La política de colaboración de clases, que en los momentos decisivos de la revolución se convierte en una trampa para las masas, tiene también otras consecuencias perniciosas. Si los cuadros comunistas no son educados en una política de independencia de clase, antes o después, se verán obligados a vestir ante los trabajadores a sus enemigos reales como potenciales aliados, justificando una política que, al margen de bienintencionados propósitos, perjudica los intereses del conjunto de la clase obrera y de la lucha por el socialismo.

Los dirigentes del PCE no ignoraban que un desenlace semejante sería inevitable y así en el Manifiesto Programa se afirmaba: "Tal alianza, como todas, exige concesiones mutuas. La clase obrera se compromete a respetar la propiedad no monopolista en la etapa de democracia"1.

Como le gustaba decir a Lenin la verdad es concreta y este programa debía ser aplicado en el contexto de la crisis económica mundial de 1974, que en el Estado español explotó de manera virulenta entre 1977 y 1980. Las empresas cerraron por miles, dejando a finales de año un saldo de un millón de parados. La inflación alcanzó el 30% mientras la burguesía española saqueaba la riqueza del país a través de una fuga masiva de capitales. La receta de los capitalistas para afrontar la crisis fue la misma que en toda recesión: que la crisis la paguen los trabajadores.

La alianza con la burguesía cristaliza: Los Pactos de la Moncloa

Para encontrar una salida a la situación, en agosto y septiembre de 19772 se produjeron numerosas reuniones para ganar el apoyo de los dirigentes de las organizaciones obreras al plan de austeridad diseñado por el gobierno Suárez. Se fraguan los Pactos de la Moncloa en torno a un crecimiento salarial vinculado a la inflación prevista por el gobierno y no la real (topes salariales); la congelación de gastos y el déficit público y la flexibilización del despido. Los dirigentes del PCE y CCOO apoyaron entusiastamente el pacto desde un principio. La dirección del PSOE titubeó demagógicamente, para dar posteriormente su respaldo total. En cuanto a la UGT, reflejando la fuerte presión de los trabajadores, se opuso inicialmente para acabar firmándolo más tarde. La oposición del conjunto de la clase obrera a los pactos era tan grande, incluidas cientos de secciones sindicales de CCOO, que el mes de noviembre de 1977 estuvo marcado por la celebración de manifestaciones obreras en todo el Estado contra la firma del acuerdo.

En esa tesitura los dirigentes del PCE se vieron obligados a poner toda su autoridad sobre la mesa, con declaraciones sorprendentes contra las huelgas y las luchas por recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación. En una entrevista realizada a Marcelino Camacho, el fundador de CCOO, se expresaba de la siguiente manera: "Hoy, el realismo es obligatorio, aunque le sea desagradable escucharlo a los trabajadores." El periodista replica: "En esas condiciones, ¿qué queda de la acción sindical?". Marcelino responde: "Lo esencial: las huelgas. Pero es un arma que hay que usar con prudencia. En 1976 hemos perdido 110 millones de jornadas de trabajo. El año pasado, solamente diecinueve. Este año tendremos menos"3.

Nicolás Sartorius, entonces dirigente del PCE, también proclamaba su convencimiento acerca de las bondades que ofrecía el plan de austeridad: "Aunque no existiera, CCOO hubiera fomentado una política de moderación salarial..."4. A finales de 1977 los trabajadores habían perdido un 10% de su poder adquisitivo. Poco después, en abril de 1978, tan sólo un año después de su legalización, el IX Congreso del PCE, a pesar de la resistencia de algunos sectores, aprobó formalmente su renuncia al leninismo.

La bandera española, la monarquía y la impunidad para los criminales franquistas

El movimiento revolucionario de los trabajadores y la juventud de todo el Estado español estaba siendo desvirtuado y reconducido hacia las aguas del parlamentarismo burgués. Cortada la dinámica ascendente de la lucha revolucionaria, con miles de trabajadores de vanguardia desmoralizados debido a la política de colaboración de clases practicada por los dirigentes del PCE, la burguesía necesitaba aún más. La efervescencia política de las masas hacía necesario reforzar su dominio ideológico de la sociedad, dejando firmemente establecidos los límites de la democracia burguesa española. Y, en esta tarea, los dirigentes políticos de la clase obrera, especialmente los dirigentes del PCE, serían el factor determinante.

Fue en torno al contenido de la nueva Constitución donde se centró el debate sobre las premisas políticas de la joven democracia española. A diferencia de los líderes del PCE y el PSOE, la burguesía no quería hacer ninguna concesión innecesaria en el texto constitucional. Todo aquello que tuviera que ver con la propiedad privada y la toma de decisiones políticas fundamentales quedaba claramente garantizado en beneficio de la burguesía. También quedaba excluido el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, a favor de una estructura territorial basada en las Comunidades Autónomas. Aspectos vitales para las familias trabajadoras como el derecho a la vivienda, a la sanidad, al empleo o la educación, eran enunciados de forma tan grandilocuente como abstracta, sin comprometer los intereses de los capitalistas. Por supuesto, la burguesía española no olvidó los servicios prestados por la dictadura: ninguno de los criminales franquistas, incluidos torturadores y asesinos, fue juzgado ni condenado por sus crímenes. La impunidad fue ratificada con la anuencia de los dirigentes del PCE y del PSOE.

