Si se analiza la actitud del PP ante los temas laborales, se ve una clara evolución: tras una primera fase de negociación (la reforma laboral del 97, por ejemplo, dejando al margen su contenido), el año pasado las negociaciones ya fueron más formales que reales, puesto que se realizaron bajo amenaza de legislar si no había acuerdo (y de hecho hubo un decreto-ley en marzo); este año ya no hubo ni apariencia de negociación. ¿A qué se debe este cambio de actitud del PP? ¿Qué podemos esperar a partir de ahora?

Las razones del PP

Muchos dirigentes sindicales están perplejos. No les cabe en la cabeza que el PP se comporte así, después de la "responsabilidad" que ellos demostraron y de lo mucho que se benefició el PP "incluso electoralmente" de la paz social de todos estos años. Pero la lucha de clases no está determinada por la diplomacia y los acuerdos entre caballeros, sino por intereses materiales muy concretos y, en última instancia, por la situación objetiva de la economía.

El PP necesitó la paz social para consolidarse en el poder. De hecho, el gobierno del PP no es un gobierno fuerte; es un gobierno débil que aparenta fortaleza por la falta de oposición, tanto política como sindical. Ahora que se creen seguros ya no hablan de que son de centro, sino de que van a gobernar con mano firme pese a quien pese. En este cambio de actitud también influye de manera decisiva el empeoramiento de la situación de la economía española, que ya ha empezado a destruir empleo, como reflejó —a pesar de las manipulaciones estadísticas— la última Encuesta de Población Activa. Además, a consecuencia del ciclo económico alcista precedente, muchos de los que se incorporan al paro han cotizado los 12 meses necesarios para tener derecho a la prestación contributiva, lo que supone un mayor gasto para el Estado. Se puede argumentar que esto no es un problema porque el Inem tiene un superávit de 3.600 millones de euros (que el PP está utilizando para subvencionar todavía más a los empresarios), lo cual es verdad, pero esta contrarreforma no es una cuestión contable, de si hay o no hay dinero en la caja.

El problema de fondo es la crisis del capitalismo. La burguesía española necesita recomponer su tasa de beneficios, lo que, una vez implantado el euro, sólo puede hacer a costa de la clase obrera, es decir, aumentando la explotación de los trabajadores, para así extraerles más plusvalía. Dicho de otra forma, este recorte del desempleo no se puede entender aisladamente, sino que forma parte de una estrategia global para trasvasar rentas del trabajo a rentas del capital, a través de un ataque generalizado contra los trabajadores, no sólo en el terreno estrictamente económico-laboral, sino también en el político-social (LOU, leyes de "Calidad", de Extranjería, de Partidos, etc.). Por tanto, la lucha contra este decreto también requiere una estrategia global dotada de una perspectiva política (además de que cualquier huelga general es política porque va dirigida contra el gobierno).

Pero aparte del factor económico, también está el factor político. Desaparecida la bonanza económica, que daba un cierto margen de maniobra para dosificar las medidas, y desaparecida también la paz social, que era una importante contrapartida a dicha dosificación, lo más probable es que el PP opte por lanzarse a degüello para intentar aplicar su programa al completo en lo que resta de legislatura. Al fin y al cabo, ¿cuándo mejor que ahora, que tienen mayoría absoluta? Su plan es que a este decretazo le sigan más medidas regresivas en pensiones —ya han anunciado que estudiarán el cálculo de la pensión con toda la vida laboral—, derechos laborales, negociación colectiva, ley Concursal, probablemente una reaccionaria ley anti-huelgas e incluso no se puede descartar un futuro ataque directo a los sindicatos a través de una modificación de la LOLS (Ley Orgánica de Libertad Sindical). De hecho, las antiguas alabanzas a la "visión de Estado" de los máximos dirigentes de CCOO y UGT han dejado paso a un discurso muy diferente. Son significativos tanto los argumentos del PP contra la huelga general como las informaciones que ya han aparecido en algunos de los periódicos burgueses más reaccionarios sobre el número de liberados sindicales pagados por el Estado, el dinero de formación, etc., y mucho más significativos todavía van a ser los servicios mínimos abusivos que intentará imponer la Administración (que obviamente no deben ser respetados) y la represión que se observe el mismo día de la huelga general.

La burguesía española cometió un error fatal: confundir al conjunto de la clase obrera con los dirigentes sindicales que habitualmente se codean con ella, siempre dispuestos a ser tan "responsables". Ha pensado que, como otras veces, su estrategia de jugar fuerte le llevaría a ganar la mano. Lo que no calculó es que los trabajadores están hartos de apretarse el cinturón y dispuestos a decir ¡basta! Y este ambiente condiciona la actitud de los dirigentes sindicales. Aznar se ha metido en un berenjenal del que no le va a resultar fácil salir.

El significado de una huelga general

La huelga general no es un enfrentamiento personal entre Aznar y Méndez-Fidalgo, sino un enfrentamiento brutal entre las dos clases decisivas: burguesía y proletariado. Una huelga general pone en primer plano las contradicciones sociales, deja al descubierto de manera descarnada la naturaleza de clase del Estado y las instituciones y tiene hondos efectos en la conciencia de toda la sociedad, independientemente de cuál sea su resultado. Una huelga general no es una huelga más porque pone sobre el tapete quién manda realmente en la sociedad. La burguesía le tiene pánico a las huelgas generales precisamente porque transmiten directamente a la conciencia del conjunto de nuestra clase la idea de que los trabajadores somos los que hacemos que todo funcione, que sin nosotros los empresarios no son nada, que objetivamente la clase obrera es el poder real en la sociedad capitalista. Durante una huelga general exitosa la burguesía es impotente y la clase obrera impone su ley, tiene el poder durante 24 horas. Por tanto, una huelga general siempre es un poderoso estímulo para elevar el nivel de conciencia, es decir, ayuda enormemente a que los trabajadores comprendan que nada ni nadie podrá pararnos si nos organizamos sindical y políticamente como clase. Por tanto, sus efectos pueden prolongarse durante años, como se vio en el caso del 14-D de 1988.

