Los acontecimientos desarrollados en Catalunya durante los últimos meses han sacudido la escena política en el Estado español, en Europa y en el mundo, captando la atención de los activistas de la izquierda. No puede ser de otro modo, pues las imágenes del 1 de octubre pasado en las que cientos de miles de ciudadanos, trabajadores y jóvenes catalanes ejercieron su derecho a decidir, y resistieron ejemplarmente la brutal represión de la policía y la Guardia Civil, provocaron un impacto tremendo en la conciencia de millones.

Estamos ante un antes y un después en la historia reciente de Catalunya. Mediante su acción directa las masas derrotaron la represión salvaje del Estado y mostraron su firme decisión de romper con el régimen del 78, votando masivamente por la república catalana. La reacción virulenta de la burguesía española y catalana, del gobierno del PP, de sus aliados políticos y del aparato del Estado para cerrar la crisis revolucionaria abierta, todavía no ha conquistado sus objetivos.

Para todos los que aspiramos a la transformación de la sociedad, la cuestión nacional catalana ha vuelto a erigirse en un ariete decisivo para acabar con el capitalismo en el Estado español.

La campaña de la derecha españolista viene de lejos

Las provocaciones y ataques contra los derechos democráticos del pueblo catalán han sido particularmente intensos durante los últimos años, convirtiéndose en santo y seña de la derecha, del aparato del Estado (militares, policías, judicatura), y los medios de comunicación españolistas.

El Estatut aprobado en 2005 por el Parlament de Catalunya no despertó demasiado entusiasmo, pues no representaba un avance sustancial ni en libertades democráticas ni en derechos sociales. Sin embargo, todo cambió con la eliminación en 2010 por el Tribunal Constitucional de buena parte de su contenido respondiendo favorablemente al recurso presentado por el PP —especialmente el título que reconocía a Catalunya como nación—. De nada valió que un 74% de los votantes ratificaran ese Estatut en referéndum. El mensaje de los jueces y el PP no podía ser más claro: un desprecio autoritario del Estado centralista ante lo que consideraba un desafío a la españolidad de Catalunya y la “unidad de la patria”. La respuesta de indignación de la población catalana fue una manifestación masiva el 10 de julio de 2010 en las calles de Barcelona bajo el lema “Som una nació, nosaltres decidim”.

La campaña furiosa de catalanofobia desatada desde el PP y el aparato del Estado entraba en una nueva etapa. La ofensiva se concentró con especial intensidad en la cuestión lingüística, un aspecto particularmente sensible para la población. El Tribunal Supremo dictó varias sentencias contra el sistema de inmersión lingüística, que representa una gran conquista social y cultural alcanzada mediante la lucha conjunta de los trabajadores de origen catalán y otros llegados de diferentes puntos del Estado en los años setenta, y que ha servido para garantizar durante décadas la integración y la convivencia.

PP y Ciudadanos (Cs) mienten descaradamente cuando presentan al castellano como idioma perseguido en Catalunya. Ambos idiomas conviven, siendo habituales las conversaciones bilingües. De hecho, el nivel de conocimiento del castellano en el sistema educativo de Catalunya es superior a la media estatal y su presencia es marcadamente superior a la del catalán en ámbitos claves para la normalización lingüística como cine, internet, televisión, publicaciones impresas y literatura de todo tipo… El nacionalismo españolista tergiversa esta cuestión para fomentar prejuicios anticatalanistas que amplíen su base de apoyo dentro y fuera de Catalunya.

La actitud de la derecha española hacia el catalán siempre ha sido de ensañamiento. Cuando el PP gobernaba Baleares suprimió horas de clase en catalán y aprobó leyes que permitían multar a quienes colgaran banderas catalanas en colegios, institutos o edificios públicos. El ultrareaccionario ministro de Educación, José Ignacio Wert, planteó que un objetivo esencial de su reforma educativa (LOMCE) era “españolizar a los alumnos catalanes”.

Durante los últimos años esta ofensiva ha llegado al paroxismo. Declaraciones como la del coronel Francisco Alamán en torno a la Diada de 2011, afirmando que la independencia de Catalunya sólo se produciría “por encima de mi cadáver y el de muchos”, y refiriéndose al ejército como un “león dormido” pero advirtiendo: “no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos”, no son algo excepcional. Ese mismo año la Asociación de Militares Españoles (AME), formada por 3.500 mandos, exigió al gobierno y al poder judicial “suprimir cualquier atisbo de secesión” y que quienes lo hayan “permitido, participado o colaborado” respondiesen por “alta traición (…) ante la jurisdicción castrense”. Tras el 1 de octubre, un miembro del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) insistió en que el ejército actuaría si no se ponía coto al “separatismo”

La clase dominante española ha dado sobradas muestras de cómo entiende la “unidad de la patria”. Lo hizo respaldando un golpe militar fascista en julio de 1936, del que surgió una dictadura brutal que gobernó por cuarenta años. Los herederos de esa burguesía no han cambiado un ápice sus posiciones. En 2014, un informe del Instituto de Estudios Económicos, dependiente de la CEOE, señalaba el guión a aplicar en caso de referéndum de autodeterminación en Catalunya: “suspensión del Estatuto de Autonomía”, “destitución del Gobierno catalán”, “cierre del Parlament”, “restringiendo algunos derechos constitucionales como es normal en estas situaciones extraordinarias”. ¿A alguien le suena? Pero el documento iba más lejos: “abortada la secesión, encarcelados sus líderes e ilegalizados los partidos políticos que la apoyaron, se abriría un período transitorio durante el cual el Estatut quedaría en suspenso y las competencias transferidas volverían a manos del Gobierno”.

El combustible que alimenta la cuestión nacional catalana

Dos factores han sido fundamentales para que crezca tanto, y tan rápido, el movimiento de masas por la independencia en Catalunya durante los últimos años: una crisis económica y social virulenta, y el recrudecimiento de la opresión nacional del Estado centralista. Ambos elementos se han desarrollado y agudizado de forma paralela hasta confluir y desembocar, espoleados por el látigo de la reacción el 1 de octubre, en una crisis revolucionaria.

Desde 2008 se calcula que la crisis capitalista ha destruido un 25% del tejido industrial catalán. Si en ese año el porcentaje de trabajadores en paro que llevaba más de un año sin encontrar empleo representaba apenas un 16%, en 2016 alcanzaba ¡el 53%! El 71% de ellos no percibe ninguna prestación o subsidio. Durante el mismo período las rentas del trabajo cayeron 4 puntos (del 50% al 46%) y las del capital subieron 3, del 42% al 45%.

Al enorme malestar social que provoca este deterioro en las condiciones de vida se une la represión de los derechos democrático-nacionales. La opresión nacional sobre los pueblos de Catalunya, Euskal Herria y Galiza por parte de la burguesía centralista y su Estado es real, consustancial a la propia configuración de la “nación española”. Cualquiera que estudie la historia del Estado español puede observar el estallido periódico de la cuestión nacional, especialmente en los momentos de crisis económica y social, cuando la lucha contra la dictadura del capital y un deseo profundo de cambio se entrelazan con las aspiraciones democrático-nacionales no resueltas y sistemáticamente reprimidas del pueblo catalán, vasco y gallego.

