Es decir, el Senado juega un papel totalmente secundario, no decide sobre nada. Finalmente, siempre es el Congreso quien “corta el bacalao”.
Mantener el Senado nos cuesta el salario de sus “señorías” (que supone cerca de los diez millones de euros al año), el gasto de las elecciones cada cuatro años (impresión de papeletas) y todo lo que conlleva su funcionamiento (viajes, burocracia, etc.,). Tiene delito que después se pongan histéricos cuando reivindicamos el 7% del PIB para la educación pública o el incremento de recursos económicos para la sanidad.
Y en segundo lugar, el Senado tiene un carácter muy reaccionario, empezando por el método de elección de los 259 senadores que componen la cámara. 52 de ellos no son elegidos directamente por el pueblo, sino por los gobiernos autonómicos. Y en la elección de los 207 restantes no todos los votos cuentan lo mismo, ya que mientras la Comunidad de Madrid (con más de 5 millones de habitantes) coloca 4 senadores, Castilla y León, con menos de la mitad de población, coloca 36 senadores. En términos relativos la cosa todavía tiene ejemplos más sangrantes, ya que mientras en Madrid toca a un senador por cada 1.250.000 habitantes, en Melilla toca a un senador por cada 28.000.
Un reparto tan desigual tiene por objetivo primar al rural, feudo natural de la derecha (no por casualidad el PP, habiendo perdido las últimas elecciones generales, tiene mayoría en el Senado), para que de este modo la derecha pueda utilizar la “legitimidad” que proporcionan las decisiones de esta cámara.
Son motivos suficientes para exigir la desaparición del Senado, una cámara que a los trabajadores no nos soluciona nada y que los marxistas siempre hemos pensado que debería desaparecer.
