspondiente a productos de lujo, en vez del 4% que por ejemplo pagamos por la compra de un libro al recibir la consideración de cultura. Estos "defensores" del autor y sus derechos, como forma de proteger la creatividad deberían explicar también que los artistas se llevan entre un 8 y un 14% o incluso menos del coste total del CD, mientras que las discográficas y distribuidoras se llevan la parte del león. ¿Quién nos responde a dónde va a parar la parte restante de los casi 18 euros que podemos llegar a pagar por un CD "legal", si el coste de un CD es de 30 céntimos y la impresión y grabación posterior con los avances tecnológicos existentes es un proceso muy barato?

No es de extrañar que alineados en torno a esta campaña contra la piratería encontremos a músicos en absoluto comprometidos con la realidad social, cuya producción artística no se preocupa por la explotación, las condiciones de vida en los barrios, la falta de futuro para la juventud o la lucha contra el capitalismo. La lucha por una música auténticamente popular, para que los jóvenes con talento tengan un espacio, pasa por caminos muy distintos. En primer lugar por recortar drásticamente los salarios multimillonarios de los jefazos de las discográficas y distribuidoras, así como de los contratos multimillonarios de las grandes estrellas. De esta manera se contribuiría a abaratar el coste de los CDs y poner realmente la música al alcance de todos. Fomentar el descubrimiento de nuevos talentos, así como la creatividad, pasa por poner las condiciones materiales necesarias, es decir, plazas suficientes en los conservatorios, préstamo de instrumentos, salas de ensayo, actuación y estudios de grabación municipales y gratuitos. Disponer de dichos medios materiales no sólo pondrá al alcance de más jóvenes la posibilidad de crear música sino que permitirá una libertad creativa real.

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