Brasil está sufriendo un crecimiento descontrolado de la infección de Covid-19. Los contagios alcanzan los 22.000 y los fallecidos superan ya los 1.200, prácticamente la mitad de ellos en el estado de São Paulo que con 44 millones de habitantes es el principal foco de la enfermedad. Pero estas cifras están muy lejos de ser reales: la carencia de test impide que estos se realicen a la mayor parte los fallecidos, que son enterrados como casos confirmados de coronavirus, pero que no son recogidos por las estadísticas.

Las perspectivas son aterradoras. Cuando la enfermedad llegue a las zonas más pobres de las grandes ciudades y a las favelas (donde malviven hacinados, sin agua corriente, 12 millones de personas) se va a producir una auténtica matanza. El sistema sanitario ya se encuentra desbordado. Según João Gabbardo, número dos del Ministerio de Sanidad, “estamos próximos a alcanzar nuestro límite, si no hacemos algo”.

Y en el interior del país la estructura hospitalaria es aún más endeble que en São Paulo o Rio de Janeiro. Y el Coronavirus ya ha llegado ahí. Estados como Amazonas se encuentran a las puertas de entrar en fase de crecimiento exponencial. Todo esto en el inicio de la expansión, y ante la llegada del invierno que traerá otros virus estacionales.

“La gente muere… así es la vida”

A la catástrofe sanitaria se une la económica. Según el Banco Mundial, la economía brasileña se contraerá un 5% en 2020, y corre el riesgo de seguir sintiendo efectos negativos “significativos” hasta 2023. Además, Brasil se ha convertido en el país de América Latina con mayor fuga de capitales: los datos que maneja el Instituto de Finanzas Internacionales hablan de cerca de 12.000 millones en dos meses. El panorama social es desolador. Ahora mismo, el 72% de los habitantes de las favelas dicen que no pueden aguantar ni una semana si están privados de su renta habitual.

A la pobreza, el hacinamiento, las decenas de miles de brasileños que viven y mueren en las calles, el débil sistema sanitario –desde 2015 no ha habido contratación de personal en los hospitales públicos de São Paulo–, la ausencia de recursos para soportar la reclusión, se une la actuación criminal del presidente Jair Bolsonaro.

El ultraderechista Bolsonaro, con su campaña “Brasil no puede parar”, no ha dudado en oponerse al confinamiento y en exigir a los gobernadores de los distintos estados que reabriesen comercios, transporte, escuelas e iglesias. Ha asegurado que el Covid-19 no es más que un “resfriadito”, afirmando que si “la gente muere… así es la vida” y que, por tanto, deben levantarse las medidas de confinamiento. Incluso ha organizado y apoyado manifestaciones en contra de los gobernadores que han aplicado cierres y cuarentenas.

Bolsonaro no está solo. Aunque dividida, un sector de la burguesía le apoya. Luciano Hang, dueño de la cadena de grandes almacenes Havan, apoya la campaña contra el cierre y amenaza con despedir a sus 22.000 empleados. También desde las megaiglesias evangélicas –muchas de las cuales siguen abiertas y aglomerando a miles– han llegado apoyos. Este es el caso del estrecho aliado de Bolsonaro, el pastor milmillonario Edir Macedo, quien calificó como “obra de Satanás” a organizaciones como la OMS por “sembrar la histeria”.

Respaldar a las empresas a costa de los trabajadores

En lo que no ha perdido el tiempo Bolsonaro ha sido en preservar los beneficios de la burguesía brasileña. Así, a mediados de marzo, el Ministerio de Economía anunciaba una inyección de 30.000 millones de dólares para ayudar a los empresarios. Y el 22 de marzo, el Gobierno aprobaba la medida provisoria (decreto Presidencial) 927/2020 que establece que los empresarios puedan despedir a sus trabajadores durante dos meses o bien reducirles la jornada y el sueldo hasta un 70% durante tres meses, entre otras medidas. Como ya están denunciando muchos trabajadores (de Petrobrás, de empresas de marketing…), sus sueldos se han reducido, un 40% en muchos casos, pero sus jornadas se han mantenido intactas. El Gobierno calcula que 24,5 millones de personas sufrirán reducciones o la suspensión de sus contratos. Con este decreto Bolsonaro aprovecha para dar un hachazo a la negociación colectiva puesto que establece que prevalecerá la negociación individual empresario-trabajador frente a la legislación laboral.

Hay que tener en cuenta que casi la mitad de la fuerza laboral, alrededor de 38 millones, trabaja en el sector informal (venta ambulante, reciclando residuos, sin contratos…). Sin poder salir a la calle, sin ingresos ni ahorros, el hambre –que ya existe– no tardará en recrudecerse, y con él las protestas y levantamientos sociales. Consciente de esto, el Gobierno aprobó una ridícula ayuda de emergencia de 200 reales (35 euros) para estos hogares durante tres meses. El temor a un estallido empujó al Senado a incrementarlo hasta los igualmente ridículos 600 reales (108 euros) al mes. Teóricamente serán 60 millones de personas las que se beneficien de esta “ayuda”. Pero ni siquiera esto será así. Para empezar “miles de usuarios están teniendo problemas porque no tienen al día su CPF, el número de identificación fiscal indispensable para hacer gestiones ante la administración”, según señala El País en su edición del 9 de abril. Muchos otros nunca llegarán a recibirla, al carecer de cuenta bancaria o teléfono móvil.