Aunque estos pueblos tienen una historia, lengua y cultura propias nunca se les ha permitido decidir si quieren formar parte del Estado español o no. Bajo el franquismo sus aspiraciones democrático-nacionales fueron salvajemente aplastadas, y desde la Transición cualquier avance ha sido conquistado mediante la lucha contra la burguesía española. Como evidencia la aplicación del 155, esas conquistas democráticas, incluso las más limitadas, están hoy bajo amenaza.

El nacionalismo burgués

Los dirigentes del PDeCAT (antes Convergència) nunca han apostado por la independencia, menos aún por una república catalana. Esta derecha nacionalista, representante tradicional de la burguesía catalana, siempre ha sido un pilar de la estabilidad del capitalismo español.

Convergència i Uniò, y su líder histórico Jordi Pujol, sostuvieron los gobiernos de Felipe González y Aznar y toda su agenda de ataques contra los trabajadores y las libertades democráticas: reconversiones industriales salvajes, contrarreformas laborales que abrieron las puertas a la precariedad y bajos salarios actuales, recortes de las pensiones, privatizaciones masivas de empresas y servicios públicos, guerra sucia y legislación represiva, etc. En pago por los servicios prestados, el Estado y los gobiernos centrales consintieron que Convergència se financiara fraudulentamente, igual que lo hacían PSOE y PP. Muchos dirigentes convergentes, Pujol el primero, hicieron fortunas robando a manos llenas el patrimonio público.

En el Govern de la Generalitat, el ­PDeCAT, Puigdemont incluido, ha aplicado las mismas políticas de austeridad y recortes que Rajoy y, en algunos casos, yendo incluso más lejos. La privatización en educación y sanidad está más avanzada en Catalunya, la situación laboral de los interinos es peor y las tasas universitarias son un 30% más elevadas. El presupuesto público de la Generalitat en gasto social global fue recortado un 17% de 2010 a 2015: el educativo en un 17%, el sanitario un 14%, el de vivienda ¡¡el 60%!! Cuando los trabajadores y jóvenes catalanes protestaron contra estos recortes, el Govern no dudó en utilizar a los Mossos d’Esquadra para reprimir con dureza sus movilizaciones o para ejecutar desahucios.

Estas políticas provocaron un malestar creciente contra la derecha catalanista. En 2012 el gobierno de Artur Mas era cada vez más cuestionado y la indignación llenaba las calles contra los recortes. Fue en ese contexto cuando el aparato de Convergència decidió subirse al carro del independentismo e intentar explotar en su propio beneficio el movimiento de masas que reclamaba el derecho de Catalunya a decidir su futuro, desviando así el foco de la protesta social contra sus políticas. Lamentablemente, organizaciones de la izquierda independentista como la CUP aceptaron este giro como un “paso adelante” y sostuvieron parlamentariamente a los diferentes gobiernos del PDeCAT, sus recortes y sus políticas de austeridad en aras de la independencia nacional.

Cuestión nacional y marxismo

¿Qué posición tenemos los marxistas ante estos acontecimientos? En primer lugar dejamos meridianamente claro nuestro completo rechazo a la brutal ofensiva reaccionaria del PP y de sus aliados políticos, Ciudadanos y el PSOE, del aparato del Estado, la judicatura y el ejército, y de los medios de comunicación del sistema, contra el derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya. En segundo lugar, sostenemos que hay que arrebatar a los políticos burgueses y pequeños burgueses la dirección de este movimiento de masas democrático-nacional, y ligar el combate por la república a la transformación socialista de Catalunya, del Estado español y de Europa.

Como ya sucedió históricamente, la cuestión nacional se ha revelado un problema irresoluble para la izquierda reformista y parlamentaria en todas sus variantes: o bien ha sostenido el punto de vista de la clase dominante, amplificando todos los prejuicios del nacionalismo españolista y respaldando las medidas represivas del Estado, como ha sido el caso del PSOE; o, abandonando una posición de clase, revolucionaria e internacionalista, han planteado una equidistancia imposible entre la nación opresora y su Estado y el movimiento de masas de la nación oprimida, concediendo a la burguesía española y catalana un gran margen de maniobra para sus fines reaccionarios, como ha sido el caso de Podemos e IU.

La lucha de millones de personas por el derecho a la autodeterminación y la república catalana, contra el PP y el régimen del 78, ha sido denunciada por numerosos intelectuales “progresistas”, e incluso por políticos de izquierdas que se llegan a declarar “republicanos” y “comunistas” como Alberto Garzón, como un movimiento reaccionario dirigido por las élites catalanas.

Este argumento es inaceptable para un revolucionario. La verdad es siempre concreta, y en este caso, es más que evidente que la burguesía catalana no sólo no ha impulsado la lucha por la independencia y la república, sino que se ha posicionado rotundamente en contra, aliándose con la burguesía española y jugando un papel fundamental al alentar la campaña del miedo. Por tanto, lo que algunos consideran una postura “de clase”, sólo esconde una completa renuncia a intervenir en un movimiento de masas que desafía la represión y lucha contra una unidad nacional impuesta con métodos autoritarios, y que podría jugar además un gran papel para movilizar a los oprimidos del resto del Estado contra el gobierno del PP, su corrupción y sus recortes.

Garzón se declara marxista, y pretende justificar sus posiciones falsificando de forma grosera el pensamiento de los grandes marxistas. Hace más de cien años, Lenin escribió un magnífico texto, El derecho de las naciones a la autodeterminación, fijando la posición de los marxistas revolucionarios sobre este tema. Lenin no era nacionalista, tampoco Marx ni Engels. Eran internacionalistas, pero entendían que la defensa del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas, como hoy es el caso de Catalunya, era algo prioritario en la batalla por el socialismo. Luchar contra la opresión nacional es igual de importante que luchar contra la opresión de clase. Por supuesto, en el movimiento de liberación nacional los marxistas nunca nos subordinamos a la burguesía de la nación oprimida, en este caso a la burguesía catalana, ni a su representación política, el PDeCAT. Al tiempo que abogamos por el derecho de autodeterminación de la nación oprimida —que significa obviamente su derecho a la independencia—, esta demanda democrática la vinculamos a la lucha por un programa revolucionario y la transformación socialista, lo que implica mantener una completa independencia política respecto a la burguesía.

A la hora de situarse ante los movimientos de liberación nacional, como siempre hacían Marx, Engels, Lenin o Trotsky, es necesario distinguir entre sus tendencias reaccionarias y progresistas, y apoyarse en estas últimas para hacerlo avanzar en una dirección anticapitalista y revolucionaria. En el movimiento de masas por la república catalana hay que diferenciar, por un lado, el papel que juegan en él los dirigentes del PDeCAT o de ERC, que no quieren romper con la lógica del capitalismo y que en el Govern han asumido medidas de ajuste y austeridad; y por otro, la inmensa mayoría de quienes lo integran: cientos de miles de jóvenes, amplios sectores de las capas medias empobrecida y de la clase trabajadora más radicalizada, que luchan contra la opresión nacional del Estado, contra las políticas del PP y aspiran a una república catalana con justicia social. Esta ha sido, mayoritariamente, la base social que ha nutrido las grandes manifestaciones de la Diada que han abarrotado las calles de Barcelona y de Catalunya en los últimos años.

