La pandemia por Covid-19 se ha propagado por las cinco plantas de la Residencia con Centro Ocu-pacional Nuestra Señora del Camino. Una prueba más de que el modelo de gestión privada pone el negocio por encima de la salud y el cuidado de los usuarios/as y sus trabajadores/as.

Una actuación negligente de las entidades-empresas y de las administraciones

La falta de Equipos de Protección Individual (EPI) y la ausencia de una planificación preventiva han provocado que en el centro haya más de 35 bajas laborales –con una plantilla de 95 trabajado-res/as–, cerca de 35 usuarios/as con sintomatología, más de 10 usuarios/as hospitalizados con pronós-tico grave y 5 casos de muerte. En la Residencia para Mayores de esta Fundación, un espacio anexo al nuestro, hay 5 mayores fallecidos, en torno a 6 trabajadores/as de baja laboral, 3 residentes hospi-talizados por contagio y, aproximadamente, 15 mayores con sintomatología por coronavirus.

Antes de la intervención de la UME, desde CGT impulsamos una iniciativa para garantizar mascari-llas y material a los centros, habiendo surtido a más de una decena de centros. Al final, hemos sido los propios trabajadores/as organizados los que hemos tenido que sacar las castañas del fuego a la entidad.

También somos los propios delegados sindicales y trabajadores los que estamos recabando los datos de contagiados y muertos en el sector madrileño de la diversidad funcional porque las empresas no los facilitan e incluso los ocultan, algo consentido por la Comunidad de Madrid (CAM) y por el Gobierno central.

Resulta insólito que en un sector de alto riesgo como el nuestro, o el de las residencias de mayores, no se garanticen a día de hoy pruebas masivas. Por eso mismo, desde CGT hemos exigido formal-mente a la CAM transparencia. ¡Queremos saber ya los datos de contagiados y fallecidos! Hoy la situación sería diferente si desde el principio los responsables hubieran aislado la enfermedad y, acto seguido, se hubieran tomado medidas con todos aquellos que estuvieron en contacto directo con el foco.

Todavía no existen protocolos específicos unitarios, cada fundación-empresa puede diseñar los su-yos. Tampoco existe ningún tipo de intervención real por parte de la CAM o el Gobierno central para controlar como actúan las fundaciones-empresa en este sector de alto riesgo.

Falta de personal y precariedad laboral

La entidad, contando con la colaboración del sindicato amarillo –Grupo Independiente de Trabaja-dores de la Fundación (GITF)–, mayoritario en el comité de empresa desde 2015, no ha constituido el Comité de Seguridad y Salud (CSS), evitando así evaluar periódica y regularmente los riesgos la-borales y de salud en el centro de trabajo.

Apenas un mes antes de esta crisis sanitaria, un grupo de trabajadores exigieron que se pusiera fin a que una parte de su trabajo fuera remunerado con comida. La empresa y el sindicato amarillo impu-sieron como castigo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que forzó la salida de más de una decena de trabajadores/as, recortando una plantilla que ya era insuficiente.

En el sector de la dependencia es la Administración junto a las entidades quienes fijan las ratios, atendiendo principalmente a criterios empresariales, de lucro, buscando ajustar las plantillas al má-ximo con el objetivo de obtener los máximos beneficios. Esto es una causa más, como en la sanidad o en las residencias de mayores, de esta catástrofe sanitaria.

Por otro lado, el XV Convenio del sector, firmado por CCOO y UGT, lo único que ha hecho es per-petuar bajos salarios y más precariedad, sometiéndonos a un enorme estrés y frustración. Por eso mismo tenemos que señalar que los dirigentes de los sindicatos firmantes también son responsables de esta situación.

¡Por un servicio 100% público! ¡Basta de lucrarse a costa de nuestras necesidades!

Los insuficientes 300 millones de euros transferidos a las Comunidades Autónomas por el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Iglesias, no han tenido la más mínima repercusión en las y los trabajadores y usuarios.