El gobierno del PP ha presentado recientemente un nuevo paquete de reformas de la protección del desempleo, un ataque más después del "decretazo" y del acuerdo de pensiones, con la excusa de intentar evitar el fraude y mejorar la gestión de quién debe cobrar las prestaciones.

Con lo que realmente nos encontramos es con una serie de medidas que reducen las prestaciones y suprimen derechos económicos en un sistema de desempleo que tiene unos excedentes millonarios y que, en vez de destinarse a mejorar los niveles de cobertura y las prestaciones, se destinan a los empresarios en forma de jugosas subvenciones. De hecho, España es el cuarto país de la UE por nivel de subvenciones a los empresarios.

Entre las "mejoras" que el gobierno del PP quiere introducir cabe destacar la eliminación de los salarios de tramitación. Hasta ahora, cuando alguien sufría un despido improcedente, seguía cobrando lo que se llama el salario de tramitación hasta el momento del fallo judicial, con lo que seguía cotizando a la Seguridad Social y le valía para el cálculo de la prestación. Ahora lo eliminan, haciendo que el trabajador pase ya a cobrar de su prestación. ¿Qué significa esto? Que deja de cotizar a la Seguridad Social, que empieza a consumir el paro y que encima, a lo peor, si no había llegado a cotizar 12 meses, pero que con el salario de tramitación sí lo habría conseguido, ahora se tendrá que contentar con el subsidio... en principio.

Porque otro aspecto de esta contrarreforma es la incorporación de las indemnizaciones laborales a las rentas del trabajador, a efectos de calcular si sobrepasa el límite máximo de renta necesario para recibir el subsidio de desempleo. Lo que se busca con esta medida es excluir a más trabajadores de la protección por desempleo bajo el pretexto de que ya cobran demasiado, algo bastante irónico cuando observamos la regresiva política fiscal de este gobierno, con la bajada de los impuestos directos, beneficiando claramente a los que más ganan.

Además, se podrá retirar la prestación si no se aceptan las ofertas de trabajo del INEM, aunque sea un empleo eventual, a tiempo parcial y con unos ingresos inferiores a la propia prestación.

La supresión del sistema de protección asistencial a los trabajadores del campo o la eliminación del derecho a la prestación para los contratos de inserción son otras "lindezas" de esta nueva reforma.

Responder con la huelga general

Por su parte, CCOO y UGT han anunciado que, de llevarse a cabo estas medidas, la respuesta va a ser la movilización. Parece ser que la presentación de estas medidas los ha cogido por sorpresa y están indignados porque no se haya abierto una fase de "negociación", que es como le llaman hoy en día en el mundo sindical al retroceso en las condiciones laborales. También hay que destacar lo sucedido en Italia. Lo quieran o no pesa, y parece que están teniendo muy en cuenta el dicho de "cuando las barbas de tu vecino veas pelar...".

A muchos no nos extraña que el PP haya presentado este nuevo ataque. Es un sentimiento generalizado que la respuesta que se le está dando a la derecha en el poder no tiene ni de lejos la firmeza con la que estamos siendo atacados. Si al PSOE se le contestó con cuatro huelgas generales, ¿cuántas deberíamos llevar ya con el PP?

Si es cierto que los sindicatos se están empezando a preparar para la movilización (más vale tarde que nunca), bienvenida sea, pero la única respuesta posible es la huelga general de 24 horas; las medidas aisladas no sirven de mucho. Lo que se necesita es que los sindicatos de clase, CCOO y UGT, den un giro a la izquierda, vuelvan al sindicalismo asambleario y pisen más los tajos y menos las moquetas.