La clase obrera lleva perdiendo derechos y conquistas desde hace muchos años. Este proceso además se agudizó tras la caída del Muro de Berlín, que dio paso a una ofensiva brutal del capitalismo, que desde entonces se entrega a una borrachera de neoliberalismo salvaje. En medio de una orgía de beneficios desorbitantes de las empresas, la realidad de la clase obrera es bien distinta: recortes sociales, pérdida de derechos y de poder adquisitivo, precariedad, privatizaciones de empresas y servicios públicos, despidos masivos, etc. Se pensaban que habían entrado en el paraíso del capital, que podían aumentar sus riquezas a costa de los trabajadores eterna e impunemente, pero, como los marxistas explicamos, la explotación de los trabajadores siempre tiene un límite. Y ese límite ya se alcanzó. Ahora, en la forma de una poderosa reacción de los trabajadores contra sus desmanes, van a tener que sufrir la resaca de su borrachera.

Los indicios de este proceso ya se han podido ver: el año pasado, las dos huelgas generales en Grecia contra el recorte de las pensiones o las huelgas del transporte en Baleares o de la basura en Segovia; este año, la huelga general en Italia y la huelga de los metalúrgicos alemanes o las huelgas de los autobuses interurbanos de Madrid y Barcelona y la huelga del Metal de Cádiz. Huelgas generales masivas y huelgas parciales indefinidas de enorme combatividad, ésta va a ser la tónica del nuevo período de la lucha de clases. En suma, polarización social y radicalización política.

¿Qué estrategia necesitamos?

Desconcertados por la situación del período anterior, los dirigentes sindicales asumieron la derrota, asumieron que la lucha no serviría para nada y que por tanto era mejor negociar, hasta convertir la negociación en un fin en sí mismo. Esta estrategia sindical sólo nos ha llevado a retrocesos y debe ser definitivamente abandonada. La defensa de los intereses de los trabajadores sólo depende de nuestro grado de conciencia, organización, unidad y lucha. Lo más importante del 20-J es que sienta las bases para reconstruir el movimiento obrero, es decir, para reorganizar a los trabajadores, tanto dentro como fuera de las fábricas, que es la única garantía para defender nuestros derechos. La clase obrera sin organización sólo es carne de explotación.

Los marxistas estamos convencidos de que la huelga general va a ser secundada masivamente en todas las zonas industriales del país, porque para los trabajadores hay muchos más motivos que el desempleo. Por eso, la huelga general debería tener un programa reivindicativo que recoja las principales aspiraciones de la clase obrera para mejorar de forma sustancial sus condiciones de vida y trabajo. Y por eso mismo no debería ser desconvocada aunque el PP retirase el decreto, como ya ha dicho Fidalgo. Todo lo contrario, el 20-J debe ser el primer paso de una ofensiva del movimiento obrero para frenar al PP. Porque las posibilidades de que retire el decreto son mínimas. ¿Qué transmitiría una retirada? Que cada vez que el PP presente una medida que no nos guste, basta con amenazar con la huelga general para echarla abajo. Un precio político demasiado alto que la burguesía no está dispuesto a pagar porque dejaría a su gobierno reducido a la impotencia. Y las tradiciones autoritarias de la derecha española también son un factor en esto.

El marxismo debe volver a ocupar su sitio

Estas son las perspectivas. Y ante esta situación, el discurso de corte institucionalista sobre la legitimidad de la huelga general y sobre el papel de los sindicatos como pilares de las sociedades democráticas no conmoverá a la burguesía, dado lo que está en juego. Nuestra única defensa es la organización y que el movimiento sindical se arme con una perspectiva política que responda a los intereses históricos de la clase obrera, es decir, una perspectiva política anticapitalista.

La izquierda, tanto la política como la sindical, necesita reorientarse. La socialdemocracia no ha hecho otra cosa que aplicar la política de la derecha, abriéndole así el camino a ésta, incluso donde, supuestamente, practicaban una política más "social", más "de izquierdas", como en Francia. Y a otro sector, el Muro de Berlín se le cayó encima de la cabeza. Por lo que respecta a los dirigentes sindicales, hasta ahora han venido asumiendo los recortes. La clave para salir de la encrucijada es que el marxismo vuelva a ocupar su sitio en las organizaciones obreras, desplazando a los reformismos de diversos pelajes, que en el mejor de los casos sólo persiguen un "capitalismo de rostro humano".

El capitalismo no tiene nada bueno que ofrecernos. Dentro de él es imposible solucionar los problemas de los trabajadores porque es el propio sistema el que falla. Pero el socialismo no sobrevendrá automáticamente, sólo será posible si una generación desea conscientemente implantarlo. Ésta es una idea básica del marxismo. Y por eso los marxistas no tenemos complejos y decimos en voz alta que luchamos, aquí y ahora, por la transformación de la sociedad.

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