A 30 años de la firma de la Constitución
"En la España de hoy el comunismo no amenaza a nadie. Nuestro partido no pretende establecer un gobierno comunista". Santiago Carrillo, II Conferencia Nacional del PCE, 1975
"Ya es hora de que los comunistas expongan al mundo entero sus ideas, sus fines, sus tendencias; que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido". C. Marx y F. Engels, El Manifiesto Comunista, 1848,
Cuando se cumple el 30º aniversario de la Constitución española, el Partido Comunista de España, que con tanta vehemencia defendió su ratificación, atraviesa uno de los momentos políticos más bajos de su historia. Atenazado por una profunda crisis de militancia, con una escasa implantación en los sindicatos y una pérdida formidable de influencia en el movimiento juvenil y vecinal, y afectada por unos resultados electorales mediocres, que amenazan a su marca electoral (IU) con convertirla en una fuerza extraparlamentaria, el PCE se encuentra en una encrucijada histórica.
Esta pérdida de influencia política contrasta vivamente con la situación del Partido en el período de ascenso revolucionario de los años setenta, conocido en la jerga oficial como la Transición. En esos años, el partido gozaban de una abrumadora presencia en el movimiento obrero, auténtica columna vertebral de la organización. La mayoría de los fundadores y cuadros que dirigían CCOO eran militantes comunistas. Sectores de la pequeña burguesía y las capas medias, profesionales, intelectuales de todo tipo, hacían pública su pertenencia al PCE de forma entusiasta. Las Asociaciones de Vecinos, protagonistas de luchas masivas por la vivienda y contra la carestía de la vida, también estaban encabezadas por cuadros del Partido. ¿Cómo es posible que treinta años después todo este capital político y humano, toda esta influencia poderosa, haya sido liquidada y el PCE se mueva en la frontera de la marginalidad política? Intentar responder a esta cuestión, al mismo tiempo que trazar una alternativa a esta crisis, es el motivo de este artículo.
Una época de ascenso revolucionario
Tras un largo período de estabilización política, especialmente los países capitalistas avanzados, la revolución volvió a ocupar la escena política europea. Democracias burguesas aparentemente muy sólidas eran sacudidas hasta los cimientos: en Francia diez millones de obreros ocuparon las fábricas en 1968 abriendo una profunda crisis de poder. En Italia las luchas de 1968/69 empujaban al PCI al gobierno a un ritmo imparable. En pocos años más, las dictaduras griega y portuguesa se resquebrajaban por la acción revolucionaria de los trabajadores, los campesinos y los soldados. En toda Europa se vivía una crisis revolucionaria que ponía la cuestión del poder y del socialismo en el orden del día.
Los ecos de este ascenso revolucionario empezaron a retumbar con fuerza en el Estado español. La agonía física de Franco se convirtió en una expresión plástica de los estertores de una dictadura que duraba ya 40 años. El dictador moría el 20 de noviembre de 1975 y, dos días después, Juan Carlos de Borbón era proclamado su sucesor como Jefe del Estado y Rey de España. Fue en esos meses cuando las luchas obreras, presentes por toda la geografía del país desde hacía más de una década, se generalizaron y radicalizaron1. La irrupción audaz y decidida de la clase trabajadora en el escenario político se convirtió en la piedra angular de todas las decisiones que se adoptaron en la Transición. El ascenso de la lucha de clases, el crecimiento de la conciencia socialista de millones de trabajadores y jóvenes, la voluntad de combatir hasta el final, abría la misma perspectiva que en Francia o en Portugal: la conquista del poder político por parte de la clase obrera. Éste fue, en esencia, el asunto sobre el que pivotaron todas las maniobras que se sucedieron a lo largo de los años setenta: o la reconversión de la dictadura franquista en un régimen de democracia burguesa o la ruptura política y la lucha revolucionaria por el socialismo.
