La actitud autoritaria que tuvo el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ilegalizando la manifestación, sólo fue un anticipo de lo que sería la actuación de los antidisturbios en la posterior concentración.

Ser un joven luchador es delito

A las 10 de la mañana del día 23, dos horas antes de que comenzase la protesta, la Plaza de Callao estaba literalmente tomada por la policía (unos diez o doce furgones policiales rodeaban dicha plaza, mientras que en la misma habría alrededor de una veintena de agentes).

Acompañando a estos podían verse dos grupos de trabajadores y estudiantes miembros del servicio de orden; uno del Sindicato de Estudiantes y otro de CCOO. Cuando un joven del SE, megáfono en mano, comenzó a dirigirse a los manifestantes advirtiéndoles de “que la manifestación estaba ilegalizada y debían dirigirse a la Plaza de España sin hacer caso de las provocaciones policiales”, unos tres o cuatro antidisturbios corrieron hacia él gritándole y ordenándole que se callara, ya que “eso no se puede decir y nosotros no provocamos a nadie“. Gracias a que el joven fue protegido rápidamente por el resto de sus compañeros del servicio de orden, los antidisturbios sólo alcanzaron a darle un par de bofetadas, mientras que otro compañero recibió un puñetazo en la espalda, una patada en la pierna y encima le hicieron identificarse para intimidarle más todavía.

Vivimos en un estado policial intermitente

Pero éste no fue un caso aislado, ni mucho menos, ya que durante la concentración una estudiante de Barcelona tuvo que recibir puntos en la cabeza tras ser aporreada por un antidisturbios.

Otro de los muchos ejemplos de intimidación que durante éste día se sucedieron fue el sufrido por unos compañeros de Euskadi, que por el simple hecho de ondear su bandera autonómica (la ikurriña) fueron permanentemente escoltados por un grupo de policías.

Cualquier persona que estuvo allí fue testigo de la actitud chulesca y provocadora que, desde las diez de la mañana hasta las tres o cuatro de la tarde, tuvieron los antidisturbios con todos los manifestantes, hasta cuando volvían a sus furgones pasaban empujando a la gente como la cosa más normal del mundo.

Los jóvenes y trabajadores del Estado español no podemos permitir este tipo de actuaciones, y es necesario que los culpables de todos estos hechos paguen por ellos; comenzando por el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

¡¡Ansuátegui dimisión!!