La clase obrera

en el Estado español

Tras la subida al poder del gobierno del PSOE, temas como el subsidio agrario o las contrarreformas laborales del PP siguen sin resolverse. Las declaraciones de ministros como Solbes parecen indicar que se quiere seguir con la política económica-laboral del PP, caracterizada por tratar de hacer retroceder los derechos de los trabajadores en todos los ámbitos.

La política reaccionaria llevada a cabo en esos años se ha dejado sentir sobre las espaldas de los trabajadores; además, los pactos sociales alcanzados han demostrado su total ineficacia para frenar esta tendencia.

Por ejemplo, el gasto público en protección social ha pasado del 24% en 1993 al 20,1% en el año 2000, alejándonos más de la UE que tiene 7,2% más de media. En el 2004, la tasa de paro sigue manteniéndose por encima del 11% de la población activa y el 55% de las familias reconoce que tiene dificultades para llegar a fin de mes.

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) a 31 de diciembre de 2004 la tasa de precariedad sigue manteniéndose en el 32% de la población activa, con más de 4.800.000 trabajadores temporales.

Los trucos contables introducidos en la medición de los precios (IPC) por el gobierno del PP han producido también un índice alejado de la realidad, ya que da valor a productos lujosos en la ponderación de los precios, así como introduce las rebajas, que todos sabemos que son precios de temporada. Ni que decir tiene que el precio de la vivienda no viene en el IPC. Esto no es casualidad, todos los convenios negocian los salarios en función de este índice, ¿qué ocurriría si el precio de la vivienda se introdujera en el IPC? Lo podemos comprobar analizando los datos del Ministerio de Vivienda, que nos dice que en el período que va desde 1987 hasta 2004, el precio del metro cuadrado urbanizable en el Estado español ha subido un 448,25% (un 300% el precio de la vivienda nueva), mientras que para el mismo período el salario bruto anual sólo ha subido un 104,05%.

El retroceso de los salarios ha continuado también en el 2004 al representar sólo el 49,5% de la renta nacional, la política de moderación salarial ha traído esto.

La situación se hace más escandalosa cuando observamos que para el período que va desde 1998 hasta el 2004 los beneficios empresariales han aumentado un 65%, mientras que la subida salarial ha sido de sólo un 20,96%.

Tampoco se han dado avances en materia de salud laboral, con más de 1.400 trabajadores muertos en el año 2004.

En este contexto, el acuerdo del AINC pactado por los dirigentes sindicales con la patronal, vuelve a incidir en una política de convertir el pacto social en un fin en sí mismo y no en un instrumento para mejorar las condiciones de trabajo. Precisamente en un momento en que las movilizaciones populares barrieron a la derecha del gobierno y en que los retrocesos laborales hacen necesario que la clase obrera pase a la ofensiva.

Los dirigentes de UGT y CCOO deben entender que los hechos no les dan la razón y que deben dar un giro a la izquierda en su política sindical, es necesario frenar la política de claudicación permanente ante la patronal y reforzar la negociación colectiva con la movilización de la clase obrera.

La negociación colectiva en los últimos años

La negociación colectiva ha estado marcada por los acuerdos interconfederales entre patronal y sindicatos donde, permanentemente, se ha estado insistiendo en la moderación salarial, con unas previsiones de inflación que no se han cumplido nunca en los últimos 8 años. Este incumplimiento no es ningún pequeño detalle, en el año 2004 el 26,98% de los trabajadores con convenios firmados, ya sea de empresa o sector, no tenían cláusula de revisión salarial por si la inflación se desviaba. Aparte de que el 48,1% del total de asalariados se encuentra sin ningún tipo de convenio colectivo que regule sus condiciones de trabajo, según el MTAS. Ante estas cifras, podemos concluir que de hecho, casi 9 millones de trabajadores se encuentran realmente ante una congelación salarial que está drenando de forma alarmante su poder adquisitivo.

La amenaza del gobierno del PP de acabar con la negociación colectiva y la política de los dirigentes sindicales de pacto social permanente han traído como consecuencia una situación en que sectores enteros y empresas han ido abandonando los pactos colectivos, llegándose a la situación de que el número de convenios haya descendido desde 5.110 en 1999 hasta 4.179 en el 2004, siendo el descenso igual tanto en los convenios de empresa como en los de sector, descendiendo el número de trabajadores regulados por convenio colectivo de 9.008.053 en 1999 hasta 7.799.694 en 2004. Cifras que reflejan la cada vez menor actividad sindical promovida por los dirigentes y que está suponiendo en los hechos un retroceso en las condiciones de trabajo de millones de trabajadores. Pero quizá la cifra más preocupante es que en 1999, del total de trabajadores asalariados, estaban regulados por convenio el 75,9%, mientras que en el 2004 sólo lo están el 51,9%, lo que supone que en estos momentos 7.100.000 trabajadores se encuentran sin ningún tipo de regulación colectiva en el Estado español, según el MTAS.