Era un hecho que el movimiento se sentía fuerte y desafiaba abiertamente al régimen. Así lo demostró la gran huelga de Vitoria en febrero y marzo de 1976. Por primera vez desde los años treinta, la lucha de los trabajadores de Vitoria cristalizó en la formación de organismos de poder obrero, las Comisiones Representativas que, establecidas inicialmente por los trabajadores en sus fábricas para organizar la huelga, se acabaron fusionando en un Comité Central de Huelga que incorporó a sus filas a representantes de las mujeres, los estudiantes y los pequeños comerciantes. Las luchas de Vitoria en 1976 marcaron el inicio de un movimiento que podía acabar en un claro desafío a la autoridad del Estado burgués. Supusieron una tremenda escuela para miles de trabajadores que tomaron conciencia del extraordinario poder que concentraban en sus manos y de su capacidad para dirigir la sociedad sin necesidad de capitalistas. Fue esta realidad, y el temor a que la audacia de estos obreros se contagiara al conjunto del movimiento, lo que llevó a la burguesía a responder brutalmente: en la asamblea general del 3 de marzo, que reunió a 5.000 trabajadores en al Iglesia de San Antonio, la salvaje intervención armada de la policía se saldó con cinco muertos y más de cien heridos2.
Democracia burguesa o lucha por el socialismo
En la llamada transición estaba en juego la continuidad del propio sistema capitalista. Las reivindicaciones democráticas (elecciones libres, legalización de los partidos y sindicatos obreros, libertad de expresión, de reunión y de manifestación, derecho de autodeterminación para las nacionalidades oprimidas...), que apoyaban entusiastamente millones de trabajadores, campesinos y sectores de la pequeña burguesía, podían haberse vinculado con facilidad a la conquista del poder político, en un movimiento revolucionario por la nacionalización de la banca, los monopolios y los latifundios, por la expropiación completa y sin indemnización de la burguesía que había sostenido los crímenes del franquismo. La correlación de fuerzas en aquellos momentos era completamente favorable para una estrategia socialista de este tipo.
Sólo la miopía y el conservadurismo burocrático de los dirigentes de la clase trabajadora frenó esta perspectiva. La burguesía, igual que en 1931, sabía muy bien qué baza jugar: reformar el andamiaje político del régimen capitalista para mantener firmemente bajo su control las palancas de la economía y, en consecuencia, del poder político. La estrategia debía de pasar, como en tantas ocasiones, por persuadir a los trabajadores de que la democracia sólo sería posible si todos los sectores supuestamente progresistas de la sociedad luchaban juntos dejando de lado sus diferencias de clase y renunciando, obviamente, al socialismo. En definitiva, era necesaria una nueva reedición de la política de colaboración de clases que atara de pies y manos al movimiento revolucionario de los trabajadores.
La experiencia histórica de la clase dominante era amplia al respecto y sabían que podrían contar con los servicios del estalinismo, como había podido comprobar en la década de los cuarenta y setenta en Francia, Italia, Grecia y en la propia revolución española de 1931/39. Pero, para llevar este plan a buen puerto se hacía necesario salvar una dificultad no pequeña: ante los miles de trabajadores en lucha, ante los miles de militantes y cuadros clandestinos del PCE y de CCOO, los demócratas de nuevo cuño como Adolfo Suárez, José Mª Areilza o Juan Carlos I3, carecían de cualquier influencia y simpatía.
La colaboración de clases: una vieja estrategia al servicio de la burguesía
Los sectores más consecuentes y decisivos de la burguesía española, y también del capital internacional, se apoyaron tenazmente en los dirigentes obreros para conseguir sus objetivos y asegurar la continuidad del sistema capitalista. En este sentido, la dirección del PSOE era muy débil y sus fuerzas organizadas eran incomparablemente menores a las del Partido Comunista, que agrupaba a la vanguardia de la clase trabajadora y cuyos cuadros y dirigentes disponían de una autoridad engrandecida por décadas de lucha clandestina contra la dictadura, detenciones, cárcel y exilio.
