A finales de enero estallaron protestas masivas en varias ciudades rumanas a causa de los planes del nuevo gobierno socialdemócrata de aprobar dos órdenes ejecutivas que debilitarían la legislación anticorrupción. Las protestas alcanzaron esta semana su punto álgido, el miércoles, con aproximadamente 400.000 personas en las calles de todo el país en las manifestaciones más grandes desde 1989. A pesar de algunas características derechistas de las protestas, la izquierda necesita intervenir y plantear una alternativa tanto al gobierno como a las fuerzas de la derecha que intentan capitalizar la rabia popular.

El Partido Socialdemócrata (PSD) ganó las elecciones generales el pasado mes de diciembre con un cómodo 45%. Sin embargo, esa victoria tuvo menos que ver con su programa (un híbrido de medidas económicas neoliberales y proteccionistas) que a la ausencia de una alternativa real que solucione los problemas socioeconómicos que sufren millones de rumanos, de aquí que la participación fuera inferior al 40%, con sólo el 18% del electorado votando al PSD.

La primera medida del nuevo gobierno fue aumentar el salario mínimo, aun así, sigue siendo el más bajo de la UE después de Bulgaria. El aumento principalmente fue una petición de los capitalistas domésticos, cada vez están más preocupados de que se les agote la mano de obra barata y de que los trabajadores prefieran marcharse y trabajar por un salario mínimo en los países occidentales. El PSD quería de esta manera proporcionar algo de confort a las capas más pobres de la clase obrera (parte de su base social tradicional) mientras también sirve a los intereses del capital nacional al que verdaderamente representan.

Pero el PSD también representa los intereses de una parte importante de las burocracias locales y centrales, incluidos miembros del partido que actualmente están siendo investigados o que ya han sido condenados por corrupción. El propio líder del partido, Liviu Dragnea, actualmente cumple una condena de dos años por fraude electoral en el referéndum sobre el impeachment presidencial de 2012. Esa es la razón por la que no ha podido presentarse a primer ministro, pero ha dejado el puesto a un colega leal del partido, Sorin Grindeanu. Además, actualmente se le investiga por supuestamente malversar fondos por valor de 108.000 leus (aproximadamente 24.000 euros) y si le condenan en este juicio podría entrar en prisión al sumarse las dos sentencias.

Por esa razón en enero el gobierno anunció sus planes de aprobar dos órdenes ejecutivas que no aparecían en absoluto en el programa electoral del PSD. Una concedería la amnistía a algunos de los que están en prisión o suspendería penas por corrupción, la otra descriminalizaría los abusos en el cargo que acarreasen pérdidas inferiores a 200.000 leus, obviamente beneficiaría a Dragnea en caso de ser declarado culpable en el juicio actual. A pesar del intento de justiciar estas órdenes ejecutivas como una reforma muy necesaria de la ley criminal y una manera de manejar el exceso de población en las prisiones rumanas, no pudo evitar protestas en varias ciudades importantes y una gran presión sobre el gobierno, tanto de los protestantes como de la oposición de derechas, para que revocara sus planes o por lo menos que fueran sometidos a un debate público.

Después de algunas consultas públicas atropelladas a principios de semana, el gobierno decidió enviar la propuesta de amnistía al parlamento para su debate, aun así aprobaron la orden ejecutiva el 1 de febrero a medianoche. Esto desencadenó enormes protestas el miércoles por la mañana, las más grandes desde 1989, con 150.000 personas en Bucarest y otras 400.000 en el resto del país exigiendo la retirada de la orden e incluso la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones.

La rabia popular está totalmente justificada. Utilizando el pretexto de otros temas legítimos como la reforma de la ley criminal o la sobrepoblación en las prisiones, la orden ejecutiva del PSD es considerada un abuso de poder para impedir que su líder vaya a prisión. En realidad, el cambio implica una amnistía para todos los que ya están condenados por abuso de poder que provocaran pérdidas inferiores a 200.000 leus. Pero quizá el aspecto más preocupante de la ley es la descriminalización de aquellos que han creado o aplicado leyes que violan los derechos humanos o que discriminan a las personas sobre la base de género, étnica, religión, orientación sexual, renta o afiliación política. Eso básicamente significa que potencialmente podríamos tener leyes racistas sin que nadie vaya a prisión por crearlas o implantarlas.

Con esta orden ejecutiva el PSD demostró una vez más que no es un partido de izquierda, que represente a los intereses de la clase obrera y a los grupos sociales oprimidos, sino un partido de los oligarcas y burócratas corruptos, un partido cuyas escasas medidas sociales son para el beneficio del capital local. En lugar de reformar la ley laboral han aprobado una de las más anti obreras de Europa, el PSD está preocupado con la reforma de la ley criminal para el beneficio de sus propios dirigentes. Más que defender a los millones de rumanos explotados en sus centros de trabajo (como los trabajadores de la fábrica De’Longhi cerca de Cluj, a los que están obligando a firmar cartas de dimisión por participar en la huelga de diciembre por los beneficios atrasados), el PSD defiende a los burócratas corruptos, esa es la principal prioridad en un país caracterizado por la pobreza y la desigualdad.

Algunos medios han defendió la orden ejecutiva argumentando, igual que los defensores de Trump, que la democracia nos exige que les dejemos gobernar como ellos deseen porque han ganado democráticamente las elecciones. Pero la democracia no se limita a elegir un partido capitalista u otro cada cuatro años. La democracia también significa el derecho a protestar contra el gobierno, especialmente cuando ese gobierno planea hacer cambios abusivos que no estaban incluidos en el programa con el que ganaron las elecciones.

