Ezker Marxista · Bilbo
El día 29 de junio Zapatero hacía público el anuncio de que el gobierno va a sentarse a negociar con ETA y que “respetará el derecho a decidir de los vascos”, aunque ha matizado que dicha negociación será un proceso “largo, arduo y difícil”. También ha adelantado que no va a retirar la Ley de Partidos.
Escalada represiva
Recientente el periódico Gara (26-06-2006) publicaba un balance de los tres meses de alto el fuego de ETA, en el que se constataba una clara escalada represiva hacia la izquierda abertzale, tanto por parte del Estado español como del francés. Esa realidad se produce tras la confirmación, por parte del propio gobierno, del cese de los atentados y la actividad de ETA. La conclusión parece clara: una parte importante del aparato estatal está decidido a que este proceso fracase, algo que está, por otro lado, en total sintonía con la línea política adoptada por el PP en ese proceso. Ese es el contexto que está precediendo el inicio de las negociaciones oficiales entre el gobierno y ETA.
El balance al que hacíamos referencia habla por sí solo: en tres meses se ha producido un detenido cada tres días, 35 en total (de ellos, 21 en régimen de incomunicación, trece han acabado en prisión); otras 23 personas han sido citadas en la Audiencia Nacional, entre ellas, Arnaldo Otegi, por dos veces consecutivas: la primera, apenas una semana después del anuncio del alto el fuego, fue enviado a Soto del Real hasta que abonara una fianza de 250.000 euros; la segunda, recorrió el camino con otros siete mahaikides [miembros de la Mesa Nacional de Batasuna] a los que se acusaba de participar en una rueda de prensa; por cada cinco actos políticos convocados se ha prohibido uno, en total veinte actos políticos no se pudieron realizar e incluso la policía ha llegado a irrumpir en una rueda de prensa en Iruña, para prohibirla; un accidente de tráfico por la dispersión cada nueve, y en cuanto a la política carcelaria, se ha ampliado la condena a cinco presos vascos con penas que implican una reclusión prácticamente de por vida. El macroproceso político 18/98 sigue, y son ya siete meses de sangría económica y humana para los procesados que tienen que acudir habitualmente a Madrid. La Ertzaintza del PNV también ha intervenido afanosamente en este proceso de detenciones, con cargas incluso en el campus universitario de Ibaeta y controles policiales. Además durante las detenciones y las incomunicaciones, agotadas hasta el tope legal, muchos de los detenidos han relatado torturas, amenazas y vejaciones de todo tipo.
La derecha, rabiosa
Entre tanto los dirigentes del PSOE siguen intentando defenderse de los ataques furibundos de la derecha, que les señala, con dedo acusador, como “colaboradores de la banda asesina” y de “traicionar la memoria de los muertos”. ¿Qué autoridad moral tiene el PP para hablar en nombre de los muertos, cuando ese partido es corresponsable directo del genocidio que el imperialismo norteamericano está organizando en Iraq? ¿En nombre de qué democracia habla el PP cuando incluso hoy es incapaz de condenar el régimen asesino de Franco, como ha sucedido recientemente en el Parlamento Europeo?
El PP ha vuelto a sumergirse en la orgía reaccionaria, agitando en la calle y animando a la ultraderecha a querellarse continuamente, desenterrando sumarios abiertos hace ocho años, inculpando incluso a Julen Madariaga, de la ejecutiva de Aralar, que ha criticado a ETA y a la formación abertzale y se ha mostrado más afín a la política de la burguesía vasca. Hay que señalar que los colectivos ultraderechistas, que utilizan los tribunales para obstaculizar a toda costa un nuevo escenario político, se basan en la reaccionaria Ley de Partidos, que el gobierno se niega a derogar. Por ejemplo, la plataforma España y Libertad anunció que ha ampliado la querella interpuesta contra el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, después de que este se reuniera con representantes de Batasuna en Sabin Etxea. Además se ha llamado a declarar a los jelkides [miembros del PNV] Gorka Agirre y Xabier Arzalluz, por el “impuesto revolucionario”. Irónicamente, esa provocación ayuda al PNV y a los empresarios vascos a cultivar su imagen de “defensores de la democracia” y “víctimas de la represión del Estado”.
Depurar el aparato del Estado heredado de la dictadura franquista
¿A qué es debido todo este cruce de acusaciones y todo este tipo de obstáculos a la negociación? ¿Se debe a peculiares jueces como Grande-Marlaska, que con su moderna Inquisición, encarnada en la Audiencia Nacional, tiene afán de protagonismo? ¿Tal vez a peculiares dirigentes del PP, como Rajoy y Acebes, que no son capaces de jugar el papel “moderno y responsable” de la derecha europea? ¿O se debe a la peculiar Iglesia de este país y su cadena de radio, la Cope? En el mejor de los casos esas son explicaciones parciales y secundarias.
