El gobierno del MAS de Evo Morales se encuentra en una encrucijada. Como advertíamos ante el histórico triunfo del MAS en las elecciones pasadas, este gobierno se encontraría sometido a profundas presiones y tensiones sociales producto del enfrentamiento de fondo entre la clase trabajadora y el campesinado pobre, por un lado, y la burguesía y el imperialismo por otro. El proceso revolucionario y la agudización creciente de las contradicciones sociales, no se relajan ni postergan por la llegada al gobierno del MAS, sino que pasan a una nueva etapa.

 

De la nacionalización a la ofensiva oligárquica.

El gobierno del MAS fue recibido con verdadero entusiasmo por las masas de trabajadores y campesinos del país, que protagonizaron dos insurrecciones entre mayo y junio del 2005. Por primera vez en la historia tenían a “uno de los suyos” en el poder. Para las masas, un gobierno del MAS era -y todavía lo sigue siendo- el instrumento que debería llevar a cabo la “Agenda de Octubre”: la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y otras reformas sociales y económicas en beneficio de los explotados.

En tanto, las políticas del MAS se basan en una vacilación constante, que van del tono conciliador y de compromiso con la clase dominante a giros, o gestos, bruscos a la izquierda, como la nacionalización (parcial y sin expropiación) de los hidrocarburos, el anuncio de una tímida reforma agraria, o el reforzamiento de los vínculos políticos y diplomáticos con Venezuela y Cuba. Esta inestabilidad que refleja el gobierno del MAS es producto de las tensiones entre las clases sociales, que tiene su reflejo incluso dentro de la dirección del MAS.

Aunque la primera intención de la clase dominante y del imperialismo fue atraer a Morales hacia el campo de la izquierda “pragmática” y “realista” latinoamericana (Lula, Tabaré, Bachelet), incluso las medidas tímidas y limitadas a favor de las masas, como las mencionadas, los han terminado de convencer de que no es fiable y que no tienen confianza en que sea capaz de resistirse a las presiones desde abajo. Por eso, dejando pasar algunos meses, la clase dominante y su fracción más “combativa”, la medialuna oriental, pasaron a la ofensiva.

A finales de agosto, la censura en el Senado por parte de la derecha al ministro de hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, y el desplazamiento por parte de Evo Morales del titular de la empresa estatal de hidrocarburos, YPFB, por el estancamiento de la nacionalización y supuesta corrupción, envalentonaron a los sectores del poder. Fiel a su política de conciliar con unos y otros, Morales designó como nuevo director de YPFB a Ortiz, oriundo de Santa Cruz, ex ejecutivo de Petrobras.

Por la misma fecha, el MAS tuvo que sortear varias protestas sociales, como el paro de chóferes y el paro de los Maestros contra la ley de educación que impulsa el gobierno. Los militares tuvieron que desalojar a los vecinos de Yacuiba que tenían tomado un gasoducto, las comunidades guaraníes mantuvieron tomada una estación de bombeo en un protesta contra la empresa Transierra (Petrobras, Repsol y Total), y el Comité Cívico de Chuquisaca mantuvo una huelga de 24hs reclamando al gobierno del MAS atención para la región.

Sin duda, la nacionalización parcial decretada el 1° de Mayo por Morales le ha traído más problemas que soluciones. Después del entusiasmo que generó el anuncio, los trabajadores y campesinos que dejaron su vida en las calles luchando por la nacionalización de los hidrocarburos, ven que YPFB no tiene injerencia real ni en la cadena productiva ni en la comercialización, tanto en el mercado interno como externo, y que el proceso está estancado por “dificultades técnicas y de financiamiento” según los funcionarios del MAS. A pesar de que el decreto legalizó los negocios ilegales que muchas petroleras realizaban en el país, están parados los nuevos contratos, lo mismo que las negociaciones por el precio del gas a Brasil, por orden de Lula para no opacar su campaña electoral.

En realidad, se trata de un boicot del capital imperialista y sus servidores internos, que ante la imposibilidad de desacreditar abiertamente la nacionalización, optaron por el sabotaje directo y camuflado a las medidas del gobierno.