No obstante, la situación es más compleja de lo que parece y las protestas mostraron varios límites que reflejan las actuales condiciones subjetivas que hay en Rumania. Estos fallos no se aplican a todos los participantes en las protestas pero su alcance caracterizará el futuro desarrollo de las protestas, pero también depende de cómo la izquierda se posicione con relación a ellas.

En primer lugar, existe una tendencia a demonizar a todo el electorado del PSD, a menos en términos de clase, se les considera como “arrimados por el interés” que “venden” su voto al PSD, a pesar que tenemos el porcentaje más bajo de personas con ayudas en la UE y que muchos de los manifestantes son también votantes del PSD, que en diciembre no votaron por la amnistía de los corruptos. En realidad, la demonización va acompañada del argumento acerca de las “dos Rumanias”, por un lado, la urbana, de clase media, culta que quiere un país democrático y moderno y que ahora está en las calles, por otro lado, la otra mitad rural, pobre, inculta que vota a partidos corruptos como el PSD. Una de las tareas de la izquierda precisamente ahora es rechazar esta falsa dicotomía y demostrar que la mayoría de los rumanos, ya estén ahora en las calles o sentados en casa, tienen intereses comunes como clase, por ejemplo, conseguir mejores salarios, empleos seguros, vivienda, servicios públicos de calidad y, también, menos corrupción institucional.

Lo segundo es que las protestas tienden a pasar por alto los abusos cometidos por la propia lucha anticorrupción, en particular por el Directorio Nacional Anticorrupción (DNA), que ha utilizado métodos cuasi legales de investigación, incluidos testimonios bajo presión, amenaza a familiares de sospechosos o testigos, detención antes del juicio como una forma de presión, etc., (ver el informe de Henry Jackson Society). Esto ha ocurrido con la ayuda de los Servicios de Inteligencia Rumanos (SRI), los herederos de la anterior Securitate estalinista, con poca supervisión de funcionarios estatales elegidos y que, a pesar de algunas restricciones legales, se ha infiltrado en todos los estratos de la sociedad rumana, desde políticos a periodistas o empresas. Además, la lucha contra la corrupción en Rumania se ha limitado más a la corrupción política y burocrática, esto ha alimentado la percepción de que en parte se ha convertido en un instrumento de lucha por el poder entre diferentes secciones de la clase dominante. En un país particularmente pobre y desigual como es Rumania, una lucha verdadera contra la corrupción necesita también poner en su objetivo la corrupción del capital, como las sospechosas privatizaciones que han arruinado la industria del país o las prácticas bancarias abusivas, que el responsable del banco central defiende sin ningún tipo de vergüenza. De esta manera, mientras se opone con claridad a la corrupción del PSD, la izquierda necesita llamar la atención sobre otras formas de corrupción como las que el DNA y el SIR ignoran.

En tercer lugar, la izquierda debería desenmascarar los rasgos derechistas que en parte han caracterizado las protestas, como las consignas que glorifican el abuso sexual en las prisiones o calificar al SPD como “la plaga roja” (un término utilizado por los fascistas rumanos en los años treinta para describir a los comunistas). La realidad es que algunas fuerzas políticas de derechas, incluido el presidente Kalus Iohannis, han asistido a las protestas e intentan capitalizarlas, aunque estas fuerzas sean tan parte del problema como el PSD. Por eso es importante que, como en los anteriores movimientos de masas de 2012 y 2013, los manifestantes expresen su oposición a todo el establishment político por su responsabilidad colectiva en convertir a Rumania en un país donde el 40% de la población vive al borde de la pobreza.

Sin embargo, a pesar de estos límites, que en parte indican el nivel de conciencia de la sociedad rumana pero también la pobre organización de la izquierda, estas protestas son perfectamente legítimas. La izquierda no puede quedarse al margen sólo porque se coreen consignas de derechas o haya fuerzas de la derecha intentando beneficiarse de las protestas. La izquierda tiene que intervenir no a pesar de los matices derechistas sino precisamente debido a ellos, porque necesita plantear una alternativa, una voz de clase a la rabia contra el PSD y el establishment. En realidad, sólo interviniendo en las luchas de la población la izquierda podrá desarrollarse políticamente y, al mismo tiempo, desenmascarar al PSD, incluso con más claridad que lo puede hacer un partido de derecha. De otra manera, en el futuro la derecha monopolizará estas explosiones de desencanto popular.

Por tanto, como Mâna de Lucru (colaboradores del CIT en Rumania) defendemos en una declaración publicada el viernes, que la izquierda debe denunciar de manera categórica al gobierno del PSD por todos sus abusos antidemocráticos y su programa de derechas, mientras al mismo tiempo llama la atención sobre los límites de la lucha contra la corrupción así como en los rasgos derechistas de las protestas, particularmente en la demonización de los votantes del PSD y la falsa dicotomía de las “dos Rumanias”. Esta división sirve a todos los partidos políticos precisamente porque oscurece nuestros intereses comunes como trabajadores y la ausencia de una representación real de estos intereses. La tarea principal de la izquierda es subrayar los intereses comunes de nuestra clase y la necesidad de construir una alternativa política socialista que luche genuinamente por ellos.

Última hora. El sábado por la noche el primer ministro Grindeanu anunció que el domingo se reuniría el gobierno para retirar la orden y reenviarla al parlamento para su debate, posiblemente se elimine el apartado que descriminaliza a los que cometan abusos de poder por menos de 200.000 leus. Ahora está por ver cómo continúa la situación.


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