Las palabras de estos elementos no nos pueden hacer perder de vista cuáles son sus verdaderas intenciones. En las declaraciones a la prensa Zaplana daba a entender que la propuesta del Gobierno es convertir un derecho como el subsidio agrario, que al cotizar da pie a tener una pensión mínima cuando se jubilen (cotización por cierto, que la pagan los propios jornaleros con los sellos de la cartilla agraria) por una “ayuda” asistencial. Esta “ayuda” se concederá en base a una serie de requisitos que el mismo Gobierno impondrá y que en el futuro podrían ser modificados mucho más fácilmente. Además se mantiene la obligación de aceptar un puesto de trabajo o cursillo de formación impuesto por el Inem con la amenaza de perder cualquier ayuda. Y aún hay más: si antes del decretazo se necesitaban 35 peonadas para cobrar el subsidio ahora harán falta 60 para cobrar esta “prestación”.
Este Gobierno, representante claro, de los ricos y terratenientes sigue intentando desprestigiar a los jornaleros ante el resto de los trabajadores, porque dice que trabajan poco y cobran demasiado. Pero la realidad es bien distinta. Los jornaleros andaluces y extremeños sólo pueden cobrar 22.000 pesetas mensuales de media de subsidio después de pagar los sellos de la cartilla agraria trabajando en condiciones horribles, mientras que los terratenientes cobran millones de euros sólo por tener tierras, que muchas están sin explotar sin que jamás se hayan remangado ni agachado para recoger una sola fresa o patata de la tierra. Es decir, 360.000 jornaleros cobran al año la misma cantidad que 300 terratenientes, obtienen en subvenciones. ¿Hay alguna duda de a quién sirve el PP?
Extender y preparar ya la huelga general del 20 de febrero
La huelga que CCOO y UGT han convocado en el campo andaluz y extremeño para el 20 de febrero debería ser extendida, como mínimo al conjunto del movimiento obrero de las dos comunidades autónomas. Hoy tiene menos sentido que nunca dividir a los trabajadores y jóvenes, ya que no podemos olvidar que el derecho al subsidio agrario, igual que otras conquistas, fueron conseguidas gracias a la movilización conjunta de la clase trabajadora, y desde luego sería más factible mantenerlas si la unidad de la clase también permanece como una piña. Si bien la fecha del 20 de febrero es demasiado tardía, dando un tiempo precioso al PP para confundir a los trabajadores, en ningún caso debería estar condicionada al documento escrito que presentará en las próximas semanas el ministro de Trabajo. Como hemos visto, la base del documento ya ha sido explicada por Zaplana, dejando claro que “la voluntad del Gobierno no está en función de lo que nadie diga” y que “es una voluntad ya decidida porque creemos que es lo mejor”. Más claro el agua. No piensan restituir el subsidio agrario sólo porque se lo pidan con palabras.
Sólo cederán si la movilización continúa. La derecha es consciente de que otro paso atrás por su parte sería visto como más debilidad. Pero otro gallo cantaría si se trabajara ya con asambleas en los tajos y en las empresas, con propaganda masiva para convocar la huelga, dejando claro que el 20-F es inamovible, preparando manifestaciones masivas en enero y febrero que calentaran motores. De hecho fue después de que los sindicatos hicieran pública la fecha de la huelga, cuando el ministro presentó la nueva propuesta. El SOC, por ahora, es el único que ya ha hablado de un calendario de movilizaciones que se dará a conocer el domingo 12 de enero en su asamblea andaluza en El Coronil.
El gobierno sólo cederá
ante la movilización
El Gobierno dice que está dispuesto a negociar con los sindicatos este nuevo cambio y que está abierto a sugerencias. Pero esto no es más que una maniobra dilatoria de la derecha. En estas páginas ya hemos explicado el aislamiento que sufre el PP desde la huelga general del 20-J, que demostró la fortaleza de la clase obrera y la debilidad del Gobierno. Precisamente la nueva propuesta del Gobierno, si bien es sólo puro maquillaje, refleja la necesidad del PP de aparecer como menos intransigente y más dialogante ante la próxima cita electoral en primavera.
Después de la huelga general, donde millones de trabajadores pusieron al PP donde le correspondía, no han tenido un solo día de tregua: las luchas estudiantiles contra la Ley de Calidad, las movilizaciones de masas contra el trasvase del Ebro y, por supuesto, la indignación y la magnífica respuesta de los trabajadores gallegos contra el vertido del Prestige y la vergonzosa respuesta del Gobierno. Todo esto hace temblar a la derecha frente a unas elecciones municipales que le pronostican una derrota muy importante. Justamente el mejor de los escenarios para que la clase obrera consiga echar atrás todas las medidas reaccionarias.
Es evidente que en este momento, si los dirigentes sindicales volvieran a convocar una nueva huelga general en todo el Estado, que unificara la respuesta frente a los ataques a los jornaleros andaluces y extremeños, a la educación pública, la situación de los trabajadores y jóvenes gallegos, la implicación del Gobierno español en la futura guerra contra Iraq y las continuas agresiones al conjunto del movimiento obrero, no sólo sería un éxito su seguimiento, sino que el Gobierno sería incapaz de aguantar una presión tan fuerte.
Es el momento de dar un golpe a la derecha. Un golpe contundente y unitario que vuelva a poner sobre la mesa que la clase obrera tiene la fuerza necesaria para derrotar a este Gobierno en la calle y en las urnas.