Los hechos son tozudos: el movimiento de masas del 1 y del 3 de octubre, que en esta última jornada protagonizó una huelga general histórica, desbordó por la izquierda a los dirigentes del PDeCAT y de ERC, muchos de los cuales vacilaron hasta el último momento en organizar el referéndum, y provocó el mayor desafío al régimen del 78, a sus partidos y sus instituciones.

El régimen del 78 y el derecho a la autodeterminación

Durante cuatro décadas se nos ha presentado este régimen como producto del consenso democrático. La realidad fue que, entre 1976 y 1978, distintos políticos franquistas (Martín Villa, Adolfo Suárez y muchos otros) se reconvierten en “demócratas” siguiendo las directrices la burguesía española e internacional y, para abortar una situación revolucionaria que no sólo amenazaba con barrer la dictadura sino también al capitalismo español, buscan un acuerdo con las direcciones de las organizaciones de la izquierda (PCE y PSOE)

Este gran pacto, o gran traición si lo consideramos desde el punto de vista de la clase obrera, supuso un cambio de fachada. La clase dominante española reconoció legalmente parte de las libertades y derechos democráticos que ya habían sido impuestos por la movilización popular, a cambio de que los dirigentes del PSOE y el PCE (Felipe González y Santiago Carrillo) aceptaran el régimen monárquico impuesto por Franco, asumieran la economía de “libre mercado” y una ley de punto y final que garantizó la impunidad de los crímenes del franquismo y mantuvo intacto un aparato estatal (judicatura, fuerzas policiales y militares) heredado de la dictadura.

La Constitución de 1978 enmarcó todas estas concesiones y les dio la forma de “democracia parlamentaria”. Los dirigentes del PSOE y del PCE apoyaron entusiastamente este nuevo régimen, del que decían era una etapa previa para el socialismo. En realidad, con su actuación permitieron que los grandes capitalistas retomaran el control completo de la situación poniendo fin a la gran crisis revolucionaria que sacudió el Estado español en aquellos años.

Un elemento central de todo este “consenso” fue negar el derecho de autodeterminación de Catalunya, Euskal Herria y Galiza. El texto constitucional reconoció las Comunidades Autónomas, pero garantizando la unidad de la “Patria” mediante medidas de excepción (como el artículo 155) y el recurso a la violencia legal del Estado. La España, una, grande y libre quedaba a salvo.

Los argumentos de las direcciones reformistas de la izquierda para aceptar aquel “acuerdo” fueron los que siempre se utilizan en una situación revolucionaria para justificar el derrotismo: “ruido de sables”, “amenaza golpista”, “correlación de fuerzas” desfavorable. Este último argumento, por cierto, se intenta utilizar hoy en Catalunya también para justificar el abandono de la lucha por la república.

Oportunismo y colaboración de clases

Las razones anteriores señalan la absoluta incongruencia de aquellos dirigentes que se llenan la boca de denuncias contra el “régimen del 78” y declaran la necesidad de abrir “un nuevo proceso constituyente”, pero a la hora de la verdad, cuando las masas se ponen en marcha las abandonan y las denuncian por “despertar al fascismo”.

Es realmente increíble que cuando el pueblo de Catalunya se levanta contra la opresión, la dirección estatal de Podemos, de Izquierda Unida y los dirigentes de Catalunya en Comú se conviertan en campeones del respeto a la legalidad capitalista, insistiendo en un referéndum pactado y defendiendo ideas tan reaccionarias como que el 155 es el resultado de la falta de “diálogo” y “responsabilidad” política de Rajoy y Puigdemont en igual medida.

Pablo Iglesias, Alberto Garzón y otros dirigentes de Unidos Podemos no quieren ver el fondo del asunto. ¿Su alternativa es un referéndum acordado con el mismo Estado que contesta a la movilización democrática del pueblo de Catalunya con la cárcel, las porras y las pelotas de goma? ¿Acaso estos dirigentes no han oído hablar de la lucha de clases? Si se ha llegado a un enfrentamiento tan duro es porque el Estado centralista y el régimen del 78 jamás aceptarán un referéndum pactado y legal sobre la autodeterminación de Catalunya. Y no lo harán por los motivos políticos señalados y otros económicos de mucho peso: la burguesía española no está dispuesta a renunciar a un mercado como el catalán, que representa casi un tercio del PIB español.

Un argumento que suelen unir al anterior los dirigentes de IU y Podemos es que el referéndum del 1 de octubre, además de ser ilegal, no es legítimo. Ver para creer. Es embarazoso tener que recordar a Pablo Iglesias y Alberto Garzón que todas las movilizaciones que han servido para obtener derechos y mejoras sociales, empezaron en muchos casos siendo ilegales, precisamente porque las leyes suelen estar hechas por y para los opresores. ¿Cómo se consiguió el voto de las mujeres? ¿Cómo se acabó con la dictadura de Franco? ¿Cómo se consiguieron frenar las leyes racistas y segregacionistas en EEUU o Sudáfrica? La lista se haría interminable. Pero para ir más cerca en el tiempo. ¿Cómo se han impedido cientos de desahucios? ¿Respetando una legalidad fraudulenta que sólo sirve a los intereses de los banqueros? ¿Acaso se han olvidado ya del 15-M? ¿Cómo se puede anteponer la legalidad, y menos la legalidad de un Estado tan represivo y autoritario, a las justas aspiraciones democráticas de un pueblo en lucha?

La cosa se pone aún peor con el “argumento” de la ilegitimidad del referéndum del 1 de octubre. Más de 2.200.000 personas defendieron e impusieron su derecho a votar enfrentándose a las porras y pelotas de goma de decenas de miles de policías y guardias civiles. El porcentaje de participación de este referéndum fue superior al de las elecciones europeas de 2014. El número de votos favorables a la república catalana superó claramente los votos afirmativos al Estatut de 1977, la norma que regula la relación de Catalunya con el Estado español. ¡Qué elección podría tener más legitimidad que ésta, conquistada mediante la lucha, la movilización y la resistencia frente al Estado y su maquinaria represiva!

Las posiciones de los dirigentes de Unidos Podemos son insostenibles no sólo desde el punto de vista de la defensa de los derechos democráticos de Catalunya. También si tenemos en cuenta el llamado “proceso constituyente” que defienden como estrategia para alcanzar una “República Federal”. Ni Garzón ni Pablo Iglesias aclaran qué orientación de clase, capitalista o socialista, tendría ese proceso constituyente ni esa república federal. Pero, independientemente de eso, ¿cómo pretenden lograrlo? ¿Mediante el acuerdo con el Estado franquista y el PP? ¿Alcanzando un consenso con la burguesía española?

