Un ataque que viene de lejos

Es significativo que las primeras denuncias “anónimas” comenzasen ya cuando era ministra de Sanidad Celia Villalobos y el PP trataba de extender por todo el Estado diversos modelos, como las fundaciones (Alcorcón) y las concesiones administrativas (Alzira). Dentro de esta estrategia, un pilar fundamental era el desprestigio de la Sanidad Pública, para lo cual prácticamente se congelaron los presupuestos del Insalud.

El hospital de Leganés ya era (y sigue siendo) uno de los de mayor prestigio por su calidad sanitaria. Abierto en 1987 para atender a una población de 250.000 habitantes, en la actualidad es el hospital de referencia para más de 380.000 y su presión asistencial es más del doble de la media de la Comunidad de Madrid. Este hecho explica por sí sólo el aumento de enfermos atendidos en Urgencias y, por tanto, de la mortalidad. Cuenta con 1,2 camas por 1.000 habitantes, mientras la media en la Comunidad de Madrid es 2,6. Si contamos todas las camas existentes (públicas y privadas) en Madrid tenemos una cifra de 3,6 camas por mil habitantes, frente a una media de 7 en la Unión Europea.

Tras la primera denuncia (2002), la inspección concluyó que no había mala práctica médica, hecho corroborado por la comisión de ética del hospital de Getafe. En 2004 se pone en marcha un protocolo de recomendaciones para la sedación de enfermos terminales y una comisión para velar por su cumplimiento. En el verano de 2004, tras la puesta en marcha del hospital de Fuenlabrada, la mortalidad en Urgencias del Severo Ochoa cae a la mitad. Aquí hay que señalar los trucos estadísticos que utilizan muchos hospitales para reducir esta cifra, que no es otro que ingresar a los pacientes terminales en las plantas para que mueran allí y así no conste su muerte en Urgencias. En el Severo Ochoa, al contrario, para evitar el colapso del hospital, se llegaron a habilitar hasta seis camas en Urgencias para este tipo de enfermos, lo cual hacía que la estadística de mortalidad aumentara. Lo que no se dice claramente es que la mortalidad en las plantas del hospital era inferior a la de otros hospitales. Y si sumamos ambos datos de mortalidad, la del Severo Ochoa sigue siendo inferior a otros similares. La clave de estos hechos radica en las tradiciones del hospital desde su apertura, la presencia de un grupo significativo de médicos de izquierdas, entre ellos el destituido, que llegó a ser Director Médico de La Paz entre 1997 y 2000 y la apuesta decidida de la clase trabajadora de Leganés de defender la Sanidad Pública y, por tanto, “su hospital”.

La clase trabajadora de Leganés entra en acción

Pero esta estrategia de desprestigio del hospital y la destitución de Montes provocó el efecto contrario al perseguido por el PP. La Junta de Personal del hospital, que desde un principio se manifestó en contra del cese, comienza a convocar movilizaciones, que culminarían el 1 de abril, con más de 10.000 vecinos de Leganés manifestándose en defensa de los médicos de “su hospital”. La Junta inició una campaña para extender el conflicto a todos los hospitales públicos de Madrid.

El 7 de abril, varios centenares de profesionales sanitarios de distintos hospitales de la región, unas 600 personas según la Policía Nacional y 2.000 según fuentes sindicales, se concentraron cerca de la sede de la Asamblea de Madrid, para reclamar la dimisión de Lamela. Los manifestantes lucían batas blancas y lazos amarillos "en defensa de la sanidad pública" y sostenían banderas de UGT y CCOO. En la protesta participaron tanto los representantes de la Junta de Personal del Severo Ochoa de Leganés como de otros hospitales y áreas sanitarias de la región, como reflejaban las pancartas de apoyo que lucían los profesionales sanitarios de centros como el Hospital de Mostoles, el Ramón y Cajal o el Clínico San Carlos. Mientras tanto, Lamela intervenía en la Asamblea de Madrid, con gritos de “dimisión, dimisión” de los diputados del PSOE e IU y la ovación cerrada de los parlamentarios del PP.