Pero la ineficacia de la nacionalización no está en sí misma, sino por el contenido político y los métodos con los cuales se intenta llevarla a cabo. Sin la expropiación del capital imperialista, sin indemnización y bajo el control democrático de los trabajadores y del pueblo, y generalizando estas medidas al resto de la economía, es imposible quebrar los intereses de la clase dominante. La inercia burocrática de las instituciones, junto a los servidores que el capital imperialista tiene enquistados en el aparato del Estado, hacen imposible llevar a buen puerto la nacionalización. Esta actitud de la clase dominante nativa y extranjera, tiene como fin desacreditar ante las masas al gobierno del MAS, así como disminuir el impacto sobre las fabulosas ganancias que obtienen las petroleras expoliando al pueblo boliviano.

La oligarquía y el imperialismo quieren partir en dos Bolivia.

Si vamos a creer en las palabras, el paro de 24 hs organizado por la oligarquía en la zona más prospera y rica de Bolivia -la medialuna oriental que engloba a Santa Cruz, Pando, Bendi y Tarija- tiene como fundamento las discusiones legales y democráticas en el seno de la Asamblea Constituyente (AC) que, mientras la lucha de clases se desarrolla y se expande, sesiona y se empantana en Sucre.

Al parecer, la oligarquía está descontenta porque no se respetan las leyes ni el acuerdo que pactó con el MAS para la convocatoria de la AC. Recordemos que el gobierno de Morales hablaba de una AC donde participarían directamente los movimientos y sectores sociales, que tendrían una representación superior a los partidos del régimen y a los intereses patronales. Una AC “originaria y plenipotenciaria”.

El acuerdo establecía que para aprobar los nuevos artículos de la constitución se necesitarían dos tercios, con lo cual el MAS no tendría mayoría automática y estaba obligado a “consensuar” con la clase dominante. Sin embargo, por la presión del sector más ligado a las bases campesinas, el MAS logró aprobar en la sesión de la AC un reglamento de votación, que dicta que los artículos de la futura Constitución se aprueban por mayoría absoluta -la mitad más uno- de los votos en la AC, mientras que sólo serán necesarios los dos tercios de la cámara para la aprobación del texto final. Esto descolocó principalmente al vicepresidente Linera, propenso al pacto y a la conciliación con la oligarquía, y que meses atrás subrayaba como muy democrático que ninguna fuerza política pudiera por si sola obtener hegemonía.

Además, la disputa se extiende a la cuestión de la “autonomía” para los diferentes departamentos. En el referéndum sobre las “autonomías”, celebrados al mismo tiempo que las elecciones para la Asamblea Constituyente, a nivel nacional ganó el No a las “autonomías”, mientras que en las zonas orientales, donde es fuerte la oligarquía (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija), ganó el Si. El gobierno del MAS, correctamente, plantea que es el voto nacional quien decide, mientras que la oligarquía quiere hacer valer el derecho de aquellas regiones que votaron mayoritariamente a favor de la “autonomía”. El MAS plantea, además, que las decisiones de la AC son soberanas sobre cualquier decisión departamental. De esta manera se desnuda la intención oligárquico imperialista de utilizar las “autonomías” como una base legal para preparar a futuro la partición de Bolivia, según el curso que tome el proceso revolucionario boliviano, y asegurar a las multinacionales imperialistas y a la oligarquía su control sobre los ingentes recursos en petróleo y gas que poseen estas zonas.

Es por todo esto que los “guardianes democráticos” de Bolivia, los ricos empresarios y la dorada juventud blanca de Santa Cruz, decidieron convocar una “huelga general” patronal en los departamentos orientales el pasado viernes 8 de septiembre, en protesta por los manejos “antidemocráticos” del MAS en la AC, acusándolo de gobierno totalitario y de dictadura “aymara”. El Comité Cívico de Santa Cruz, la cabeza de la oligarquía pro imperialista, arrastró a los prefectos -gobernadores- de los cuatro departamentos y a los servidores más denodados de la burguesía, la coalición de derecha, el PODEMOS de Tuto Quiroga. Esta “Alianza Nacional” se convierte en el “partido del orden” que unifica a la clase dominante en “defensa de la AC y del voto por la autonomía”.