Por otra parte, los convenios firmados en el período 1999-2004 no han conseguido reducir la jornada laboral como se ha venido diciendo, la reducción ha sido insignificante. Del total de convenios la jornada anual pactada en 1999 fue 1.765,03 horas, mientras que en el año 2004 fue de 1.755,82 horas, una reducción de jornada anual de 9,21 horas en 5 años de bonanza económica, según el informe del MTAS. Además la temporalidad en el empleo tampoco se ha podido reducir. En los salarios, salvo en el año 2003, la inflación ha superado con creces a las subidas salariales pactadas, con lo que han dejado fuera a los 9 millones de trabajadores que no tienen cláusula de revisión salarial, demostrando una vez más la irrealidad consciente de las previsiones de inflación del gobierno.

Todos estos datos demuestran que es necesaria otra política sindical, el pacto social con la burguesía reaccionaria de este país siempre ha sido un pacto a cambio de que ellos ganen más dinero a costa de los trabajadores. El pacto no puede ser un fin en sí mismo, no es admisible que los trabajadores retrocedamos mientras los beneficios empresariales baten récords históricos, el pacto debe servir para reflejar la correlación de fuerzas, debe estar al servicio de una mayor justicia social y pactar lo que nos haga avanzar en nuestras condiciones de vida.

La burguesía no va a conceder nada a los trabajadores sin presión. Recientemente, José María Cuevas anunciaba desafiante que “la CEOE no va a aceptar más rigideces en las relaciones laborales. Que les quede claro al Gobierno y a los sindicatos” (El País, 22/06/05). Estas declaraciones eran apoyadas al día siguiente por las del gobernador del Banco de España, para el que es necesario que las empresas “tengan capacidad para adaptarse a las diferentes situaciones”, o lo que es lo mismo, que tengan más facilidades para deshacerse de su plantilla en circunstancias económicas adversas. Además, planteaba que la mejora de los salarios tenía que estar vinculada a la productividad y no a los precios.

La burguesía necesita atacar las condiciones de los trabajadores y llevar adelante reformas estructurales para poder competir en el mercado mundial. Por eso, pactar una nueva reforma laboral sólo puede significar un nuevo retroceso en nuestras condiciones. Para Cuevas la cosa es clara: hay que flexibilizar el mercado laboral. La receta, la de siempre: abaratar el despido. Y parece que empresarios y gobierno están de acuerdo en que la indemnización por despido pase de 45 a 33 días por año trabajado para todos los contratos indefinidos. Es decir, ampliar a todos los trabajadores con contrato indefinido lo que ya se hizo en la contrarreforma de 1997 (pactada por sindicatos, patronal y PP) con algunos colectivos: mujeres, jóvenes, parados de larga duración, etc. La contrarreforma de 1997 fue justificada, en primer lugar por los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, como una manera de reducir la temporalidad. Los resultados están ahí. La tasa de temporalidad es similar a la de hace 8 años (más del 30%). Los únicos beneficiados de esa contrarreforma han sido los empresarios. Por eso Cuevas de forma contundente dice que “ahora es el momento de generalizar esa medida”. Sólo con un sindicalismo de clase y combativo podremos hacer frente a esta nueva ofensiva patronal.

Propuestas y objetivos para la negociación colectiva

Los dirigentes de UGT y CCOO deben cambiar de orientación, los datos son evidentes y demuestran el fracaso de la política de “paz social”. En el contexto de la globalización capitalista, aceptar el chantaje de la competitividad, de la visión estrecha de los intereses de los estados nacionales, del reformismo paulatino y de la negociación por la negociación sólo puede traer retrocesos para los trabajadores. Se hace necesario un diálogo social basado en la movilización de la clase trabajadora para crear empleo estable y unas condiciones de trabajo dignas. Una movilización que no debe olvidar que la lucha por la transformación socialista de la sociedad es en última instancia la lucha que puede resolver los problemas de la clase obrera, dada la crisis capitalista que se observa por todos los poros del sistema. Los dirigentes de UGT y CCOO deben afrontar la negociación colectiva, no con pactos y consensos con la patronal, sino con lucha y movilización para resolver el creciente deterioro de nuestras condiciones.