El 11 de abril, la presidenta de la Junta de Personal, Isabel Serrano (CCOO), y el portavoz de grupo municipal de IU y primer teniente de alcalde de Leganés, Raúl Calle, interpusieron una denuncia conjunta en el Juzgado para que se investiguen sendas cartas anónimas recibidas por ambos en las que se les amenaza e insulta por su posicionamiento ante la crisis. Los anónimos son cartas fotocopiadas y escritas a máquina que aparecen fechadas el 23 de marzo y que contienen el encabezamiento “Carta abierta a los familiares de los asesinados por tranquilizantes”.

El 18 de abril, delegados de las Juntas de Personal de hospitales de todas las áreas sanitarias de la región entregaron en la Consejería de Presidencia más de 22.000 firmas de profesionales y usuarios para pedir el cese del consejero Lamela, y la restitución del ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa Luis Montes.

El 19 de abril, más de 15.000 personas se manifestaban en Madrid en defensa del hospital y de la Sanidad Pública y pedían la dimisión del Consejero de Sanidad, Manuel Lamela.

El 24 de abril, todos los médicos que forman parte de las comisiones internas del Hospital Severo Ochoa de Leganés dimitieron de los cargos que ocupaban en esos órganos y mantendrán esa actitud hasta que se garantice la confidencialidad de sus actuaciones y de los datos que manejan de sus pacientes.

El silencio de las direcciones de CCOO y UGT y el papel del sector crítico

No deja de resultar sorprendente que mientras los trabajadores de Leganés y los del hospital pedían la dimisión de Lamela, los dirigentes de CCOO y UGT en la Mesa Sectorial de Sanidad lo apoyaran, entrando en conflicto con el sentir mayoritario de sus bases. Lo cierto es que posteriormente, a medida que el conflicto se iba extendiendo, tuvieron que rectificar su posición, a pesar de que se habían comprometido por escrito unos años antes a garantizar “la paz social” en el sector.

También llama la atención que hasta el 28 de abril los críticos de Sanidad de Madrid no manifestaran públicamente su apoyo al movimiento creado en torno a la defensa del Hospital de Leganés. Pero, como no todo el monte es orégano, los críticos afirman que “la situación no puede crisparse más en la Sanidad, sus profesionales y la ciudadanía necesitan de un clima que propicie la recuperación de su credibilidad al menos en el momento anterior a la denuncia” y para ello reclaman una “apuesta del gobierno del PP en recomponer este desaguisado”. Así, en lugar de llamar a extender la movilización al conjunto de la Sanidad Pública madrileña, informar a los trabajadores y denunciar la política privatizadora de la derecha, exhortan al PP a la sensatez para que se cese a Lamela y aquí paz y después gloria. Este comunicado refleja con claridad que tratan de actuar de “apagafuegos” y evitar la extensión del conflicto, acudiendo de hecho en auxilio del gobierno del PP. Por otra parte, la ausencia de los dirigentes estatales de CCOO de Sanidad en la manifestación de Madrid fue notoria, así como el silencio de los dirigentes estatales del sector crítico de sanidad, que en el último Congreso apoyaron al sector fidalguista en aras a la estrategia errónea de la “normalización interna”. Es más, ni siquiera se está informando del conflicto al resto de organizaciones de CCOO, como se puede comprobar visitando la web de CCOO de Sanidad, donde no se ha colgado ninguna noticia sobre el asunto (¡!).