Son tan, pero tan democráticos, que mandan a la calle a su grupo de choque, la Unión Juvenil Cruceñista -organización paramilitar que nació en la dictadura de Banzer- para apedrear y hostilizar a los campesinos y trabajadores que no se pliegan a los reclamos oligárquicos. Son tan, pero tan democráticos, que antes de ver amenazados sus intereses privados –la propiedad de las tierras y las fábricas y el usufructo de las grandes reservas de petróleo y gas- que no dudarán en desmembrar el cuerpo vivo de Bolivia, para instaurar un régimen a su imagen y semejanza: una dictadura fascista y pro imperialista.

Poco les importa a la oligarquía y al imperialismo el reglamento aprobado en la AC, como cualquier otro detalle “democrático”. Cuando agitan por la “autonomía” no se trata del reclamo genuino y democrático de un sector de la población o de una región oprimida, sino opresora, que ha mantenido por cientos de años a la mayoría indígena, obrera y campesina a las sombras de la vida cultural y económica del país. Que en Bolivia un indígena aymará sea presidente, para los terratenientes y capitalistas modelados en Washington, es un insulto y una vejación, para esta buena gente que tiene por costumbre asesinar indígenas y obreros. Para Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz “existen dos Bolivia, una productiva, de crecimiento y democrática -la zona oriental- y la otra -el Altiplano- excluyente, totalitaria y radical”.

Según informó el diario La Razón, en su edición del domingo 10 de septiembre, tomando una nota de la Agencia de Noticias del MERCOSUR:

“Asesores de las mismas corporaciones se reunieron esta semana en Buenos Aires con emisarios de los cívicos cruceños, con el visto bueno de la diplomacia estadounidense, para ultimar detalles de la jornada de desestabilización prevista para este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Pando y Beni, departamentos donde se concentran las riquezas energéticas y demás recursos naturales de Bolivia, y desde los cuales se comanda la denominada ‘Operación Camba’.

El encuentro de Buenos Aires y la activa participación de las dos petroleras en los intentos de acabar con el gobierno de Evo Morales y de provocar una modificación en el mapa político boliviano -funcional a la estrategia de Estados Unidos para la región-, tiende a asegurarse el control de los grandes yacimientos de recursos productivos.

En declaraciones a diversas agencias internacionales de noticias, dadas a conocer entre el miércoles pasado y este viernes, uno de los jefes golpistas, Germán Antelo, calificó al gobierno constitucional de ‘dictadura totalitaria’ y admitió que sus fuerzas están dispuestas a hacer ‘todo lo posible para terminar con el gobierno’".

El separatismo de la oligarquía -que significa enfeudarse con el imperialismo yanqui- es una muestra clara de la política de la clase dominante ante un proceso revolucionario: están dispuestos a sacrificar todo, menos su propiedad privada y el poder social sobre las masas que derivan de ella.

La Asamblea Constituyente, y ¿ahora qué?

Cuando la clase obrera y el campesinado pobre estaban a centímetros de tomar el cielo por asalto en mayo-junio del 2005, y sólo les faltaba una dirección revolucionaria, que no encontraron ni en la dirección vacilante de la COB ni en la reformista del MAS, la consigna de la Asamblea Constituyente fue saludada por casi todas las fuerzas políticas del país, incluso la izquierda. Para algunos tiene el carácter refundacional de la nación, para otros tenía que ser “revolucionaria”.

En todo caso, la burguesía recogió el guante y se plegó a la AC como una táctica para diluir los problemas fundamentales en la marea de leyes y de debates parlamentarios. Los derechos escritos en un papel, por muy democráticos y progresivos que sean, sin la fuerza física organizada del pueblo trabajador para llevarlos adelante no representan un gran desafío para la clase dominante, que sigue reuniendo en sus manos las palancas económicas fundamentales del país.

