El pasado 26 de noviembre una manifestación multitudinaria –convocada por el Ayuntamiento en pleno, familiares de los detenidos y encarcelados y vecinos de la localidad– ha recorrido Altsasu para exigir la puesta en libertad de siete jóvenes acusados de terrorismo, a los que hay que sumar otros dos menores. Más 15.000 personas (en una población que no llega a los 8.000 habitantes) en un silencio atronador recorrieron las calles del pueblo, mostrando el rechazo e indignación que ha generado el montaje judicial y mediático organizado en torno a una pelea.

A mediados de octubre, a las cinco de la madrugada, en un bar del pueblo hay una trifulca en la que estaban implicados dos guardias civiles con sus parejas y algunos vecinos de Altsasu. Mes y medio después hay nueve personas que se juegan penas de entre 10 y 15 años por una pelea con el resultado de lesiones en dos personas. Es decir, que el fiscal les pide la misma pena por las contusiones y un esguince grave que por matar a una persona. Lo hace porque considera que tal comportamiento es “terrorismo”.

No lo pensaba así la jueza de Altsasu que los dejó en libertad con cargos, acusados de lesiones y atentado. Después de que se denunciase la agresión en el juzgado, la juez que iba a llevar la instrucción del caso recabó datos de los policías forales que intervinieron y de alguno de los que estaban allí. Sin embargo, el tema ya había saltado a la prensa estatal, sobre todo la “extremocentrista”, que vio la oportunidad de sacar tajada de este suceso. Se llevó a las tertulias de las televisiones y cada una elevaba el nivel del delito para no ser menos que los otros en la “lucha contra el terrorismo” y en la “defensa de las víctimas”. Esto lo aprovechó una de las asociaciones de víctimas, COVITE, para presentar una denuncia por terrorismo, y así en vez de juzgar a los acusados en Pamplona los llevan a la Audiencia Nacional en Madrid.

La jueza Carmen Lamela se declaró competente para investigar por delito de terrorismo y, de acuerdo con el fiscal del caso, consideró que la agresión a los dos agentes y sus parejas constituye un “grave hecho delictivo contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública”. Sin embargo, incluso jueces como Baltasar Garzón (el de “todo es ETA”) o Martín Pallín dicen que la acusación de terrorismo no se sostiene y no se debe juzgar en la Audiencia Nacional.

“Queremos a nuestros jóvenes en casa”

Detuvieron a once jóvenes. Dejaron libres, por ahora, a dos chicas y no ingresaron en prisión dos menores pero también están acusados, y a siete de ellos les llevaron a la Audiencia Nacional y, después de tomarles declaración, a Soto del Real. Cuando el pueblo se enteró de los derroteros que llevaba el caso se empezó a movilizar. El Ayuntamiento aprobó una declaración de repulsa exigiendo que al ser un delito menor fuese juzgado en Pamplona. Lo apoyaron todos los grupos entre los que no están ni UPN ni PP, pero sí el PSN. A la vez que se aprobaba la declaración unas 2.000 personas se manifestaban exigiendo la liberación de los siete que habían llevado a Madrid y que, si hubiese delito, fuesen juzgados en Pamplona. La historia de los últimos años está plagada de acusaciones de torturas a los detenidos, denunciadas hasta por la ONU, y los familiares no están precisamente tranquilos.

Cuando se conoció el auto de la jueza Lamela por el que los detenía, todos se echaron las manos a la cabeza. Los padres de los detenidos señalaron: “Nos sentimos indefensos e indignados. Vemos que están tratando de hacer todo bien rápido, quizás porque temen encontrarse con una fuerte corriente de opinión contraria a este disparate”. En la manifestación del 26 de noviembre, todo el pueblo participó. Comercios y bares cerraron para solidarizarse. No se veía nadie en los balcones, lo que indica que estaban todos en la calle. Los padres que iban en la pancarta estaban visiblemente emocionados.

Altsasu es una ciudad industrial que empezó su desarrollo a mediados del siglo XIX aprovechando el paso del ferrocarril y sobre todo cuando se conectó con Pamplona y Zaragoza. Fue un pueblo que acogió a muchas familias emigrantes que venían buscando una vida mejor y en Altsasu encontraron un ambiente donde desarrollarse y convertir el pueblo en lo que hoy es. El comunicado leído al final de la manifestación, denunciaba que la imagen de Altsasu se ha visto dañada a raíz de unos hechos que nunca debieron ocurrir: “Hemos visto estas últimas semanas cómo la imagen de nuestro pueblo ha sido gravemente dañada. Esta imagen para nada se corresponde con nuestra realidad (…) Somos un pueblo plural y abierto, fruto de la convivencia de muchas personas que vinieron un día a trabajar y decidieron quedarse y construir aquí su futuro, entendiendo la idiosincrasia y la personalidad de este pueblo y haciéndola suya”. Incluso, el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra, Javier Hernández, en una rueda de prensa mostraba su discrepancia “con la manera en que se ha presentado a la población de Altsasu”.

Laboratorio represivo

Uno de los padres de los jóvenes dice que hay que pelear para que se conozca la verdad de lo que pasó aquí. Otros familiares opinan que este pueblo se ha convertido en una especie de laboratorio para probar los alcances del artículo 573 del nuevo Código Penal, que amplía de forma generosa los supuestos por los que alguien puede ser acusado de terrorismo. De hecho, un grupo de relatores de la ONU ya advirtió en febrero de 2015 que la legislación española en materia antiterrorista podría "criminalizar conductas que no constituirían terrorismo". La experiencia de los últimos meses les da miedo. Los titiriteros de Madrid pasaron meses en la cárcel acusados de terrorismo para finalmente salir absueltos. El concejal de Madrid, Zapata, fue acusado por unos tweets y soportó una campaña de criminalización por la prensa afín a la derecha hasta que fue absuelto por los jueces. Estamos asistiendo a juicios en los que se piden hasta ocho años de cárcel a trabajadores por defender su puesto de trabajo.

Efectivamente, el montaje judicial y mediático de Altsasu no se puede desvincular de la escalada represiva contra los derechos democráticos que el PP ha impulsado desde que está en el gobierno. Según los propios datos del Ministerio del Interior, en los primeros siete meses desde que entrara en vigor la Ley Mordaza, en julio de 2015, se ha sancionado a 40.000 personas por, entre otros motivos, “falta de respeto” a los agentes de la ley o “resistencia a la autoridad”, y se han quintuplicado los juicios por “enaltecimiento del terrorismo”. La burguesía se prepara para una perspectiva de contestación social creciente y no pierde ocasión para afinar al máximo todos los mecanismos represivos que tiene a su alcance o de tratar de desviar la atención social hacia casos de “terrorismo” contra los que “todos” debemos estar unidos. Desde Izquierda Revolucionaria denunciamos el montaje de Altsasu, exigimos la inmediata puesta en libertad de los detenidos y la retirada de los cargos de terrorismo. A la vez, exigimos la derogación de la ley Mordaza y la reversión de todas las modificaciones represivas introducidas en el Código Penal. Hay que vincular la lucha contra la represión a la movilización general para recuperar los derechos democráticos, laborales y sociales que nos están arrebatando.


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