La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 fue resultado de la acción revolucionaria de las masas que echaron abajo la dictadura de Primo de Rivera, y con sus huelgas y movilizaciones masivas durante 1930 y 1931 mandaron a Alfonso XIII al exilio. La proclamación de la república, aceptada a regañadientes por los capitalistas como un mal menor, no pudo contener el movimiento de los trabajadores, los campesinos sin tierra y la juventud hacia la revolución socialista.

La analogía histórica tiene su importancia. Una república catalana ganada mediante la acción revolucionaria de la población lleva inevitablemente a un combate frontal contra el PDeCAT y la burguesía catalana. Y no sólo abriría las puertas a la revolución en Catalunya, más pronto que tarde contagiaría al resto del Estado. El régimen del 78, que está en crisis y cada vez más desprestigiado, colapsaría. Eso lo han comprendido desde el primer momento la burguesía española y la catalana, de ahí su reacción furibunda para aplastar este movimiento utilizando todos los medios a su alcance.

El bloque monárquico-reaccionario  y su estrategia

Que los acontecimientos del 1 y 3 de octubre abrieron una crisis revolucionaria en Catalunya lo prueban los hechos. En la noche del 3 de octubre el rey Felipe VI se dirigió a la nación en un discurso incendiario abogando por medidas represivas drásticas. A partir de ese momento, el mecanismo para la aplicación del artículo 155 se activó para impedir la proclamación de la república catalana. La judicatura recibió órdenes de poner en marcha una “causa general” contra el independentismo, que acabaría metiendo en la cárcel a dirigentes reconocidos del movimiento. La burguesía catalana declaró su apoyo al Estado centralista con medidas contundentes, y los medios de comunicación del sistema se lanzaron a una campaña de mentiras y manipulaciones sin precedentes.

Pongamos algunos ejemplos. El diario El Mundo condensaba el odio y el pánico de la clase dominante de esta manera: “Ante esta flagrante insurrección al orden legítimo, y en un contexto revolucionario que incluye la convocatoria de una huelga general, el Gobierno no puede dilatar la asunción de medidas que permitan frenar en seco los planes del independentismo, lo que incluye la aplicación inmediata del artículo 155 o la Ley de Seguridad Ciudadana, en aras de preservar la legalidad y situar a los ­Mossos bajo el control del Estado” (Ni un minuto que perder frente al independentismo, 2 de octubre de 2017). Editoriales, artículos de opinión, columnas, reportajes se desparramaron por los medios escritos, las radios y las televisiones. Algunos de ellos, como los del diario El País, destacaban por una histeria rayana en la locura.

La burguesía catalana dio el pistoletazo de salida para una campaña del miedo nauseabunda: en pocos días 2.000 empresas anunciaban su salida de Catalunya, y el argumento del caos económico se esgrimió con fuerza para evitar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la proclamación de la república. Todos los actores políticos del bloque monárquico se pusieron en marcha para insuflar al españolismo una base de masas en Catalunya. Hasta ese momento, ni PP ni Ciudadanos ni PSOE habían podido organizar ni una sola manifestación significativa en defensa de la “unidad de España”, ni dentro ni fuera de Catalunya.

Como en otros momentos revolucionarios o prerrevolucionarios, la burguesía empleó todo su poder económico y mediático para movilizar a los sectores más atrasados y reaccionarios de la población catalana y española. Acarreando en centenares de trenes y autobuses a miles de militantes del PP y de Ciudadanos desde otros territorios y desde toda Catalunya, la manifestación españolista del 8 de octubre organizada por Sociedad Civil Catalana, y publicitada hasta la saciedad por los medios de comunicación españoles, reunió a dirigentes del PP, Ciudadanos, PSOE y PSC, con los fascistas de Falange o la Fundación José Antonio. La imagen de Josep Borrell arengando a decenas de miles con banderas de España, mientras el reaccionario, machista y xenófobo Albiol, o Albert Rivera e Inés Arrimadas aplaudían a rabiar, fue la imagen del día.

Pocas semanas después, el aquelarre contaría con un invitado aún más inesperado: Paco Frutos, ex secretario general del PCE, que fue utilizado de mamporrero por la reacción en un discurso delirante en el que atacó virulentamente la huelga estudiantil del 26 de octubre convocada por el Sindicat d’Estudiants junto a otras organizaciones, y que fue clave para presionar a Puigdemont en un momento en que parecía dispuesto a renunciar al mandato del 1 de octubre y convocar elecciones anticipadas. Que la derecha resucitase a este viejo estalinista reconvertido en adalid de la España una, grande y libre, no era accidental. Al igual que con la presencia de los dirigentes del PSOE y PSC, el bloque monárquico intentaba disimular la esencia profundamente reaccionaria de las manifestaciones españolistas ante capas de la clase obrera desmoralizadas y temerosas de la independencia pero con tradición de izquierdas.

El camino para resistir la ofensiva reaccionaria

Para derrotar a la reacción monárquica, su ofensiva represiva y la feroz campaña del miedo que la clase dominante había desatado, era imprescindible en aquel momento (y sigue siéndolo) ganar a la causa de la república a la poderosa clase obrera catalana. El hecho de que existiera un importante recelo sobre las auténticas intenciones del “procés” entre amplios sectores de los obreros catalanes no es ninguna casualidad. Los políticos burgueses que dirigen el PDeCAT siempre han despreciado a las familias inmigrantes llegadas a Catalunya en los años 50, 60 o 70, con todo tipo de calificativos racistas y clasistas, y han gobernado contra ellos y a favor del gran capital.

Cuando el 1 y 3 de octubre cientos de miles de jóvenes, activistas, trabajadores y ciudadanos en general se enfrentaron a la represión y paralizaron Catalunya, se estableció un primer puente para ganar a la mayoría de la clase trabajadora catalana para la causa de una república con justicia social. En aquellas jornadas, sectores muy amplios de los obreros de las grandes ciudades y de sus cinturones rojos recordaron que la derecha del PP es un enemigo irreconciliable de sus intereses.

Pero, para mantener y ampliar ese puente, había que unir la lucha por la república a un programa socialista audaz contra los recortes y la austeridad, a un plan de acción de movilizaciones contundentes, incluida la huelga indefinida, y a la solidaridad activa de la población, de los trabajadores y la juventud del resto del Estado. Esta era la tarea de las organizaciones de masas de la izquierda y los sindicatos, rompiendo cualquier tipo de subordinación tanto al bloque monárquico como a los políticos burgueses del PDeCAT. Pero nada de esto ocurrió.

El aparato burocrático de CCOO y UGT se alineó rápidamente con los que impulsaban el 155, renunciando no sólo a la movilización sino asegurando su lealtad al gobierno del PP, a la Corona y a las instituciones del Estado que lideran la represión. Por su parte, los dirigentes de Unidos Podemos se limitaron a mantener la equidistancia deplorable que ya hemos comentado, asustados de que la campaña del miedo les hiciera perder votos, y renunciando a movilizar a la población del resto del Estado en defensa de los derechos democráticos de Catalunya y por la república.