Desde El Militante y la Corriente Marxista Internacional señalamos que la consigna de la AC, agitada por la izquierda, sectores dirigentes de la COB y el MAS, era incorrecta porque reducía el horizonte revolucionario de las masas a una institución perfectamente viable dentro de la democracia burguesa, que no se desprendía de la situación objetiva y que le brindaría a la clase dominante el tiempo necesario para rearmarse y recrearse una base social, agotando a las masas populares con todo tipo de trucos legales y parlamentarios, como está sucediendo. No se trata de que ésta no sea la AC que esperábamos o la que construimos en el laboratorio del “pensamiento revolucionario”, sino que esta AC se está desarrollando como cualquier AC dentro de un régimen típico de democracia burguesa. Ahí están los viejos políticos burgueses del MNR, y los reciclados como el PODEMOS. Mientras por una parte los representantes del partido del orden debate en la tribuna parlamentaria, por otra, la burguesía ataca en el terreno económico: según el Banco Central de Bolivia se registró una desinversión por 107 millones de dólares en el último año.

Lo que necesita Bolivia es el poder obrero y campesino. Los elementos embrionarios que surgieron durante la insurrección de mayo y junio del 2005 (como la Asamblea Popular y Originaria de El Alto, y otras similares), en la práctica fueron disueltos por las direcciones del movimiento revolucionario, para luego ser “sustituidos” por la AC. Ese nuevo poder social y político incipiente de las masas oprimidas, como se manifestaba en El Alto y en otras partes, no puede caber en las viejas leyes de la democracia capitalista, sus derechos no están consagrados en una Constitución burguesa, sino en la organización y en la movilización de las masas obreras y campesinas.

Después del paro patronal, la medialuna oligárquica pretende doblegar políticamente al MAS, obligándolo a pactar en la AC y obtener “legalmente” la autonomía para las regiones por ellas dominadas. Si no consiguen que la Constitución santifique la “autonomía”, volverán el lenguaje y la acción de la guerra civil.

La política reformista de los dirigentes del MAS pretende, a través de un supuesto pragmatismo y el realismo, conjurar una confrontación abierta con la clase dominante. Pero las bases campesinas y obreras no lo ven así, esta política “realista” lo único que logra es envalentonar a la reacción.

Mientras sesiona en Sucre la AC, la pobreza y las necesidades apremiantes de las masas siguen su curso inexorable. Una de cada tres familias pasa hambre, y 615.000 niños menores de 13 años se acuestan sin haber ingerido nada nutritivo durante el día. La reforma agraria no avanza. Las petroleras siguen saqueando los recursos naturales del país, el capital imperialista está intacto, los empresarios nacionales y extranjeros apuestan a un desgaste del gobierno de Evo para caer con todas sus fuerzas sobre la clase obrera y el campesinado pobre.

En una situación de polarización social, las tendencias a la izquierda y derecha se están haciendo presentes en el MAS. Según Econoticiasbolivia.com, el 6 de septiembre: “El dirigente de la masista Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Dávalos, advirtió que "si las fuerzas de la derecha política que se oponen al proceso de cambio continúan con esos afanes de desestabilizar la Constituyente, instruirán un bloqueo general de caminos a partir del 20 de septiembre para garantizar la marcha del proceso refundacional del país". "Es la guerra de los ricos contra los pobres", dijo en La Paz.”

La nueva la dirección de la COB, con el minero Montes a la cabeza, llamó a no aceptar el paro patronal. Pero no instruyó ningún plan de acción para las masas obreras que siguen a la COB, aunque mermadas por la mezcla de oportunismo y ultra-izquierdismo que aplicó anteriormente la dirección cobista de Jaime Solares.

Lamentablemente, la respuesta del gobierno del MAS a la ofensiva oligárquica fue moderar la política sobre los hidrocarburos, tratando de evitar choques y confrontaciones. De hecho, la “renuncia” de Solíz Rada como Ministro de Hidrocarburos, luego de que el vicepresidente García Linera dejara sin efecto las medidas para recuperar el control estatal sobre las refinerías que controlan Petrobras, Repsol y Total, no puede más que interpretarse como un gesto complaciente hacia los sectores que saquearon Bolivia durante décadas. Su reemplazante, al frente del ministerio de hidrocarburos es Carlos Villegas, responsable de la privatización del yacimiento de hierro Mutún.

