¿Cómo es posible que ante la expansión de la enfermedad la única respuesta de las Administraciones (Gobiernos central y autonómicos) haya sido intentar detectar —por cierto, con bastante parsimonia— los focos?

La mayoría de los focos son las torres de refrigeración, y no existe ningún tipo de control para evitar la propagación de la legionella. ¡Incluso muchos de los focos detectados son hospitales!

La única legislación estatal al respecto es un decreto de julio de 2001. Este decreto, que fue aprobado precipitadamente por la cantidad de casos de ese verano, es, según expertos e instaladores de sistemas de refrigeración, insuficiente. Carlos Álvarez Dardet, catedrático de Salud Pública de la Universitat d’Alacant, opina que exigir sólo dos revisiones anuales de las torres de refrigeración no garantiza la ausencia de legionella. Por otra parte, el decreto establece la obligación de realizar análisis microbiológicos, físico-químicos y de control del biocida usado, pero no determina los umbrales de tolerancia (El País, 14-VIII). Existen también decretos a nivel autonómico, pero, como se está demostrando, son absolutamente insuficientes.

Pero lo más grave es ¿para qué sirve un decreto si luego no hay forma de ver si se aplica? Depende de la voluntad del empresario que tome todas las medidas o no para evitar el surgimiento de focos. Un ejemplo claro es que, a raíz del brote de Segorbe, se buscó el foco, y se analizaron 10 torres de refrigeración, de las cuales ¡sólo cuatro estaban registradas legalmente, y de éstas sólo una cumplía la legislación! Como dice el gerente de la Asociación Española de Climatización, "el estado de las instalaciones es muy deficiente, porque los empresarios no quieren pagar mantenimiento". Obviamente, si los capitalistas quieren ahorrarse en seguridad laboral hasta extremos homicidas, ¿cómo van a preocuparse por el sistema de refrigeración?

¡Basta de afectados y muertes!

¡Basta ya de afectados y muertes, con la salud de los trabajadores no se juega! Debe haber un sistema de inspección de las torres de refrigeración, y deben aumentarse las penas contra los empresarios que atenten contra la salud, estableciendo penas de prisión y no sólo económicas. Y, en primer lugar, hay que garantizar la seguridad de los sistemas de refrigeración de las instituciones y empresas públicas.

Los afectados deben organizarse, como han hecho en Mataró, exigiendo responsabilidad y medidas efectivas a la Administración. Las organizaciones de izquierda, especialmente sindicatos de clase y asociaciones de vecinos, deben implicarse en este tema, y presionar en la calle.

El PSOE del País Valencià ha propuesto subvencionar a los empresarios para que abandonen los sistemas de refrigeración más susceptibles de propagar la legionella. Esto no es la solución. ¡Ya está bien de subvencionar a los empresarios! No hay que fomentar la seguridad laboral y la salud pública, ¡hay que exigirla y garantizarla! ¡Que inviertan una parte de sus pingües beneficios de los últimos años!