Con los presupuestos generales de 2017 el gobierno de Rajoy hace suyas las exigencias de la Comisión Europea de reducir el gasto en al menos 8.000 millones de euros en dos años, 5.500 millones en 2017, año para el que se pretende alcanzar un déficit del 3,1% del PIB. Los recortes y el acoso y derribo a las conquistas sociales de la clase obrera no se han detenido en absoluto, sigue siendo el eje central de la política económica tanto de la burguesía española como europea.

Siguen los recortes

En el documento enviado a Bruselas con las cuentas para 2017 el PP se compromete a contener las pensiones por cuarto año consecutivo, aplicando la “subida” mínima que permite la ley (0,25%). Las retribuciones de los empleados públicos pasarían del 11% del PIB en 2016 al 10,6% en 2017. Las prestaciones por desempleo de 18.800 millones a 16.600 millones. En general, el gasto público caería del 42,4% en 2016 al 41,3 en 2017. Todo eso después de arrastrar un lustro de duros recortes. Mientras, el pago de intereses de la deuda será de 30.700 millones, un robo a las arcas públicas que se viene produciendo año tras año, ya que la mayor parte de esa cuantía va directamente a los bolsillos de la banca.

Por lo que se conoce hasta el momento, el presupuesto también prevé un aumento de impuestos sobre el consumo y otra ronda de privatizaciones de empresas o participaciones estatales, defendidas públicamente ya por los ministros de Economía y de Fomento, entre ellas la rentabilísima Sociedad Estatal de Lotería y Apuestas del Estado (Selae). La venta de empresas públicas rentables no suponen un “ingreso” para el Estado sino que el Estado deje de percibirlo (1.800 millones de euros anuales aproximadamente en el caso de Selae) en beneficio del sector privado. Una vez más queda al desnudo el cinismo de la derecha y su peculiar forma de “equilibrar” las cuentas públicas: llenando el bolsillo de unos cuantos amiguetes a costa de empobrecer a la mayoría.

Estos recortes agravan todavía más una dramática situación social en la que la pobreza provocada por el desempleo crónico, la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios está cada vez más extendida. Según datos del INE, los trabajadores han perdido el 11% de su poder adquisitivo desde el inicio de la crisis. Casi 3,7 millones de trabajadores cobran menos de 300 euros al mes, cuatro de cada diez jubilados sobreviven con menos del SMI. Entre 2009 y 2015, las eléctricas dejaron sin luz a más de 7,3 millones de hogares. En ese mismo periodo Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP se embolsaron 46.926 millones de euros.

Se concreta la gran coalición PP-PSOE

Se ha dado mucho bombo al reciente acuerdo PP-PSOE sobre el aumento del SMI y el techo de gasto de las autonomías. Que se presente como un gran avance un salario mínimo de 700 euros al mes es un insulto, nadie puede vivir dignamente con esa cantidad. Además, respecto a los presupuestos autonómicos quieren hacernos creer que una diferencia de un ridículo 0,1 punto porcentual entre el objetivo de déficit exigido inicialmente por el gobierno (0,5%) y el acuerdo alcanzado (0,6%) tendrá un efecto milagroso, transformando recortes en un exuberante gasto social.

El PSOE intenta utilizar esas migajas para justificar una reducción del techo de gasto de 2017 en 5.000 millones de euros, o sea, a cambio de que el PP pueda seguir recortando a diestro y siniestro. Los golpistas de Ferraz se convierten así en cómplices y ejecutores de los recortes del PP, dándole un valioso apoyo político a Rajoy sin que haya variado un ápice los ejes fundamentales de su política. El gobierno del PP es un gobierno débil. Pero en vez de aprovechar esta debilidad para asestar un golpe definitivo a la derecha, a su política represiva y de recortes, la dirección del PSOE vuelve a situarse del lado de los capitalistas y contra los intereses de las familias trabajadoras. Como ya hemos explicado, estamos ante una gran coalición PP-PSOE de facto.

La crisis del PSOE sigue profundizándose. La gestora está maniobrando para evitar la celebración de primarias y de un congreso a corto plazo, y está dispuesta a escindir o destruir el partido antes que dar la más mínima oportunidad a la base del PSOE de cambiar la actual orientación política. La escabechina pública contra Pedro Sánchez en el histórico Comité Federal del 1 de octubre —y las sanciones posteriores a los díscolos— demuestra su total falta de escrúpulos. La gestora, aupada y amparada por el poder económico, estatal y mediático, y consciente de su papel de guardiana de la estabilidad capitalista, actúa con decisión y descaro, sin importarle su total divorcio con las bases y su descrédito social, que sigue profundizándose según señalan las últimas encuestas (el 48% de los votantes socialistas consideran la falta de credibilidad del partido su principal problema).

En su primer acto con la militancia Pedro Sánchez, se encaró con la gestora lanzándole un mensaje: “Vuestro tiempo acabó”. Dijo que los afiliados quieren “votar en unas primarias y en un Congreso Federal”; defendió “la autonomía del PSOE frente a los poderes económicos”, “un PSOE de izquierdas y no en posición subalterna al PP” y que “reconozca la realidad plurinacional de este país”. Pero las palabras tienen que acompañarse de una actuación práctica y de un programa coherentes. En Euskadi, el PSE, dirigido por sectores afines a Pedro Sánchez, ha llegado a un acuerdo con el PNV que incluye la participación en el gobierno vasco. Sin embargo, el PNV, al igual que el PP y la antigua CiU, son partidos burgueses completamente comprometidos con los recortes sociales. Eso no es coherente con un PSOE de izquierdas y dispuesto a hacer frente a los poderes económicos. El reconocimiento de Euskadi como nación y el derecho a decidir, si efectivamente se concretara, sería un paso muy positivo. Pero el camino para lograrlo no vendrá del acuerdo con la burguesía vasca, como estamos viendo en Catalunya. Si el sector que encabeza Pedro Sánchez quiere dar una batalla seria y consecuente, la rectificación tendrá que ser mucho más profunda que la hecha hasta el momento.

La lucha es el único camino

La única forma de hacer frente a la política de recortes del PP y de sus ayudantes —la dirección del PSOE y Ciudadanos— es con la movilización en la calle. La retirada de las reválidas franquistas lo demuestra. Esta importantísima conquista se debe única y exclusivamente a la lucha estudiantil, al Sindicato de Estudiantes, a la Marea Verde, a la energía y al compromiso de centenares de miles de profesores, padres y estudiantes que han sostenido la lucha por la educación pública durante años. Este ejemplo, así como las multitudinarias protestas en Andalucía contra la política sanitaria de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, son hechos que vuelven a confirmar que existe la fuerza y la voluntad de luchar.

CCOO y UGT han convocado en todas las ciudades movilizaciones el 15 de diciembre y una manifestación en Madrid el domingo 18. La intención de Toxo y Álvarez es convencer al gobierno del PP de que les dé alguna migaja con la que seguir justificando su lamentable política de acuerdos y paz social. Izquierda Revolucionaria participará en estas movilizaciones, pero para decir ¡basta ya de paz social! Oponerse a los recortes del PP, avalados por el PSOE, exige la convocatoria de una huelga general de 24 horas, tal como ha propuesto el líder de Podemos Pablo Iglesias. Efectivamente, éste el camino. La tarea fundamental en estos momentos es desplazar la acción de la izquierda militante hacia el terreno de la movilización.

¡Únete a Izquierda Revolucionaria!


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