La dirección del PSOE, que en 1977 todavía se reclamaba republicana, aceptó definitivamente la monarquía parlamentaria en 1978. Los líderes del PCE participaron activamente en el proceso de elaboración de la Constitución a pesar de que ello implicara la aceptación de la bandera nacional de Franco o la monarquía. Cuando utilizamos el término "activamente" no lo hacemos a la ligera. En la primera reunión del Comité Central del Partido tras su legalización, Carrillo llegó a afirmar: "Desde ahora, la bandera nacional figurará siempre al lado de la del Partido Comunista en todos los actos en que se exhiba ésta". Toda la dirección se volcó en defender el Sí a la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978: Ignacio Gallego, Antoni Gutiérrez, Jordi Solé Tura, Jaime Ballesteros, Pilar Bravo, Nicolás Sartorius, Manuel Azcárate,... CCOO puso en marcha 3.000 asambleas de fábrica para sumarse a la campaña del Sí.

El resultado del referéndum fue un amplio voto afirmativo, aunque con una abstención del 35% y la victoria del No en Euskadi. Para sectores amplios de la clase trabajadora era algo más que difícil pronunciarse de forma contraria cuando sus dirigentes explicaban que la Constitución contenía "una serie de avances hacia transformaciones de carácter económico y social en la dirección de la democracia política y social y, en último término, hacia el socialismo..."5.

La burguesía internacional, que había seguido con auténtica preocupación los procesos políticos en el Estado español, no pudo dejar de congratularse por esa actitud responsable y realista de los líderes de la izquierda española. Uno de los periódicos burgueses más respetados, Financial Times, hizo un sentido homenaje a Santiago Carrillo: "El señor Carrillo fue el primer dirigente que dio su espaldarazo a los Pactos de la Moncloa (...) La moderación activa de los comunistas durante y después de la masacre de los trabajadores en la huelga de Vitoria de marzo de 1976, del ametrallamiento de los cinco abogados comunistas en enero de 1977, y la huelga general en el País Vasco en mayo de 1977 -por tomar sólo tres ejemplos- es probablemente decisiva para evitar que España cayera en una situación de conflictividad extensa y para permitir la continuidad de la reforma (...) Esto ha supuesto para el señor Carrillo una nueva respetabilidad..."6.

El carácter irreconciliable de los intereses de la burguesía y el proletariado también es aplicable en este terreno. La política que tantas alabanzas arrancaba entre los representantes del capital, fue la misma que provocó el alejamiento del Partido de una parte fundamental de su militancia. Tras el entusiasmo inicial, que permitió al PCE alcanzar más de 205.000 afiliados en 1978, el Partido sufrió una pérdida constante de apoyo entre la clase obrera. En 1983 declaraba tener 85.000 afiliados, en 1985 poco más de 67.000, y en 2008 alrededor de 20.000 militantes.

Volver al programa del auténtico comunismo, volver a Marx y Lenin

Nada más lejos de nuestra intención que realizar en estas líneas una reflexión desde la tarima académica, convertidos en observadores distantes y jueces de la lucha de clases. El objetivo de esta serie de artículos es subrayar que no fue la debilidad del movimiento obrero lo que impidió la transformación socialista de la sociedad en aquellos años. Todo lo contrario, nuestra clase no dudó en abrazar la lucha por el socialismo en todas y cada una de las profundas crisis que azotaron al capitalismo en el siglo XX. Estamos convencidos de que las cosas no serán distintas en el siglo XXI. La cuestión fundamental, que ha quedado en evidencia a lo largo de setenta años, es que llegado el momento decisivo del enfrentamiento entre las clases las masas puedan disponer de un Partido con un programa, una táctica y unos métodos genuinamente comunistas. Y, ciertamente, no nos sobra el tiempo. La actual crisis económica que azota al capitalismo vuelve a brindar a los comunistas las mejores condiciones objetivas para construir una alternativa revolucionaria. Pero una situación objetiva favorable no es el único requisito que necesitamos para triunfar. La historia nos enseña que son más numerosos los procesos revolucionarios derrotados que los victoriosos. Por eso, hacemos nuestras las siguientes palabras de Lenin: "Si no tememos decir con franqueza la verdad, por amarga y dura que sea, aprenderemos sin falta y ciertamente a vencer todas las dificultades"7.

NOTAS

1. Manifiesto Programa del PCE reproducido en el libro España: democracia o fascismo, página 123, editorial Democracia y socialismo, México 1976.

2. En junio de 1977 se habían celebrado las primeras elecciones generales después de cuarenta años de dictadura. A pesar de que más de dos millones de jóvenes entre 18 y 21 años no pudieron votar, así como decenas de miles de emigrantes, el PSOE, el PCE y Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván sumaron un 43,7% frente al 42,9% de la derecha (la Unión de Centro Democrático de Suárez y Alianza Popular, dirigida por Fraga). Un resultado aún más meritorio si tenemos en cuenta que los líderes del PSOE y el PCE dedicaron, en aquellos meses, todo tipo de elogios a Suárez destinados a borrar su pasado franquista y presentarlo como pieza clave de la democracia. En cualquier caso, en los puntos estratégicos de la lucha de clases, las grandes ciudades y los centros industriales, la victoria de la izquierda fue aplastante.

3. El País, 27 de abril de 1978.

4. El País, 10 de diciembre de 1977.

5. Declaraciones de Jordi Solé Tura, representante del grupo parlamentario comunista en la ponencia constitucional. El País, 8 de enero de 1978.

6. Financial Times, 13 de diciembre de 1978.

7. Lenin, octubre de 1921, OO.CC., editorial Progreso, Tomo 44, pag. 199.

 
 

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