La política de la dirección de la CUP

La irrupción de la CUP en noviembre de 2012, con tres diputados en el Parlament, reflejaba la voluntad de cambio de un sector de la sociedad, sobre todo jóvenes, que ligaban la idea de la independencia a una ruptura con el capitalismo. En 2015 la CUP consiguió 10 diputados, recogiendo el malestar de cientos de miles que apoyaban la independencia pero además rechazaban la política de recortes y privatizaciones de Junts pel Sí (coalición de ERC y Convergència)

Lo que esperaban esos electores, y una mayoría de la militancia, era que la CUP liderase la movilización a favor de un referéndum de autodeterminación pero también contra la agenda antisocial del Govern. Pero la dirección se ha equivocado sosteniendo con sus votos en el Parlament al PDeCAT. Esto sólo ha servido para mantener a los políticos burgueses al frente del “procés”, pese al descrédito y pérdida de apoyo que los ex convergentes venían sufriendo. A la hora de la verdad, cuando el movimiento de masas exigía decisiones y acciones más contundentes, como proclamar la república y defenderla, Puigdemont y sus colaboradores más estrechos tenían la última palabra.

Para derrotar la represión estatal y continuar la lucha por la república del 1 de octubre, los dirigentes de la CUP deberían haberse orientado firmemente hacia un programa de independencia de clase. En lugar de eso, y aunque manifestaban una retórica muy radical, siguieron atados a la estrategia del PDeCAT y de Puigdemont, que lo último que pretendían era llevar a cabo una proclamación de la república que supusiera romper el orden capitalista en Catalunya.

No hay duda de que los militantes de la CUP han estado a la vanguardia de la movilización impulsando los Comités de Defensa de la República (CDR), lo que les ha valido ser blanco de las amenazas y los ataques de los fascistas, de la reacción españolista y recibir directamente los golpes de la represión. Pero sus dirigentes, al anteponer la “independencia” a la transformación social, no han sido capaces de aprovechar la oportunidad que les otorgaba la crisis revolucionaria y la gigantesca movilización de masas para conquistar la dirección del movimiento, y se han convertido en elementos auxiliares de las maniobras de Puigdemont en los momentos decisivos. En las elecciones del 21-D han pagado un alto precio por estos errores.

La aplicación del 155, el encarcelamiento de los Jordis y Junqueras y el exilio de Puigdemont

Tras los acontecimientos del 1 y 3 de octubre, los dirigentes del “procés” no plantearon un plan de lucha serio para resistir la ofensiva reaccionaria. Cediendo a la presión de la burguesía catalana, el aparato del PDeCAT y las burguesías europeas, Puigdemont dio un paso atrás, suspendió la proclamación de la república y propuso abrir negociaciones con el gobierno de Rajoy y el Estado español.

En este lapso de tiempo se confirmaron los límites de la política de los dirigentes del PDeCAT y ERC: de ninguna manera querían continuar alentando una movilización de masas que se les escapaba de las manos y que les enfrentaba a la clase dominante española y catalana. Toda su estrategia en ese momento fue dejar claro que no iban en serio, que estaban dispuestos a retroceder si el Estado les daba alguna salida. Estas muestras de debilidad fueron entendidas claramente por el PP y el bloque del 155. Era el momento de dar una lección no sólo a estos políticos, sino al conjunto del movimiento que había desafiado de esta manera al régimen del 78.

La maquinaria del Estado se puso en marcha y perpetró el mayor atentado en cuarenta años contra los derechos democráticos de todo un pueblo. Encarcelaron sin fianza a los dirigentes de ANC (Asamblea Nacional Catalana) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelaron igualmente a ocho consellers del Govern (entre ellos el vicepresidente Junqueras) y aplicaron el artículo 155 de la Constitución anulando la autonomía catalana y sus instituciones. El presidente Puigdemont, amenazado también con la prisión, huyó y se exilió en Bélgica.

Todas estas medidas significan un golpe de Estado contra los derechos democráticos de todos los trabajadores y de la juventud, en Catalunya y fuera de ella, pues las excusas legales utilizadas para encarcelar a los consellers y los Jordis pueden ser aplicadas mañana contra cualquiera que se rebele contra este sistema.

La querella del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, acusando a los miembros del Govern del delito de “rebelión” y “sedición” expresa los objetivos de todo el bloque reaccionario y tiene una trascendencia histórica al considerar el movimiento de millones de ciudadanos pacíficos, ejerciendo su legítimo derecho a votar el 1 de octubre y a participar en la huelga general del 3, como “un levantamiento violento”.

Junqueras, los Jordis y Forn son presos políticos. Han sido encarcelados de manera totalmente injusta por sus ideas, violando derechos considerados fundamentales para calificar a cualquier régimen de democrático. No sólo eso. El gobierno y el Estado español les están utilizando como rehenes. Desde Esquerra Revolucionària/Izquierda Revolucionaria defendemos su liberación inmediata y la de todos aquellos que, como Alfon, Andrés Bódalo y muchos otros, están en prisión a causa de sus posiciones políticas.

La querella de Maza es sólo la punta del iceberg: la utilización del llamado “delito de odio” y los nuevos procesos abiertos contra otros dirigentes independentistas, avisan de que la ofensiva no se detendrá. El objetivo de estos reaccionarios, entre los que hay que incluir de manera muy señalada a los dirigentes del PSOE, es poner de rodillas a los millones que salieron a las calles desafiando a la monarquía, el Estado y un gobierno corrupto que desprecia sus justas aspiraciones y que eso sirva, además, de escarmiento para todos los oprimidos.

Por supuesto, y dadas las dificultades para mantener suspendida la autonomía mucho tiempo, el bloque del 155 organizó las elecciones del 21-D esperando que esta escalada represiva, y la falta de un plan de lucha decidido y continuado por parte de los dirigentes independentistas, fuesen suficiente para desmoralizar y derrotar el movimiento de masas, cerrando así la crisis abierta con un triunfo rotundo de las fuerzas reaccionarias.

Mayoría independentista en el Parlament

Las elecciones del 21 de diciembre, más allá de la propaganda oficial, supusieron una derrota sin paliativos para todo el bloque del 155 y especialmente para el PP, reducido a la última posición. La reacción buscaba acabar con la mayoría independentista en el Parlament, conformar un Govern bajo control españolista y cerrar la crisis política en Catalunya. No ha logrado ninguno de esos objetivos.

Los medios de comunicación, la monarquía, los partidos del régimen del 78 y la burguesía española y catalana han intentado disimular su fracaso proclamando vencedores a Arrimadas y Ciudadanos, pero la realidad es incuestionable. Junts per Catalunya (JxCat) y ERC obtienen 66 escaños, 30 más que Ciudadanos, superándoles en casi 800.000 votos. Sumando las papeletas de la CUP, el independentismo sube 105.000 votos respecto a 2015 y revalida su mayoría absoluta en el Parlament. Teniendo en cuenta, además, que Catalunya en Comú (confluencia catalana de Podemos) se ha opuesto al 155, los votos a partidos que declaran su apoyo al derecho a decidir superan el 55%.