Una muestra del descontento existente entre los trabajadores sanitarios y la presión que están ejerciendo sobre las direcciones de CCOO y UGT lo constituye el hecho de que en la manifestación del 1º de Mayo en Madrid la presidenta de la Junta de Personal del hospital de Leganés participara en la cabecera, junto a Fidalgo y Méndez, y de que ambos pidieran la dimisión del consejero Lamela y criticaran la política sanitaria de Esperanza Aguirre. La presidenta de la Junta de Personal del Hospital, Isabel Serrano, advirtió que la crisis de este centro sanitario no va a ser aislada, sino que “es una cuerda” en la que “van a ir liquidando uno a uno los hospitales públicos de la región”.

Los sindicatos corporativos (CESM y SATSE), mientras tanto, llaman a la calma y a no politizar un problema “profesional”, pretendiendo desviar la atención de las verdaderas causas del conflicto y camuflarlas bajo consideraciones “técnicas” o “clínicas “ del empleo de sedantes en enfermos terminales, para lo cual cuentan con el inestimable apoyo de los Colegios de Médicos y de Enfermeras. Su objetivo no es otro que tratar de restringir el conflicto al Hospital de Leganés y evitar su extensión a toda la Comunidad de Madrid.

El modelo de sanidad que quiere el PP

Tras el fracaso ¾ relativo ¾ de los hospitales-fundaciones, el PP de Madrid pretende poner en marcha el modelo ensayado por Zaplana en la Comunidad Valenciana, las concesiones administrativas (hospital de la Ribera, en Alzira) que no son sino la cesión de la gestión de la sanidad a uniones temporales de empresas, que reciben una cantidad anual por cada habitante y se encargan de gestionar de manera privada la atención sanitaria, favoreciendo las “externalizaciones” (contratas y subcontratas) de determinados servicios sanitarios. Los ocho hospitales prometidos en campaña electoral por Esperanza Aguirre serían de este tipo, y contarían con un total de 1.104 camas, justamente las que se están cerrando en La Paz, el Ramón y Cajal y el Doce de Octubre bajo la estrategia, también utilizada por diversos gobiernos regionales “socialistas”, de “vender” a la población una reforma para aumentar el número de habitaciones individuales.

Mientras, el gasto sanitario público por habitante y año en Madrid es de 883,30 €, frente a una media estatal es de 1.005,39 €. Esta reducción de las inversiones en la sanidad pública busca precisamente aplicar los proyectos de la UE de liberalizar los servicios públicos (directiva Bolkestein, aún no aprobada) y así permitir al sector privado hincar más el diente en la jugosa tarta sanitaria pública. En toda Europa la reducción de camas públicas es una constante desde hace años, fruto de los ataques al estado del bienestar.

Una de las consecuencias de esta estrategia del PP es que se está restringiendo en muchos hospitales (también fuera de Madrid) el uso de sedantes y analgésicos, no solamente en enfermos terminales, sino en pacientes “normales”, lo cual también está provocando quejas entre muchos familiares, provocando un aumento del desprestigio de la sanidad pública y de la presión para derivar pacientes a centros privados.

La necesidad de una Huelga General en la sanidad pública madrileña

Las organizaciones de la clase obrera, PSOE, IU, CCOO y UGT deben extender esta lucha al conjunto de la Sanidad Pública madrileña y pasar de las declaraciones verbales a los hechos. Y para ello es fundamental informar de la situación, mediante hojas informativas que busquen el apoyo de toda la población en defensa de la sanidad pública. Las asociaciones de enfermos pueden y deben jugar un papel en este proceso, junto a las asociaciones de vecinos, de consumidores, etc.

Hay que avanzar en la constitución de plataformas conjuntas de los trabajadores de cada hospital y las asociaciones y colectivos sociales de izquierdas para actuar unitariamente y preparar las condiciones para una Huelga General en la sanidad pública de Madrid.

Los delegados de las Juntas de Personal y Comités de Empresa tienen un papel fundamental en este proceso, como ya ha ocurrido en Leganés, donde la Junta de Personal decidió enviar delegados a todos los hospitales de Madrid para explicar el conflicto y tratar de extenderlo.