Pérdida de popularidad e indignación creciente

El rechazo a Bolsonaro crece en el país. Cada noche se suceden las caceroladas contra el Gobierno, que encuentran eco, también, en zonas de capas medias anteriormente partidarias del ultraderechista. Las manifestaciones convocadas por el Gobierno en contra del confinamiento apenas reúnen a unos centenares. Su nivel de apoyo ha caído del 47,8% en enero al 33% hoy.

Otro síntoma del creciente malestar y de la disposición a luchar han sido las movilizaciones de los trabajadores obligados a trabajar. Movilizaciones que no solo se han producido contra Bolsonaro sino también contra otros gobernadores derechistas, como João Doria, jefe del Gobierno de São Paulo, quien se vio obligado a aplicar el cierre de empresas y el confinamiento, presionado por las protestas obreras. Entre estas destaca la de sindicatos metalúrgicos de la periferia industrial de São Paulo –conocida como el ABC– que el 23 de marzo paralizaron la producción en fábricas como General Motors, Mercedes y Toyota, entre otras.

El temor a un estallido social provoca tensiones en la clase dominante

La actual situación ha creado una aguda división en el seno de la burguesía brasileña, que está afectando al propio Gobierno y al aparato del Estado. Mientras que un sector, como ya se ha señalado, considera que para mantener sus beneficios hay que reabrir de inmediato la economía, despreciando la pérdida de las miles de vidas que esto provocará, otro sector, que también quiere preservar sus beneficios a toda costa, tiene pánico al estallido social que esto pueda desencadenar.

Cándido Bracher, presidente de Itaú, el mayor banco brasileño, afirmó que “echaba de menos a un administrador de la crisis en el Ejecutivo”. Exaliados de Bolsonaro, al frente del Gobierno de varios estados, están ahora enfrentados a él. El choque también se ha producido con el Tribunal Supremo.

Más impactante aún es el enfrentamiento público y diario de Bolsonaro con Luiz Henrique Mandetta, su propio ministro de Sanidad. Mandetta es un católico practicante que gusta de citar la Biblia en sus comparecencias. Fue investigado por corrupción, defiende los seguros médicos privados de los ricos y no es partidario de un confinamiento tan “estricto” como el del Estado español. No obstante, defiende las medidas de distanciamiento social y confinamiento de la OMS, en contra del criterio de su jefe, lo que ha hecho que se dispare su popularidad. Bolsonaro carga contra él casi a diario pero, sin embargo, no lo ha cesado.

Todo parece indicar que si esto no se ha producido ha sido por la presión de los militares. El vicepresidente del Gobierno, Hamilton Mourão, General retirado del ejército, se ha desmarcado educadamente de algunas de las declaraciones más polémicas de Bolsonaro. Parte significativa de la cúpula de las fuerzas armadas rechaza la gestión de Bolsonaro y se estarían alineando con el sector de la burguesía partidario de tomar medidas que traten de evitar un levantamiento social. Si finalmente consideran que Bolsonaro es un estorbo, podrían intentar provocar su caída. Sea cual sea el escenario, la perspectiva es la de un incremento de las medidas represivas, que ya hoy son criminales, contra las masas brasileñas.

Por un plan de lucha para derrotar a Bolsonaro

Pero la disposición a luchar contra estas medidas y a hacer frente a la catástrofe que se avecina, existen. Lo que falta son unos dirigentes políticos y sindicales a la altura. La CUT, principal sindicato del país, rechaza formalmente los ataques, pero no plantea ninguna alternativa de lucha. Es más: en muchas empresas se están limitando a hacer un llamamiento a los empresarios para que “asuman su compromiso social” y no despidan, como en el sector del metal de Joinville (Santa Catarina). E incluso a exigir la reanudación del trabajo.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) lejos de exigir la expropiación de los banqueros para socorrer a la población, se limita a pedir a estos que bajen los tipos de interés para facilitar créditos. Critican a Bolsonaro al tiempo que votan a favor de algunas de sus medidas (como la del auxilio financiero a los estados) y su presidente de honor, Lula da Silva, elogia a gobernadores derechistas, como Doria, por su “gestión” ante la crisis. Lula y el PT se mueven en dirección a la búsqueda de un gran acuerdo con los partidos burgueses para lograr un Gobierno de unidad nacional, en sustitución de Bolsonaro. Un Gobierno así, no solucionaría absolutamente nada a los trabajadores y oprimidos.

Es necesario que los sindicatos combativos, los movimientos sociales y la izquierda brasileña organicen desde ya la respuesta a la catástrofe sanitaria, social y económica, y preparen el terreno para derribar a Bolsonaro mediante la lucha. Es totalmente equivocado que partidos como el PSOL estén centrando todas sus iniciativas en el terreno parlamentario. Es imprescindible que oriente a sus militantes para que estos intervengan enérgicamente en las empresas en las que estén, organizando paros si son obligados a trabajar, que sus activistas en las favelas y barrios impulsen la creación de comités de defensa comunitarios que ya están surgiendo, que sus afiliados en los centros de salud organicen protestas para conseguir los medios necesarios para hacer frente al Covid-19. Y sobre todo, hay que levantar una alternativa revolucionaria que defienda consecuentemente la expropiación de los capitalistas y ponga todos los recursos y riqueza que creamos los trabajadores a disposición de las verdaderas necesidades sociales. Esa es la única forma de hacer frente a esta catástrofe.