Desde el curso pasado el Gobierno del PP se ha encontrado con la oposición masiva de trabajadores y jóvenes a su política educativa, basada en beneficiar a las patronales de la enseñanza privada en detrimento de la inversión en la enseñanza pública yDesde el curso pasado el Gobierno del PP se ha encontrado con la oposición masiva de trabajadores y jóvenes a su política educativa, basada en beneficiar a las patronales de la enseñanza privada en detrimento de la inversión en la enseñanza pública y en contentar a la jerarquía de la Iglesia católica que, no podemos olvidar, controla el 90% de los centros concertados de este país.

Para la derecha una educación verdaderamente de calidad para la mayoría de la sociedad es un gasto innecesario. El único objetivo de la Ley de “Calidad” es adecuar el sistema educativo a un mercado laboral que busca mano de obra barata y poco cualificada y donde los jóvenes nos llevamos la peor parte, con un 70% de precariedad laboral. Por eso reducen el gasto público en educación (eso sí, tienen dinero para el alquiler de tanques alemanes para el desfile militar del 12 de octubre o para embarcarse en una nueva guerra imperialista contra el pueblo iraquí) y tratan de expulsar estudiantes del sistema educativo a edades cada vez más tempranas (esta es la función fundamental de los itinerarios, reválidas, etc., y no, como dicen, “terminar con el fracaso escolar”). No quieren darnos una formación de calidad porque el futuro que nos tienen preparado es el del paro o el trabajo basura.

No sólo esta ley, sino todas las medidas que el PP y la derecha nacionalista (CIU, PNV, CC) ponen en marcha son para dificultar el acceso a la enseñanza a los sectores sociales más desfavorecidos. Y, si no, veamos: no es casualidad que el Ministerio de Educación haya dejado sin beca compensatoria (la que reciben las familias con menos ingresos) a 40.000 estudiantes de universidad, ni que los estudiantes que reciben beca en el bachillerato hayan pasado del 18,7% en el curso 1996/97 al 13,7% en el curso 2000/01. En resumen, en la actualidad hay 100.000 becarios menos que cuando empezó a gobernar el PP. En cuanto a la Formación Profesional (en la que todos los años hay decenas de miles de no admitidos por escasez de plazas públicas) las academias privadas hacen su agosto. En Catalunya, por ejemplo, los centros privados han aumentado su oferta de FP del 18% al 42%, al mismo tiempo que la oferta pública ha disminuido del 82% al 58%, lo que significa que entre 500 y 600 profesores se irán a la calle.

Manipulación de los medios

y represión

Tras el éxito de la huelga de profesores y padres del 29 de octubre, el Sindicato de Estudiantes propuso a los dirigentes sindicales del profesorado la convocatoria de otra huelga conjunta, el 21 de noviembre, además de la Marcha Estatal a Madrid que ya estaba anunciada para el 23 de noviembre. Los dirigentes sindicales de CCOO, UGT, STEs y CGT rechazaron la propuesta. Aún así, y a pesar del vergonzoso silencio de los medios de comunicación —que ya demostraron su “rigor e imparcialidad” informativa manipulando los datos de las manifestaciones del 29 de octubre— y de los obstáculos que tuvimos (represión por parte de las juntas directivas afines al PP, amenazas de sanciones y exámenes, prohibición del derecho a reunión, etc.) la huelga fue un éxito y decenas de miles de estudiantes volvimos a salir a la calle. Además, el día 21 ayudó a que más jóvenes participaran en la marcha del 23. Sin embargo, el que los profesores no estuvieran llamados a la huelga en esta ocasión hizo que las manifestaciones fueran más pequeñas. Tampoco los dirigentes sindicales del profesorado pusieron toda la carne en el asador para conseguir que la marcha estatal fuera más grande (pusieron muy pocos autobuses de fuera de Madrid lo que supuso, en la práctica, impedir que mucha gente pudiera venir, tampoco hicieron frente con contundencia a la Delegación de Gobierno que prohibió la manifestación, lo que creo confusión). La prohibición de la manifestación es un grave ataque a los derechos democráticos y sienta un gravísimo precedente. Cuando el Gobierno del PP se sienta amenazado por la movilización creciente de los trabajadores y de la juventud querrá recurrir a la “mano dura” para tapar el descontento social que provoca su política. Son conscientes, tras la huelga general del 20-J, de su propia debilidad y ante la falta de argumentos sólo puede usar la calumnia y la represión. De hecho, no es casualidad que en la última encuesta del CIS todos los ministros “suspendan” y la peor valorada sea Pilar del Castillo.

Es fundamental la movilización conjunta

La continuidad en la lucha después de esta Marcha a Madrid es clave para conseguir la retirada de la Ley. Para ello es necesario golpear otra vez con una movilización masiva, unitaria y en todo el estado del conjunto de la comunidad educativa, incluyendo a la universidad. A la contundencia del Gobierno hay que responder con la misma fuerza. Por eso, es imprescindible que los dirigentes sindicales de CCOO, UGT, STEs y CGT (por parte del profesorado) y de la CEAPA (por parte de los padres) convoquen, antes de que se discuta definitivamente la ley en el Congreso, una huelga general de toda la enseñanza, que el Sindicato de Estudiantes apoyaría y volcaría todas sus fuerzas para garantizar su éxito. Las organizaciones de profesores y padres tienen en sus manos el dar un paso adelante en esta lucha. No sólo eso, CCOO, UGT y otros sindicatos pueden llevar, directamente, el debate sobre la Ley de “Calidad” a todas las fábricas y tajos, reforzando y ampliando el rechazo que esta ley, hecha a medida de los ricos, provoca entre los trabajadores. Esto sería un revulsivo en la lucha y sin duda garantizaría un éxito mayor al del 29 de octubre. Una movilización así sería respaldada de forma entusiasta por los estudiantes y nos pondría más cerca de nuestro objetivo inmediato: la retirada de la Ley de “Calidad”.

Fortalecer el movimiento estudiantil

Desde el Sindicato de Estudiantes estamos haciendo una campaña en los institutos y facultades para que se voten y se envíen resoluciones exigiendo a los dirigentes sindicales la convocatoria de una huelga general de toda la enseñanza para frenar al PP. Además, el día que se discuta definitivamente la Ley de “Calidad” en el parlamento será un día de protesta dentro de los institutos (referéndums donde votemos qué reforma queremos los estudiantes, sentadas en el patio, asambleas, etc.) para demostrar nuestro rechazo. Eso sí, tenemos claro que si finalmente imponen la ley, la lucha va a continuar. Tendremos más motivos y más necesidad que nunca de defendernos de las agresiones a la enseñanza pública. Si algo ha demostrado esta movilización es la necesidad de estar mejor organizados para responder en mejores condiciones y con más fuerza a los ataques, a las mentiras y manipulación de la derecha y sus medios de comunicación. Por eso, es fundamental que nos organicemos en el Sindicato de Estudiantes, una organización estudiantil de izquierdas, combativa y revolucionaria.

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