El pasado 15 de agosto Robert Albert Giné fue apuñalado por un skinhead en el barrio de Gràcia en Barcelona, cayó en un coma profundo que recientemente le ha llevado a la muerte, delito: ser un joven okupa.
A principios de este mes un joven de Guadalajara cometió otro delito similar: ser simpatizante de Juventudes Comunistas; es apuñalado por Israel Galve Maldonado, un conocido fascista que ha actuado reiteradamente en la ciudad, provocándole heridas graves.
Todos estos casos, y otros no tan recientes, tienen en común, por un lado, su gravedad extrema, combinada al mismo tiempo con la indiferencia escandalosa de la policía, algunos políticos y la indignante desidia judicial. Respecto a las responsabilidades políticas lo más grave no es que políticos de derecha planteen este fenómeno como un enfrentamiento entre pandillas o escaramuzas entre las famosas tribus urbanas. Ya sabemos que todo lo que dice la derecha, especialmente sobre la juventud, es pura hipocresía. No esperamos nada de ellos. Sin embargo, mucho más grave es que esta misma interpretación salga de boca de cargos políticos de los partidos de izquierda, como es el caso del teniente de alcalde de Reus, Eduard Ortiz, del PSC (que gobierna junto a ERC y IC) y que considera las reiteradas agresiones de un grupo de ultraderecha que ha desembarcado en la ciudad, como reyertas entre la “ultraizquierda” y los fascistas. Incluso llega a decir que los primeros deberían dejar de provocar (!).
Si en algún lugar del Estado queda claro que los grupos de ultraderecha no son tribus urbanas que simplemente buscan jaleo, este lugar es Valencia. Esta comunidad, especialmente su capital, se ha convertido en un auténtico campo de experimentación de la extrema derecha y reiteradamente las organizaciones de izquierda han sufrido sus ataques.
El ejemplo más claro es España 2000, un partido fascista legalizado, orgánicamente vinculado a la empresa Levantina de Seguridad que presta servicios de vigilancia, y cuyo presidente, José Luis Roberto, abogado y empresario, está en la cúpula de ambas. Este elemento ha formado parte activa de varias organizaciones fascistas, entre otras Acció Radical, que fue responsable del asesinato en 1993 del joven Guillem Agulló, militante de Maulets.
España 2000 se ha ido expandiendo gradualmente por el País Valencià, primero en València, luego en Alacant y Castelló. Desde mediados de los años noventa intentan hacer su entrada en Catalunya a través de Tarragona. Los pasos de España 2000 y Levantina de Seguridad son paralelos. En Tarragona, por ejemplo, partido y empresa comparten local y aunque tengan distintos números de teléfono atiende la misma secretaria en ambos.
Levantina de Seguridad está muy introducida en el sector del ocio nocturno y realiza sus servicios en conocidas discotecas como Pacha, en La Pineda, donde ha habido denuncias e incluso manifestaciones por abusos de sus guardias de seguridad. También vigila conocidos prostíbulos de la provincia, no es por casualidad que el mencionado presidente de España 2000 forme parte de la junta directiva de ANELA (Asociación Nacional de Locales de Alterne). Todo queda en casa.
Levantina de Seguridad pertenece al Grupo Levantina, entramado empresarial en el que caben actividades tan sanas como gimnasios, servicios de contraespionaje, vigilancia, academia de guardias de seguridad y reciclaje de policía local. Algunos ayuntamientos del PP de Valencia han reciclado sus policías en estas academias.
Ahora España 2000 está interesada en tener una sede consolidada en Tarragona y parece ser que Salou puede ser su mejor opción. Están interesados en presentar alguna candidatura en Salou o pueblos cercanos y es posible que hagan una candidatura unitaria con Platarforma per Catalunya de Josep Anglada, otro conocido fascista que tiene cargos políticos en El Vendrell.
Su propaganda está centrada en la lucha contra la inmigración, a la que responsabilizan de todos los males. Intervienen en barrios donde hay un alto índice de inmigrantes o donde ha habido algún problema con extranjeros para presentar su eslogan: “los españoles primero”. Curiosamente la mayor parte de las mujeres de los prostíbulos que regenta son extranjeras a lo que José Luis Roberto no tiene ningún reparo en decir que “los extranjeros también tienen derecho a trabajar, ¿no?”.
En fin, ¿alguien había dicho algo de “tribus urbanas”? ¿Alguien tiene alguna duda de a por quién van?
Fuente: Diari de Tarragona, págs. 2 y 3, 13 y 14 de febrero de 2005.
Rosa Roig
Tarragona
