El 14 de noviembre se cumplían dos años desde que la Guardia Civil se llevó detenidos a tres jóvenes de Altsasu. El 17 de noviembre, en una concentración en Iruñea que se realizaba para denunciar esta injusticia, un gran cartel proclamaba: “734 días, 407.000 kilómetros y 99.000 euros”. Son las cifras del contador de los días que llevan presos, los kilómetros recorridos por los familiares y amigos y los gastos.

Una pelea enfrente de un bar ocurrida un mes antes de las primeras detenciones, donde estaban involucrados dos guardias civiles y sus parejas, fue el pretexto para acusar a ocho jóvenes de Altsasu de actos terroristas. Este incidente fue directamente llevado a la Audiencia Nacional, para, sin escrúpulos, convertirlo en un montaje judicial completado por una campaña mediática furibunda de los medios reaccionarios.

Con la jueza Carmen Lamela a la cabeza, este aparato judicial, heredado directamente del franquismo, pedía para los ocho jóvenes un total de 375 años de cárcel, acusándolos de haber actuado como brazo ejecutor de ETA. Tuvieron que recurrir a utilizar como “pruebas” documentos confiscados del año 2000. El aparato del Estado quería agarrarse una vez más a toda costa a la tesis “todo es ETA” a pesar de que ya habían pasado cinco años de la tregua definitiva, y la organización se haya desarmado y disuelto durante estos años.

El 1 de junio, la Audiencia Nacional hacía pública la sentencia. Al final no los condenaron por terrorismo, pero no por ello se hizo nada parecido a la justicia. Les impusieron un total de 79 años de cárcel para los ocho jóvenes además del pago de indemnizaciones cercanas a los 100.000 euros: 13 años para Ohian e Iñaki; 12 para Jokin y Adur; 9 para Jon, Aratz y Julen; y 2 para Ainara. Hoy Ainara está en libertad y los siete jóvenes continúan en la cárcel en Zaballa (Araba).

Represión para la izquierda, impunidad para el fascismo

El verdadero objetivo del montaje es el de dar un castigo ejemplar que criminalice a todos los jóvenes que se atrevan cuestionar al régimen del 78, sus instituciones y sus fuerzas policiales. Durante la escalada represiva de estos últimos años, el aparato del Estado junto con el Gobierno de Rajoy, no ha parado de acusar de “ETA”, “terrorismo” y “kale borroka” no sólo en Euskal Herria, también en Catalunya y todo el Estado, a jóvenes, tuiteros, raperos, sindicalistas... Y lo hace justamente para amedrentar a quienes han ocupado con gran fuerza las calles, con movilizaciones masivas y pacíficas. La debilidad y la impotencia del aparato del Estado, sus raíces y su verdadero papel, quedan totalmente expuestos cuando no puede más que recurrir a este tipo de montajes.

Es más que evidente el doble rasero que existe en la “justicia”. No hay más que comparar los casos de políticos corruptos con los encarcelamientos y persecución de los líderes independentistas en Catalunya o el caso de La Manada con el de Altsasu. La Ley Mordaza fue diseñada exclusivamente contra la izquierda que lucha, mientras que la derecha y sus perros de presa, los fascistas, gozan de total impunidad. Sus numerosas agresiones contra militantes de la izquierda, independentistas o las de carácter homófobo y machista, como la que perpetraron el 19 de noviembre contra las activistas de Femen, no son delito de odio, ni tienen castigo. La impunidad y la complicidad con el aparato del Estado de la que gozan estos elementos, es una de las señas de identidad del régimen del 78 y sus representantes, que toman este montaje judicial o la represión contra el pueblo de Catalunya como bandera.

Una marea de solidaridad frente a los franquistas y sus provocaciones

El caso de los jóvenes de Altsasu ha levantado una enorme ola de solidaridad. Durante estos dos años se han realizado concentraciones, manifestaciones y actos en toda Euskal Herria. A las gigantescas manifestaciones del 14 de abril y 16 de junio de este año en Iruñea, reuniendo a más de 100.000 personas, acudieron jóvenes y trabajadores del resto del estado, especialmente de Catalunya. Extender la represión también ha significado extender la solidaridad y los lazos de unión.

El 4 de noviembre la plataforma España Ciudadana realizó un acto en Altsa­su. La provocación era más que evidente. A la cabeza de este acto figuraban Albert Rivera, Ana Beltrán y Santiago Abascal de VOX, sacando pecho con su discurso franquista. En medio de un despliegue desorbitado de la Guardia Civil y la policía foral con helicóptero incluido, que tomó el pueblo desde la mañana, apenas consiguieron reunir entre 200 y 300 personas.

La respuesta de los vecinos de Altsa­su y de la gente de Euskal Herria que se movilizó fue ejemplar una vez más. El sábado 3 de noviembre una manifestación con más de 10.000 personas recorrió el pueblo. El día del acto, la asamblea de vecinos de Altsasu había organizado una carpa reivindicativa y festiva. También estaba convocada otra manifestación antifascista que reunió más de mil personas. Los mismos vecinos de Altsasu, y no el monstruoso despliegue policial, fueron los que organizaron un servicio de orden y se pusieron al frente con chalecos reflectantes para garantizar que no se produjera el incidente que estos franquistas tanto buscaban provocar. Tan pronto como empezó el acto de España Ciudadana, empezaron a sonar las campanas de la parroquia, algunos vecinos sacaron las cacerolas y tocaron las bocinas desde los balcones, mientras continuaba sonando la música. Se cumplió el objetivo. Los reaccionarios se vieron completamente aislados y salieron más debilitados.

Los compañeros de Ezker Iraultzailea hemos estado presentes durante estos dos años apoyando y participando en actos, movilizaciones y manifestaciones contra este burdo montaje judicial, en los pueblos, en Iruñea y en Altsasu, y continuaremos luchando por la puesta en libertad de los jóvenes y para acabar de una vez por todas con la represión y con la lacra del fascismo.


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