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¿Por qué los dirigentes sindicales de CCOO y UGT no han dado continuidad a la huelga del 29-S, si ésta fue un claro éxito de participación y el gobierno no ha hecho más que endurecer su política antisocial desde entonces? Esta pregunta elemental concentra todas las cuestiones clave de la situación política actual y ha pasado por la cabeza de millones de trabajadores y jóvenes, sobre todo cuando podíamos contemplar, de forma simultánea, la clamorosa falta de iniciativa de los dirigentes sindicales en el Estado español y la impresionante rebelión social protagonizada por la clase obrera francesa contra las contrarreformas de Sarkozy.

La presión ambiental que generaban estas preguntas era tan intensa, que Fernando Lezcano, secretario confederal de comunicación de CCOO, tuvo que salir al paso diciendo, el 19 de octubre, que la convocatoria de nuevas huelgas generales "devaluarían" el 29-S y "un intento de trasladar miméticamente" la estrategia francesa  "estaría condenado al fracaso". La diferencia fundamental, según él, es que en Francia la izquierda (en referencia al PSF) se opone a las medidas de su gobierno, mientras que en el caso del Estado español es quien la promueve. No sabemos si esto implica una crítica velada a los sindicatos griegos, que han convocado huelgas generales y movilizaciones continuadas contra las medidas del gobierno del PASOK. Escandalosamente, Lezcano trató de reforzar su argumentación diciendo que "los sindicatos franceses están sumidos en una grave crisis de afiliación desde hace años", en contraste con la "legitimidad" de CCOO y UGT que, al parecer, por sí misma ejercerá un efecto tremendamente disuasorio contra el gobierno y los capitales internacionales sin necesidad de huelgas generales. Por todo ello, después del 29-S, "lo que parece procedente ahora es expresar la tensión de las movilizaciones con otro tipo de acción diferente": una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

La Iniciativa Legislativa Popular

Días después, el 27 de octubre, CCOO y UGT presentaron un documento titulado "Alternativas sindicales a la política económica y social del gobierno" acompañado del anuncio de "movilizaciones masivas" en diciembre, al parecer con paros parciales el día 15, aunque aún no han sido concretados, y manifestaciones en las capitales de provincia el 18 de diciembre. El documento define los ejes tácticos y estratégicos de fondo a los que estará supeditada la acción de los sindicatos. Todo gravitará en torno a la ILP y a la recuperación del diálogo social, sobre todo en lo referido a la reforma de las pensiones.
Sin embargo, la propia ley establece que una ILP no puede afectar los parámetros de distribución de riqueza, ni la planificación de la actividad económica, ni cambiar los presupuestos generales. Incluso, si la ILP fuese admitida, después de recoger 500.000 firmas, su texto no se convertiría automáticamente en ley, no derogaría ni modificaría la reforma laboral. Simplemente iniciaría la discusión de una propuesta de legislación en el parlamento. ¿Por qué razón el mismo parlamento que ha aprobado la reforma laboral la iba a cambiar? Además, desde la admisión de la ILP hasta su discusión en el parlamento podrían transcurrir hasta 6 meses. En este periodo de tiempo el gobierno tiene previsto que esté aprobada la reforma de las pensiones (diciembre) y la reforma de la negociación colectiva (marzo), y eso sin contar con nuevos recortes prespuestarios (el plan B) que harían todavía más antisociales los presupuestos generales aprobados para 2011. Así, en la práctica, la Iniciativa Legislativa Popular a quien deja realmente toda la iniciativa y todos los ritmos del enfrentamiento es al gobierno. Lejos de aprovechar el éxito del del 29-S para aumentar la presión contra las medidas del gobierno, incrementando el nivel de organización y participación de cada vez más sectores a la lucha, esta táctica representa un corte claro, una señal evidente de que los dirigentes sindicales no quieren desafiar seriamente a los planes del gobierno. Además, el movimiento obrero no puede ser tratado como un grifo, que se abre y se cierra cuando se quiere, y con la intensidad que se quiere. La táctica de los dirigentes sindicales está trazada con una mentalidad burocrática y artificiosa, que no corresponde a la dinámica real que un enfrentamiento social de tal magnitud exige.

Sobre el peligro de la derecha y la ‘legitimidad democrática'


Claro que la lucha sindical está totalmente ligada con aspectos políticos que no se pueden obviar. El hecho de que sea un gobierno del PSOE el que esté emprendiendo los ataques y no uno del PP, sí tiene implicaciones en la lucha. Pero la implicación es que se deben afilar más determinados argumentos, no que la lucha deba ir de más a menos, como proponen los dirigentes de CCOO y UGT. Un cambio radical de política por parte del gobierno, empezando por abandonar los planes de ataque que están en marcha, sería la mejor manera de evitar una victoria del PP. Es obvio que este mensaje, que los sindicatos deberían lanzar claramente, acompañado de un plan de movilizaciones contundentes, conectaría con la base social y electoral de la izquierda, y ahondaría en las contradicciones internas en el PSOE. Es escandalosamente falsa la idea, propagada por los medios, con la intención evidente de inhibir a los sindicatos de que la huelga general ha sido el factor que ha propiciado la gran ventaja electoral que las encuestas auguran al PP. Está siendo la política antisocial del PSOE y el divorcio con su base social lo que está dando oxígeno a la derecha.
Tampoco se trata de obviar el debate sobre la "legitimidad democrática" de los ataques con que el gobierno y la burguesía amenazan continuamente al movimiento sindical. Frente a eso, lo que hay que contestar es que el programa llevado a la práctica por el gobierno del PSOE no ha sido legitimado más que por una ínfima minoría de la sociedad, los banqueros y los grandes empresarios, que son los que realmente mandan sin haber sido elegidos por nadie.