Es importante señalar que identificar la victoria de la lista de Carles Puigdemont (JxCat) dentro del campo independentista como un apoyo a las políticas antiobreras del PDeCAT o un voto de derechas no sólo es un grave error, significa falsear la realidad. Centenares de miles de jóvenes, sectores de las capas medias empobrecidas e incluso trabajadores que rechazan al ­PDeCAT y Convergència, se decidieron por JxCat como el voto más útil, porque ven en Puigdemont a alguien que se ha enfrentado decididamente al Estado español desafiando al bloque monárquico desde el exilio. Su denuncia de la represión fue más enérgica que la de dirigentes de ERC como Forcadell, Rovira o el propio Junqueras, que se comprometieron a acatar el 155 y renunciar a la unilateralidad ante el juez o, dicho de otro modo, a posponer la lucha por la república catalana a un pacto con el Estado.

La derrota del bloque del 155 es más impresionante teniendo en cuenta todas las maniobras antidemocráticas del aparato del Estado y del gran capital español y catalán para impedir que los partidarios de la república pudieran expresarse libremente. La campaña del miedo no sólo se recrudeció con más fugas de empresas, amenazas de colapso económico y enfrentamiento civil, sino que la causa general por delitos de sedición y rebelión se amplió y, sobre todo, impidieron que las elecciones se realizaran en condiciones de igualdad, obligando a JxCat y ERC a hacer campaña sin sus candidatos principales al mantener como rehenes a Oriol Junqueras, Forn y los Jordis y amenazar con detener a Puigdemont si pisaba Catalunya.

Lejos de significar un giro a la derecha, como afirman Pablo Iglesias y otros dirigentes de Unidos Podemos, las elecciones catalanas del 21-D representan una victoria de esas mismas masas que resistieron a las porras y pelotas de goma el 1 de octubre. Más de dos millones de personas han vuelto a gritar alto y claro a todo el que quiera escuchar, y no tenga sus oídos taponados por el miedo o el cretinismo parlamentario, que están dispuestas a romper con el régimen represivo y corrupto del 78 y lucharán contra cualquier intento de robarles su derecho a hacer realidad una república catalana que sirva para mejorar sus condiciones de vida y conquistar un verdadero cambio social.

No obstante, los resultados arrojan una fuerte polarización del voto en líneas nacionales, y que Arrimadas consiga altos porcentajes en barrios y ciudades industriales de Barcelona o Tarragona representa una derrota en toda regla para esa izquierda reformista que, con su discurso y su práctica, permite que el nacionalismo españolista avance entre sectores de los trabajadores.

El voto a Ciudadanos

El partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas obtuvo 300.000 votos más que en las anteriores elecciones al Parlament del 26 de septiembre de 2015. Se trata fundamentalmente de papeletas que cambian de partido dentro del bloque españolista: mayoritariamente provienen del PP, aunque también de votantes tradicionales del PSC que éste esperaba recuperar, pero que finalmente prefirieron el voto útil a Arrimadas en lugar de la mala copia que representaban Iceta y un PSC cada vez más desprestigiado.

El voto a Ciudadanos incluye obviamente a reaccionarios de derechas de toda la vida, sectores de capas medias privilegiados, pero también a familias trabajadoras de barrios y ciudades industriales del cinturón rojo de Barcelona o de Tarragona. Estos trabajadores no ven a Arrimadas y Rivera igual que a Rajoy o Albiol. No han pasado todavía por una experiencia de gobiernos de Ciudadanos chapoteando en la corrupción y aplicando los mismos recortes que el PP, y se muestran temerosos de las consecuencias económicas y políticas de la independencia. Desesperados por la crisis, y desmovilizados y decepcionados por la falta de alternativas de los dirigentes de la izquierda reformista, estos sectores han caído presos de la demagogia de Ciudadanos.

Para captar su voto, Arrimadas oculta su programa (dictado por el Ibex 35) hablando de que hay que preocuparse por los “problemas sociales” y denunciando el “dinero gastado en el procés”. La utilización constante de la fuga de empresas para presentar un escenario de pesadilla si se declara la independencia, ha permitido reforzar su imagen de campeona de la “unidad de España” jugando con los sentimientos de familias humildes originarias de otras zonas del Estado. Pero de lo que no hay duda es que Ciudadanos ha recibido una inyección de millones de euros de la burguesía española y catalana para llegar a todos los rincones de Catalunya.

A diferencia del voto por la república catalana, mucho más movilizado y consciente, el voto a Ciudadanos es muy heterogéneo, más inestable y volátil. En barrios y ciudades con elevados porcentajes de población obrera en los que Ciudadanos es la fuerza más votada en las elecciones catalanas de 2015 y 2017, en las elecciones generales ganó Podemos. Sin embargo su avance es una amenaza muy seria para la clase trabajadora, la juventud y los derechos democráticos. Ciudadanos es una fuerza reaccionaria, populista, españolista y se ha convertido en la formación con la que la burguesía española y catalana pretenden insuflar aliento a la derecha.

Los resultados de Catalunya en Comú

Los dirigentes de Unidos Podemos y Catalunya en Comú enfocaron esta campaña electoral de una manera semejante a como se habían posicionado en estos cuatro meses de lucha: manteniendo la equidistancia, y equiparando al movimiento de masas que lucha contra el PP, la opresión centralista y la represión, con los partidos que han activado el 155 y son el sostén del régimen del 78. Las declaraciones a favor de “retejer” la sociedad catalana, o recuperar la “concordia” y el “consenso”, acusando al movimiento independentista de “provocar al fascismo” son realmente escandalosas en boca de dirigentes que se dicen de izquierdas.

La orientación desastrosa de la campaña ya se anticipó con el ataque al coordinador de Podemos en Catalunya, Albano Dante Fachin, por mantener una posición mucho más fiel a los principios fundacionales de Podemos que la dirección estatal. Eso le valió un duro enfrentamiento con la misma y con los dirigentes de ­Catalunya en Comú que se saldó con su salida de Podem y la creación de Som Alternativa.

Identificándose claramente como internacionalista, Albano Dante propugnó correctamente que los militantes de Podem debían participar en primera línea en la organización y defensa del referéndum y en la lucha por que se aplicase el resultado, defendiendo la república catalana contra la represión del Estado. Si la dirección estatal de Podemos hubiese apoyado estas posiciones, habría sido posible fortalecer ese puente del que antes hablábamos entre el movimiento de masas que lucha por la república y los sectores de la clase obrera catalana que rechazan al PP pero desconfían del independentismo. También habría servido para construir un Podem más fuerte, pues es innegable que entre los militantes, y más aún entre sus votantes, existe insatisfacción con la posición mantenida por sus dirigentes, algo que se expresó con claridad en la decisión de las bases de Barcelona en Comú de romper el pacto municipal con el PSC en protesta por el apoyo de éste al 155.

