El 14 de julio, una concentración masiva abarrotó la plaza castillo de Pamplona el último día de San Fermín para mostrar su apoyo a los jóvenes de Altsasu, encarcelados injustamente por la Audiencia Nacional y a los que la fiscalía pide más de 50 años de prisión. Esta movilización contundente y las que se han sucedido en los meses pasados por todo Euskal Herria, han desnudado la hipocresía del aparato de Estado español. Del gobierno del PP y de la Audiencia Nacional, que siempre manifiestan su disposición a ofrecer impunidad a los corruptos, a los abusos policiales y a las bandas fascistas, mientras que usa la represión y la cárcel, el castigo ejemplar, para criminalizar y acallar la movilización e intentar instaurar el miedo entre los que luchamos para acabar con este sistema.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el martes 4 de julio una pena de 50 años de prisión por lesiones terroristas para seis de los ocho jóvenes de Altsasu (Navarra) que supuestamente participaron en una agresión a dos guardias civiles en las fiestas de la localidad en la noche del 15 de octubre de 2016. Para otro acusado, Oihan Arnanz, la petición aumenta a 62 años y medio al añadir la fiscalía un delito de amenaza terrorista, mientras a la octava detenida, Ainara Urkijo, se piden 12 años y medio solo por amenazas con carácter terrorista. Además, se solicita una indemnización a los acusados de 41.100 euros a pagar a cada una de las víctimas.

Una trifulca en un bar ha sido calificada como delito terrorista. Tres jóvenes han permanecido en la cárcel de Madrid de Soto del Real nueve meses en régimen especial de vigilancia, el más severo aplicado para los terroristas. Los familiares han tenido que recorrer más de 90.000 km y gastarse más de 37.000 euros para poder ver a sus allegados, y que según la ley deberían estar en la calle.

El autoritarismo del gobierno, del Estado y de su justicia

Una vez más, los medios de comunicación de la derecha fueron los que emprendieron desde el primer momento una delirante campaña mediática distorsionando y criminalizando los hechos. Tanto el gobierno del PP, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) y la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, han continuado la tarea. El escrito de acusación de la fiscalía parte de 1976 para explicar los hechos poniendo como protagonista en todo momento a ETA, aunque no pueda acreditar que ninguno de los acusados pertenezca a ella y cuando ETA lleva 5 años en alto el fuego definitivo y se ha desarmado en abril. Como han dicho las madres de Altsasu “tanta desproporción produce terror”. Queda en evidencia que a las fuerzas de la reacción les interesa mucho usar el fantasma de la amenaza terrorista como excusa para acabar con nuestros derechos democráticos fundamentales.

Este nuevo caso demuestra la farsa de la supuesta independencia e imparcialidad de la justicia, saturada de elementos franquistas, y que se ha servido de estos hechos para volver a ajustar cuentas contra la juventud de Euskal Herria. Mantener viva la llama de la supuesta lucha contra el “terrorismo” tras el fin de ETA, se ha convertido en una obsesión para el gobierno del PP y el aparato policial y judicial. Y esta obsesión encuentra su mejor canal de aplicación reprimiendo duramente y sancionando con multas salvajes a cualquiera que participe en una manifestación de protesta, o encarcelando injustamente a jóvenes, a jornaleros, a raperos y twiteros, que denuncian este estado de cosas o hacen suya la lucha por la justicia a las victimas del franquismo. Ahora, ante una pelea de bar que se produce en una localidad de Esuskal Herria, el montaje es igual de repugnante. En definitiva, todo es ETA aunque ETA ya no exista.

Según los propios datos del Ministerio del Interior, en los primeros siete meses desde que entrara en vigor la Ley Mordaza se quintuplicaron los juicios por “enaltecimiento del terrorismo”. Tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado, los casos de montajes policiales y judiciales bajo el gobierno del PP se cuentan ya por decenas, entre los más destacables el de Alfon, Bódalo, los titiriteros, el caso de la joven Casandra por hacer chistes en twiter sobre Carrero Blanco, etc. En Euskal Herria, tres jóvenes de Rentería siguen encarcelados desde el 11 de marzo por la participación en una manifestación en Pamplona y el Tribunal Supremo dice que los actos violentos son terrorismo. Basándose en un montaje policial en los carnavales de Tolosa del 2015, quieren condenar a tres jóvenes entre cuatro y cinco años y medio de cárcel y 38.000 euros de multa, y a otros dos, tres años y dos meses por participar en una sentada frente al Gaztetxe de Tolosa.

Desde Ezker Iraultzailea/Izquierda Revolucionaria denunciamos el montaje de Altsasu, así como todos los montajes utilizados para criminalizar la lucha social y a la juventud. Nos solidarizamos con los jóvenes y las familias y exigimos la inmediata puesta en libertad de los detenidos y la retirada de los cargos de terrorismo. A la vez, exigimos la derogación de la Ley Mordaza y la retirada de todas las modificaciones represivas introducidas en el Código Penal. Hay que impulsar la respuesta más contundente y masiva frente a esta deriva autoritaria del gobierno y del Estado, y vincular la lucha contra la represión a la movilización general para recuperar los derechos democráticos, laborales y sociales que nos están arrebatando.


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