Miedo a la rebelión social

La táctica de los dirigentes sindicales en el Estado español no está determinada por la diferencias de situación respecto a Francia, que existen, ni por la falta de ambiente para la lucha que, como se demostró el 29-S, sí lo hay. Su táctica está determinada por su miedo a romper con la política de consenso social y abrir un periodo de movilizaciones y de inestabilidad política que podría desembocar en una rebelión social como en Francia o incluso mayor. Efectivamente, el hecho de que aquí no se pudiese desviar una protesta social ascendente por la vía electoral, ya que la alternancia en el gobierno sería todavía peor (el PP), imprimiría en esta protesta social connotaciones políticas todavía más desestabilizadoras que en Francia. El conservadurismo de los dirigentes sindicales se explica por su miedo escénico a llegar a un punto de no retorno, de total fractura política y social; con el fin de evitar ese escenario, adoptan una línea de debilidad frente a la gravedad de los ataques de la burguesía. Eso es lo que explica la aversión al "modelo francés" de Lezcano. Pero la dinámica de polarización política y social tiene raíces muy profundas y se han acrecentado con la crisis; el conservadurismo de los aparatos burocráticos no podrá evitar ni la ofensiva de la burguesía, ni la respuesta de la clase obrera, por más que la retrase y la dificulte.
En el documento referido, CCOO y UGT, siguen enfatizando en la necesidad de volver al pacto social. Sin embargo, la burguesía, debido a la profundidad de los ataques que necesita y el ritmo con que quiere implantarlos, sólo está dispuesta a admitir un pacto social si es para que los dirigentes sindicales se impliquen completamente en la defensa de dichos ataques. La política de pactos y consensos practicada a lo largo de años por los dirigentes sindicales ha demostrado ser tremendamente lesiva para los trabajadores, pero ahora no sirve ni siquiera para los fines inmediatos que persigue la patronal y la burguesía, que están adoptando un línea de actuación mucho más ofensiva y que sólo puede ser frenada con una movilización contundente, continuada y masiva, algo que pasaría, como medida más inmediata, por la convocatoria de otra huelga general.

La debilidad invita a la agresión

La debilidad invita a la agresión. Mientras los dirigentes sindicales desaprovechan el éxito del 29-S al no darle ninguna continuidad, el gobierno sigue firme en su rumbo a la derecha1 y se prepara, con los cambios de ministros, para emprender las contrarreformas pendientes. Lo dijo bien claro Rubalcaba el 5 de noviembre, ante nuevos síntomas de nerviosismo en "los mercados": "el Gobierno español está comprometido con las reformas estructurales y la reducción del déficit, que se cumplirán en tiempo y forma".
Mientras se hacen piruetas de despacho para encubrir su total inacción la crisis económica no remite y sigue haciendo estragos sociales. El paro registrado en octubre se ha incrementado un 1,7% respecto al mes anterior, y un 8,3% más que en octubre de 2009, situándose en 4.085.976 personas. Según datos de CCOO, cerca de un millón de personas han salido o están saliendo del sistema contributivo del desempleo (Gaceta Sindical, octubre). Según UGT, un millón de personas, sólo en la Comunidad de Madrid, corren el peligro inmediato de entrar en una situación de marginación. Por supuesto, la reforma laboral no ha frenado la precarización del empleo, que sigue aumentando y mientras los dirigentes de UGT y CCOO siguen poniendo expectativas completamente infundadas en que ésta va a ser modificada, es utilizada profusamente por la CEOE para despedir a los trabajadores más luchadores en las fábricas. Mientras Toxo y Méndez reclaman una y otra vez el consenso social, la política del gobierno se está abriendo paso en base a hechos consumados. Ya se ha dilapidado el dinero público para salvar a los banqueros, ya se ha aplicado la reforma laboral, ya se está produciendo un deterioro de la sanidad y educación cuyos presupuestos se han recortado brutalmente. Mientras se defiende un "nuevo modelo productivo" como alternativa a la política del gobierno, los capitalistas desmantelan las empresas y la inversión en investigación se desploma.
Es necesario un cambio total de táctica sindical. La vía por la que han optado los dirigentes de CCOO y UGT sólo tiene el efecto de envalentonar a la burguesía y al gobierno en sus planes de ataque. Sólo hay un camino posible para frenar a la burguesía: la de la movilización, la de la lucha, la de la rebelión social, la de la adopción de un programa anticapitalista, la de una alternativa revolucionaria y socialista.

1. No sólo en la política social, sino también la política exterior, con una hostilidad cada vez mayor hacia la revolución venezolana y una postura escandalosamente condescendiente con la dictadura marroquí; y en los derechos democráticos, con el pacto con el PP para reformar la ley electoral de cara a las elecciones vascas.


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