El acoso contra Dante Fachin contrasta con la indulgencia mostrada con dirigentes que reproducen abiertamente los prejuicios españolistas, como Carolina Bescansa o Joan Coscubiela. Coscubiela, portavoz parlamentario de la confluencia de Podem en Catalunya (Catalunya Sí que es Pot) en aquel momento y ex secretario general de CCOO, fue ovacionado de manera bochornosa por los diputados del PP y Ciudadanos tras varias intervenciones delirantes contra la república catalana.

Durante la campaña, dirigentes como Monedero llegaron a justificar la aplicación del 155, y muchos de los argumentos esgrimidos por los portavoces de ­Catalunya en Comú-Podem apenas era una mala copia del discurso de Iceta y el PSC. Peor aún, en algunos mítines repitieron literalmente ideas que Arrimadas utilizaba, como tachar la república catalana de “locura irrealizable”. Desdibujando las diferencias entre derecha e izquierda, facilitaron a Ciudadanos llegar a una capa de trabajadores desorientados, sin ganar absolutamente nada entre las bases independentistas. Era inevitable que, en estas condiciones, redujeran su apoyo electoral; un fenómeno que puede extenderse al resto del Estado en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, si persisten en esta política desastrosa.

¿Realismo o claudicación?

La respuesta del régimen del 78 a la derrota del 21-D no deja lugar a dudas: incrementar la represión abriendo nuevos procesos judiciales, y la certeza de que suspenderán la sesión de investidura del Parlament si este decide aceptar la candidatura de Puigdemont desde el exilio. Frente a estas amenazas, que implican de facto la existencia de una autonomía intervenida, el mantenimiento de presos políticos y la prolongación del 155 todo lo que sea necesario, la respuesta de los dirigentes de ERC y Junts per Catalunya (JxCat) es buscar, como sea, una tabla de salvación que les permita mantener sus posiciones al frente del movimiento independentista, aunque eso signifique capitular y renunciar clamorosamente a defender la república catalana que votaron más de dos millones de personas.

En su declaración del 12 de enero ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el ex conseller de Interior, Joaquim Forn, manifestó que “aunque no renuncia a los objetivos de Junts per Catalunya, en estos momentos, la actuación política debe pasar por los cauces constitucionales”. “Ha habido actuaciones contra la Constitución” y “hay que variar esa actuación”, dijo Forn. Jordi Sánchez, dirigente de ANC y número dos de la lista de Junts per Catalunya ­(JxCat), declaró no creer “en la unilateralidad para alcanzar la independencia”, comprometiéndose a que “si en el futuro el nuevo Govern decide optar por una salida no pactada, dejará el escaño”. Una posición similar mantuvo el líder de Òmnium, Jordi Cuixart: “el único referéndum por la independencia será el que convoque el Gobierno de España”.

Todas estas declaraciones continúan el camino abierto por las renuncias de Carles Mundó (ERC) y de Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament, y la salida de la dirección del PDeCAT de Artur Mas debido, aparentemente, a los procesos judiciales en marcha. Mas pidió no romper la unidad del PdeCAT con JxCat, reconociendo que hay fuertes divisiones entre el aparato convergente y Puigdemont, e instó a éste último a renunciar a la “unilateralidad” y “ser realista”.

En el mismo sentido se pronunciaron los principales dirigentes de ERC. Marta Rovira llamaba a actuar con “realismo absoluto” para “recuperar el control de las instituciones”. El 13 de enero, en un artículo en el diario Ara titulado 'Recuperem les institucions', el vicepresidente Oriol Junqueras insistía: “mantener los pies en el suelo”, “buscar un gobierno fuerte y estable, de amplio espectro”, hacer todo lo posible para “evitar que el Estado pueda bloquear el Parlament”.

Debemos ser claros: estas declaraciones significan claudicar ante el Estado y renunciar a aplicar el mandato democrático del 1 de octubre y del 21 de diciembre, metiendo en el baúl de los recuerdos la república catalana.

En respuesta, la caverna mediática españolista y los dirigentes del PP, Ciudadanos y PSOE han salido exultantes, utilizando estas declaraciones para intentar sembrar más desmoralización entre las masas que se han mantenido. “Desbandada” titulaba en portada y con grandes caracteres ABC. “Esperpento catalán” decía El País.

La claudicación de los dirigentes de ERC y JxCat sólo contribuye a que la represión del Estado continúe y se intensifique: la burguesía española ha dejado claras sus intenciones manteniendo en la cárcel a Junqueras y los Jordis, exigiéndoles una rendición humillante. El editorial de El País del 12 de enero es bastante claro al respecto. “Cataluña necesita desembarazarse cuanto antes de Puigdemont y sus estrambóticas propuestas. Los votos no pueden garantizarle ni a él ni a ningún político la impunidad ante la ley”.

Esta es la respuesta al “realismo para recuperar el control de las instituciones” de Junqueras y Rovira ¿Qué control y de qué instituciones? ¿El “derecho” a debatir bajo la tutela del Estado español en un Parlament que no tome ninguna decisión que contraríe sus leyes reaccionarias, porque, de lo contrario, Govern, Parlament y autonomía serán suspendidas de nuevo fulminantemente?

El problema no es la correlación de fuerzas

Si algo demuestra la experiencia de los últimos meses es que lo único capaz de frenar la represión del Estado es la movilización masiva en la calle. Por el contrario, cada vez que ésta se abandona, la reacción españolista se envalentona y lanza nuevos ataques. ¿Cuándo encarcelaron a los Jordis? No fue el 20 de septiembre, durante la manifestación espontánea masiva que posteriormente utilizaron como excusa para imputarles. Tampoco el 1 de octubre, ni durante la huelga general del 3. Si lo hubiesen intentado en esas circunstancias habrían provocado una insurrección de masas. Sólo se atrevieron cuando, tras la gigantesca demostración de fuerza de esas jornadas, muchos de esos mismos dirigentes que hoy piden realismo llamaron a abandonar las calles.

Durante casi quince días los dirigentes del “procés” dejaron la iniciativa en manos de la reacción. La ausencia de movilizaciones de masas fue determinante para que la decisión de proclamar la república quedase en manos de un individuo: Puigdemont y éste, cediendo a la presión de la burguesía catalana y europea, del aparato del PdeCAT y de algunos de los mismos que hoy se vuelven a declarar “realistas”, la suspendió y llamó a Rajoy al diálogo. ¿Cuál fue el resultado? Que el Estado rechazó cualquier negociación, ganó tiempo y margen de maniobra y organizó la brutal ofensiva que ya conocemos.

Tras verse obligados los dirigentes de ERC y PDeCAT a proclamar la república el 27 de octubre por la presión de las bases desde abajo, ni el Govern ni la mayoría independentista del Parlament organizaron su defensa en la calle. Resultado: más presos políticos, nuevos ataques a los derechos democráticos, fomento por parte de la derecha del veneno españolista, 155... En cambio ¿qué ocurrió el 1 de octubre? Entonces, más de dos millones de personas que votaron, y muchos más a quienes se impidió hacerlo, se negaron a retroceder y mediante su organización y movilización desde abajo, confiando en sus fuerzas, derrotaron la represión salvaje del Estado.