Lejos de mantener a la reacción a raya, esta política pragmática del “capitalismo andino” lo único que logrará es inflar el pecho de los sectores reaccionarios y pro-imperialistas, y hacer naufragar aun más la nacionalización parcial de los hidrocarburos.

Derrotar a la oligarquía y al imperialismo, profundizar la revolución hacia el socialismo

La situación política exige un verdadero frente único de todas las tendencias obreras, campesinas y revolucionarias para derrotar a la oligarquía oriental y el sabotaje del imperialismo, mostrando la misma decisión y firmeza que manifiestan estos en la defensa de su poder y sus privilegios. Para derrotar a los terratenientes y burgueses hay que exigirle al gobierno del MAS una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, que asegure la expropiación, sin indemnización y bajo control obrero y popular, de todas las multinacionales. Si, como dice Morales, “faltan técnicos, financiamiento”, es necesario realizar un llamado revolucionario a los obreros petroleros de Brasil y Venezuela, y a toda la clase obrera de nuestro continente para acabar de una vez por todas con el poder del capital imperialista y sus servidores internos. La Venezuela revolucionaria podría suministrar técnicos suficientes para ayudar en las tareas técnicas más indispensables y sustituir a los agentes vendidos al capital internacional, presentes en YPFB y otras empresas de hidrocarburos, además de ayudar en la instrucción de nuevos técnicos e ingenieros bolivianos sinceramente comprometidos con la revolución, La lucha entre explotados y explotadores en Bolivia es la lucha de todos los obreros y campesinos de nuestro continente contra nuestros explotadores nacionales y extranjeros.

La reforma agraria tiene que basarse en la movilización y acción de los campesinos pobres y de los trabajadores de las ciudades, nada de tierras improductivas y marginales sino la expropiación de los grandes terratenientes que amenazan mutilar a Bolivia. Cien familias siguen concentrando en sus manos 25 millones de hectáreas, el 95% de las cuales se utilizan exclusivamente para especular.

Debemos generalizar esta política al resto de la economía, que debe ser manejada democráticamente por sus verdaderos productores, los trabajadores y campesinos, para golpear definitivamente a los golpistas y explotadores.

Para que la cultura indígena pueda desarrollarse libremente, para terminar con siglos de opresión y desprecio, hay que expropiarle a la clase dominante la dictadura económica y cultural que ejerce sobre el pueblo de Bolivia.

Un llamado enérgico por parte del gobierno del MAS para llevar a cabo este programa revolucionario sería seguido con entusiasmo por los millones de obreros y campesinos bolivianos. Pero este programa no se puede aplicar con simples decretos desde arriba, debe ser completado con la movilización revolucionaria desde abajo, formando comités de lucha en cada barrio, centro de trabajo, localidad y comunidad campesina, coordinados a nivel local, regional, departamental y finalmente a nivel nacional, por medio de delegados elegidos y revocables en cualquier momento. Es necesario organizar organismos populares de defensa, milicias obreras en las ciudades y autodefensas campesinas en el campo, por medio de los comités de lucha, Fejuves y los sindicatos. A las bandas fascistas y paramilitares de la oligarquía hay que oponer el poder armado de los obreros y campesinos. Es necesario complementar estas medidas con un llamamiento revolucionario a la base del ejército, los soldados, que son hijos de los obreros y campesinos, para que formen comités de soldados vinculados firmemente a las organizaciones obreras y populares, para que se unan al pueblo trabajador en la lucha.

La revolución boliviana atraviesa un momento crítico. La debilidad invita a la agresión. La lucha entre explotadores y explotados no se puede conjurar ni con Asambleas Constituyentes ni con el respeto a las leyes y la mecánica de la democracia burguesa. Sólo el poder obrero y campesino puede sacar a Bolivia de la catástrofe que viene preparando la clase dominante.

 


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