Hay algo más de fondo cuando un amplio sector del aparato estatal actúa en una línea tan enfrentada al PSOE. El gobierno, habla del fin negociado y definitivo del terrorismo, cuenta con el aval de toda la cámara a excepción del PP, cuenta en esa cuestión con el respaldo de hasta un 65% de la población, que le gustaría ver resuelto el problema del terrorismo. Mientras la represión se endurece, ETA reitera en sus comunicados el cese definitivo de los atentados y la voluntad de negociar… Pero todo eso no parece ser suficiente para calmar la histeria de la derecha.
¿Cuáles son las fuerzas motrices que están impulsando estas contradicciones? Indudablemente el PP fue el principal beneficiario político del terrorismo individual durante años. Los marxistas explicamos en todo momento que los atentados sólo servían para fortalecer el aparato estatal, la represión y a la derecha. Los atentados indiscriminados y la muerte de concejales posibilitaron que el Partido Popular consiguiese una mayoría absoluta y un incremento de los votos en Euskal Herria, que jamás hubiese soñado antes. Eso sirvió para que desarrollasen una legislación reaccionaria —una labor anteriormente iniciada por el PSOE, con la Ley Antiterrorista— que no iba a utilizarse exclusivamente contra el terrorismo o contra la izquierda abertzale, sino contra el conjunto de la clase obrera, como hemos visto a lo largo de la legislatura del PP, y cuya máxima expresión culminó en la Ley de Partidos y la ilegalización y prohibición de todo lo que oliese a vasco.
Ahora que no existen las bases que, en teoría, dieron lugar a la Ley de Partidos, la derecha, los grandes poderes financieros, los mismos generales de siempre, la policía, la Iglesia, con todo su ejército de sotanas, todo el aparato estatal, en definitiva toda la basura reaccionaria que dominó durante cuarenta años este país, no está dispuesta a renunciar a los mecanismos de que disponen para atar de pies y manos a la clase obrera y están haciendo lo posible para que este proceso fracase. La derecha siente que el PSOE le usurpó el poder en las urnas tras el atentado integrista del 11-M y con esta convicción actúa impulsando a todas las esferas de los poderes fácticos.
La llamada transición,
un fraude democrático
El gran impulso que dio lugar a las conquistas sociales y a reformas democráticas en los años setenta quedó frustado y a medias por los dirigentes del PSOE, que desperdiciaron una oportunidad —renunciando a depurar el aparato estatal de fascistas— para garantizar que los derechos democráticos entrasen en los cuarteles, comisarías y academias de la policía, concediendo a estos cuerpos el derecho de sindicalización, manifestación y huelga, como reclamaban organizaciones como el SUGC, que todavía hoy siguen siendo clandestinas. También renunciaron a defender una política genuinamente socialista, y con ello a resolver la cuestión nacional en las nacionalidades oprimidas.
A pesar de que los dirigentes del PSOE intenten cambiar al fiscal general del Estado o sustituyan a Bono por Rubalcaba, se están encontrando con la resistencia activa de todo un aparato estatal heredado del franquismo y también con una oposición interna dentro del propio partido, infiltrado de elementos de la burguesía como Solbes y de la derecha más reaccionaria, como Gotzone Mora o Rosa Díez, que a pesar del clamor de su propia base para que sean expulsadas la dirección se empeña en mantener. En lugar de basarse en el maravilloso movimiento que tras el 11-M dio al traste con el reaccionario gobierno del PP, trata en todo momento de conciliar intereses de por sí irreconciliables.
Como vemos el reformismo es incapaz de hacer frente a la derecha carpetovetónica del PP y menos aún es capaz de defender consecuentemente los derechos democráticos. La única clase capaz de resolver la cuestión nacional es la clase obrera, aquella que no saca nada de la opresión a un pueblo por otro pueblo. El capitalismo ha expropiado a las masas no sólo físicamente, sino que además les ha privado de su cultura y su lengua en el caso de las nacionalidades. Es precisa la defensa por todos los trabajadores y jóvenes del Estado con conciencia de clase del derecho de autodeterminación vinculado al socialismo, no para dividirla creando nuevas fronteras, sino para unificarla sobre bases voluntarias y fraternales, uniendo esfuerzos para derribar el Estado centralista burgués y para arrancarla de la nefasta influencia del nacionalismo burgués del PNV que no busca sino su propio beneficio explotando a la clase nativa y dividiéndola para debilitarla.
