En la segunda de las movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, se detuvo —según las informaciones que tenemos hasta ahora— a 9 personas, poniéndose en libertad a 8 de ellas, y manteniéndose la prisión provisional para uno de los detenidos. Se han exigido fianzas de hasta 3.000 euros para acordar la libertad provisional de alguno de los detenidos, y se imputan delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, pudiendo imponerse penas de hasta 4 años de prisión. Si tenemos en cuenta que el artículo 551 del Código Penal castiga el atentado contra la autoridad con penas de 2 a 4 años, y que sólo cabe suspender las penas de prisión inferiores a 2 años, cabe la posibilidad de que algunos de los detenidos puedan ir a prisión.

En la tercera manifestación de la vivienda, celebrada el domingo 28 de mayo, hubo —según se conoce hasta ahora— 5 detenidos. La brutalidad de la actuación policial ha quedado al descubierto en numerosas fotografías que circulan por Internet, habiéndose incluso detenido a personas que, únicamente, sacaban fotografías de los hechos.

Ante esta situación, las organizaciones del movimiento obrero y estudiantil deben dar una respuesta contundente, solicitando el cese de la represión contra los detenidos, y la apertura de una investigación sobre la brutal actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra los manifestantes.

Iniciaremos una campaña de solidaridad. Consulta www.elmilitante.org