Aunque la militancia comunista había dado sobradas pruebas de su arrojo y voluntad revolucionaria, las bases para la política de colaboración de clases de la transición coincidían plenamente con la estrategia de la dirección del PCE. Unas bases que habían sido definidas en la declaración del Comité Central del partido redactada en 1956: Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español. Unos de sus inspiradores fue Fernando Claudín, que evocaría más tarde dicha declaración en los siguientes términos: "...El título explica bien el contenido... propugnábamos el entendimiento entre las fuerzas de la izquierda y la derecha para que los cambios hacia la democracia se produzcan pacíficamente; una democracia parlamentaria en la que la norma de conducta sea el respeto a la legalidad democrática..."4.
Santiago Carrillo, convertido ya en incuestionable secretario general del partido, no escatimó energías para llevar a la práctica este plan, aunque sus esfuerzos fueron infructuosos durante muchos años por la simple razón de que los capitalistas españoles seguían considerando la dictadura como el régimen que mejor aseguraba su tasa de ganancias. La llamada política de reconciliación nacional provocó, ya entonces, una crítica sorda en la base del partido, hecho que fue reconocido por Ignacio Gallego, uno de los máximos dirigentes comunistas del momento: "...Recordamos la conmoción que provocó tal planteamiento en amplias zonas del Partido. ¿Reconciliación con los que hemos tenido en las trincheras de enfrente? Reconciliación de todos los españoles para poner fin a la dictadura franquista, respondía el Partido... Cerrar las heridas de la guerra civil y lanzarse por el camino de la reconciliación nacional obligaba a nadar contra la corriente. El Partido Comunista lo hizo"5.
Finalmente a partir de 1974, y al calor del ascenso de la lucha de clases, los dirigentes del PCE pudieron llevar a la práctica esta política. Liderando la Junta Democrática, que actuó como el organismo fundamental de la colaboración de clases y de puente político entre los dirigentes del principal partido de la clase obrera y los estrategas del capital, se diseñó una reforma política que mantendría intactos los fundamentos del capitalismo español, sancionaría la propiedad privada de los medios de producción, y aseguraría una total impunidad a los responsables de los crímenes de la dictadura6.
NOTAS
1. En la curva ascendente de la lucha huelguística podemos ver el proceso de la toma de conciencia de los trabajadores: en el trienio 1964/66 hubo 171.000 jornadas de trabajo perdidas en conflictos laborales; en 1967/69: 345.000; en 1970/72: 846.000 y en 1973/75: 1.548.000. Posteriormente a la muerte de Franco, la ofensiva adquirió unas dimensiones insólitas: desde 1976 hasta mediados de 1978 se perdieron nada menos que 13.240.000 jornadas en conflictos laborales. Los primeros meses de 1976 estuvieron marcados por huelgas en Euskadi y Madrid que se extendieron por todo el Estado. Empresas como ENSIDESA, HUNOSA, Standard Eléctrica, Metro y Correos, protagonizan duras luchas que duraron meses. Inevitablemente, a las reivindicaciones de tipo económico se sumaron rápidamente demandas netamente políticas.
2. Las respuestas de solidaridad en el conjunto del Estado fueron numerosas: huelgas generales en numerosas localidades de Euskadi y en otras zonas del Estado; asambleas masivas en centenares de fábricas, indignación y furia. Pero como ocurriría meses más tarde con el brutal asesinato de los abogados laboralistas de Atocha, ninguno de los máximos dirigentes políticos del movimiento obrero, especialmente del PCE, llamó a responder el brutal ataque a través de la huelga general y a la formación y coordinación estatal de organismos obreros como el Comité Central de huelga de Vitoria.
3. En aquellos momento Juan Carlos I era apodado por las masas como Juan Carlos el breve.
4. Fernado Claudín, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, p. 118, Ed. Planeta, Barcelona 1983.
5. Ignacio Gallego, Desarrollo del Partido Comunista, páginas 224 y 225, Colección Ebro, París 1976
6. La Junta Democrática integró, entre otros, a destacados monárquicos. El PSOE, por su parte, fundó en 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática, que agrupó a franquistas reconvertidos como Ruíz-Giménez y que servía como contrapunto al protagonismo del PCE. Ambas plataformas interclasistas se fusionaron en 1976 en lo que popularmente se bautizó como Platajunta, un auténtico organismo de coordinación política entre capitalistas y dirigentes obreros.