Hoy sabemos, por declaraciones de Marta Rovira, que el Govern, presionado por las amenazas del Estado español, discutió suspender el referéndum el mismo 1 de octubre. Pero no pudieron hacerlo porque esa batalla ya la había ganado el pueblo mediante su acción directa en la calle y los colegios electorales. Lo mismo pasó el 8 y el 11 de noviembre. Rajoy sopesaba aplicar durante más de seis meses el 155 en su versión más dura, intervenir totalmente la educación pública catalana, acabar con cualquier atisbo de autonomía de TV3... Incluso valoraron seriamente encarcelar a Puigdemont e ilegalizar a la CUP, los CDR y otras colectivos con “programas que cuestionen la constitución”, tal como exigieron el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado o su líder en Catalunya, García Albiol. Si no lo hicieron fue por el temor a las consecuencias políticas y sociales que tendrían esas medidas, tras comprobar la fuerza que se mostró en la huelga general del 8 de noviembre (a pesar del boicot de CCOO y UGT), y la masividad y el ambiente electrizante de la manifestación del 11 de noviembre, convocada para exigir la libertad de los presos políticos, y en la que participaron más de un millón y medio de personas.

Ahora, una vez más, los dirigentes de ERC y PDeCAT retroceden abiertamente. Después de que el pueblo catalán, de que sus sectores más avanzados, politizados y conscientes hayan mostrado nuevamente su disposición de llegar hasta el final venciendo al bloque del 155 en las urnas, nos encontramos con que en lugar de un plan para continuar la lucha se propone la retirada. Y el argumento para justificarla es que no hay fuerza suficiente para imponer la república. Después de lo visto estos meses no se puede esgrimir una justificación más falsa y cobarde

Lamentablemente esta es también la conclusión de muchos dirigentes de la CUP, como los compañeros de Endavant, que en su documento Valoración de los resultados electorales del 21-D concluyen: “hay una correlación de fuerzas que no permite materializar la república”. Los líderes de la CUP consideran que la conquista de la república catalana depende exclusivamente de la aritmética electoral, sin comprender que la lucha de masas, y la defensa de un programa socialista, es la clave.

Como explicábamos anteriormente, el escenario salido del 21-D es una pesadilla para la burguesía española y catalana. Necesitan cerrar la crisis revolucionaria pero tienen un grave problema. La convicción de que el régimen del 78 y este Estado español heredero del franquismo no pueden ofrecer otra cosa que corrupción y represión, ha arraigado de manera profunda en centenares de miles de personas.

El movimiento de masas ha mostrado tanta disposición, vitalidad y fuerza que para acabar con él no basta con que algunos dirigentes llamen al realismo y abandonen la lucha por la república. La burguesía española y catalana, y su Estado, necesita infligir una derrota en toda regla, desmoralizar a las masas, borrar de su conciencia cualquier esperanza. De ahí su ensañamiento y su negativa a liberar a los presos políticos incluso cuando estos declaran lo que les han exigido. Quieren dar un escarmiento y, antes de llegar a cualquier acuerdo, exigirán a quienes negocien con ellos beber la copa de la claudicación hasta las heces.

¡Por la república catalana de los trabajadores y el pueblo!

Las masas catalanas han demostrado su voluntad de romper con el régimen del 78 y hacer realidad la república, pero falta una dirección revolucionaria al frente de este movimiento; y ese es el factor decisivo, el que permite al gobierno del PP, a pesar de su desprestigio y debilidad, encontrar margen de maniobra para lanzar nuevos ataques.

En este momento las perspectivas siguen estando abiertas. Si consiguen que los dirigentes de ERC y JxCat desmovilicen a las masas, y la izquierda independentista (CUP, CDR) permanece subordinada a la estrategia de estas formaciones, esto tendría un efecto negativo sin duda. Pero el retroceso al que estamos asistiendo por parte de muchos dirigentes no es ninguna garantía para derrotar definitivamente este movimiento de masas, ni para calmar a la burguesía.

Como ya ha ocurrido en diferentes momentos de este proceso, la reacción pueda ir demasiado lejos y hacer que estalle el malestar acumulado. En cualquier caso, incluso si esto no ocurriese a corto plazo y consiguiesen estabilizar la situación por un tiempo, lo más probable es que la crisis continúe y vuelva a expresarse con más dureza. Con las políticas que defienden PP, Ciudadanos y PSOE, los factores que han alimentado el movimiento por la independencia lejos de mitigarse se verán agravados.

Los acontecimientos de estos meses han puesto a prueba a todas las organizaciones. La izquierda reformista ha fracasado a la hora de presentar una alternativa, y con sus políticas han asfaltado el camino al crecimiento de Ciudadanos. Más que nunca, la obligación de la izquierda que lucha es mostrar al conjunto de la clase trabajadora catalana, especialmente a los que emigraron en los duros años de la posguerra y cuyas familias sufrieron el desprecio clasista, racista y humillante de la burguesía catalana, que la república que queremos no es la de la oligarquía, sino la del pueblo, la clase obrera y la juventud.

Desde Esquerra Revolucionària hemos intervenido en estos acontecimientos históricos defendiendo una república socialista catalana que inscriba en su bandera la nacionalización de la banca y los grandes monopolios, la lucha contra los desahucios y por un techo digno para todos y todas, la defensa de la sanidad y la educación públicas, la derogación de todas las contrarreformas laborales, el fin de la precariedad, los bajos salarios y la violencia machista, y de toda la legislación represiva. Hemos movilizado todas nuestras fuerzas en este combate, y en colaboración con nuestros compañeros y compañeras del Sindicat d’Estudiants impulsamos las huelgas y las manifestaciones de cientos de miles de estudiantes.

Sabemos que los únicos aliados en quien pueden confiar las masas catalanas son los jóvenes y trabajadores de Madrid, Andalucía, Euskal Herria, Galiza…, de Europa y del mundo, que sufren los recortes y la represión del capitalismo. Eso también lo sabe la clase dominante, y es la razón de su campaña furiosa para dividir a los oprimidos diseminando el veneno del nacionalismo españolista.

Como escribió Marx a los trabajadores ingleses respecto a la lucha de sus hermanos irlandeses: “Un pueblo que oprime a otro jamás podrá ser libre”.

Por la república socialista de Catalunya y la república socialista federal, basada en la unión libre y voluntaria de los pueblos y naciones que componen actualmente el Estado español y que así lo decidan.

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  • • ¡Abajo el 155! Libertad para todos los presos políticos. Retirada de las fuerzas de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Catalunya.
  • • Derogación de las contrarreformas laborales y de las pensiones. Jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo para la juventud.
  • • Salario mínimo de 1.100 euros y 35 horas semanales sin reducción salarial.
  • • Prohibición por ley de los desahucios. Parque de vivienda pública con alquileres sociales, expropiando los pisos vacíos en manos de los bancos.
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