Este verano asistimos a un nuevo episodio de ese cinismo desbocado e insultante que suele caracterizar a los altos cargos del Gobierno del PP. El turno, esta vez, le tocó a una habitual en esos menesteres, la ministra de Empleo, Fátima Báñez. En su comparecencia en el congreso el 29 de agosto declaró que “el empleo que llega es de más calidad que el que se fue” para concluir que “estamos ante una recuperación económica (...) sólida, sana y social”. Para millones de personas que han visto sus condiciones de vida y trabajo hundirse en los últimos años, estas palabras suponen un cruel insulto. No es así para los grandes banqueros y empresarios, auténticos beneficiarios de la salvaje política antisocial del PP. Los datos no dejan lugar a dudas.

Los beneficios empresariales han superado en un 6% los niveles que alcanzaron antes de la crisis; según el Banco de España, las ganancias de las empresas crecieron un 24,7% en 2016 respecto al año anterior. La acumulación de riqueza en el sector más rico de la sociedad ha alcanzado niveles obscenos. Tan sólo 19 familias presentes en el accionariado de las empresas del Ibex-35 acumulan un patrimonio de 98.500 millones de euros. El 1% más rico acaparaba en 2016 más del 25% de la riqueza del país, en contraste, el 20% más pobre se quedaba con el 0,1%. No es de extrañar que los altos cargos de las grandes empresas hablen sin ningún rubor de “sólida recuperación” cuando 136.502 directivos ingresan lo mismo que 5.740.000 trabajadores con los sueldos más bajos. Estas cifras son sólo una pequeña muestra que ilustra el festival de ganancias del que disfrutan los capitalistas.

Acumulación de riqueza en un polo a costa de una auténtica hecatombe social

Esta acumulación de riqueza en un polo de la sociedad se está produciendo a costa del trasvase de recursos públicos a manos privadas –miles de millones de euros regalados a la banca e ingentes cantidades con las que se ha subvencionado a las empresas para sanear sus cuentas– y  de un incremento sin precedentes de la sobreexplotación de los trabajadores, el hundimiento de los salarios y el crecimiento del empleo basura.

La reforma laboral del PP (y previamente las del PSOE) es el marco legal que está permitiendo que los derechos laborales estén retrocediendo al nivel de los años 30 del siglo pasado. El Sindicato de Técnicos de Hacienda señala que el 47% de los trabajadores (8,16 millones) percibe un salario menor de 1.000 euros al mes, siendo el 34,4% (6 millones) los trabajadores que reciben un salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional, situado en 655,20 euros al mes en 2016. Según el Instituto Nacional de Estadística, las familias han perdido 4.000 euros de renta anual desde 2009.

Hoy, la temporalidad oficial se encuentra en el 26,8%. El 92% de los contratos firmados son temporales, siendo cada vez más precarios: mientras en 2011 la duración media de un contrato temporal era de 63 días, en 2016 fue de 50,6; es más, el 25% de estos contratos dura menos de una semana. Además, analizando la Encuesta de Población Activa (EPA), aparecen unos 3 millones de trabajadores con contratos basura que entran y salen constantemente del mercado laboral*.  

La juventud es la que más sufre esta penosa situación: el 73% de los menores de 25 años trabaja con contrato temporal y el 56% en el caso de los menores de 30.

Las consecuencias son devastadoras. Los nervios y la salud de la clase obrera están sufriendo una severa degradación. El hecho de que las enfermedades profesionales declaradas en los primeros siete meses de 2017 superen en un 30% las declaradas en julio de 2012, así lo demuestra.

Por otro lado, las cifras del  paro, que sigue manteniéndose muy alto, en torno al 18%, nos completan el drama social que se sufre en millones de hogares. En estos momentos hay 2 millones de parados de larga duración. El 50,8% de los menores de 25 años se encuentra en paro frente al 46% existente antes de la aprobación de la última reforma laboral. Más de 700.000 familias no tienen ningún ingreso, y más de 1,5 millones de parados carecen de prestación debido a la drástica caída de la cobertura de desempleo, que ha pasado del 78,8% en 2008 al 58,8% en la actualidad. El 61% de los parados se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Y en esa misma situación se encuentra el 18% de los trabajadores. Y con la perspectiva de que este porcentaje siga creciendo. El informe Sobre el Estado Social de la Nación de 2017, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de servicios sociales señala que “la precariedad, causada por la inestabilidad en el empleo y los bajos salarios, provoca que 6 millones de personas estén en permanente riesgo de caer en la pobreza ante cualquier vaivén”. Según el INE, el 22,3% de los hogares en 2016 se encontraban por debajo del umbral de la pobreza, llegando al 35,4% en Andalucía y al 35% en Canarias.

Si a esto le sumamos los profundos recortes a los servicios sociales (sanidad, educación, ayudas a la dependencia, etc.) aplicados por el PP, la resultante es un hundimiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Sólo la lucha decidida puede revertir esta situación

Los trabajadores están comparando los grandes beneficios que están acumulando los empresarios con sus cada vez peores condiciones laborales y salariales, y están sacando la conclusión de que también quieren disfrutar de una parte de ese pastel y están dispuestos a movilizarse de forma contundente. La huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat en Barcelona, este verano, ha sido un claro ejemplo de ello. Lanzar una ofensiva general para recuperar poder adquisitivo y derechos laborales es el camino.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha denunciado que el empleo creado es "desigual y precario, que genera situaciones de feudalismo laboral en las que muchas personas que tienen un salario están por debajo de los umbrales de la pobreza". Por ello dice haber fijado la lucha contra la desigualdad y la desigualdad como la "prioridad" de CCOO.

Las palabras, si no van acompañadas de hechos, en este caso de un plan de acción concreto y serio de luchas en cada empresa y a nivel general, sólo son un brindis al sol. Lamentablemente las direcciones de CCOO y UGT no han dado ninguna muestra de querer romper con la política sindical de paz social que vienen practicando desde hace mucho tiempo.

Es urgente echar a la basura esta nefasta estrategia sindical que ha allanado el terreno para que la patronal y el gobierno hayan destruido gran parte de nuestros derechos y a su vez ha supuesto el hundimiento del prestigio de CCOO y UGT ante millones de trabajadores.

En todo caso la actitud de los actuales dirigentes de CCOO y UGT no van a impedir que la clase obrera rompa todas las barreras y salgan a la lucha por sus derechos, como ocurrió con el 15-M de 2011, o está ocurriendo hoy con la masiva movilización del pueblo de Catalunya por sus derechos democráticos.

*En la EPA del 2º trimestre de 2017 encontramos un descuadre entre el número de contratados en mayo (13,7 millones) y el número de personas que habían trabajado entre abril y junio (15,69 millones). La diferencia corresponde a esa masa de trabajadores que sufren de forma más aguda la precariedad laboral.


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