Tras observar detenidamente todo el debate político que se ha producido, llama poderosamente la atención el hecho de que tanto PP como PA se hayan posicionado en contra del Estatuto casi exclusivamente por un pasaje del Preámbulo en el que se aborda el estatus político del pueblo andaluz bajo la denominación de “realidad nacional” y, sin embargo, aceptan los casi 300 artículos que lo componen y que se supone deberían regir las actividades económicas, sociales y políticas de esta comunidad, sin el menor atisbo de crispación.

Esto por sí solo ya nos adelanta la naturaleza del Estatuto andaluz pues, ni a la derecha española, PP, ni a la andaluza, PA, parece disgustarle lo más mínimo el contenido de este proyecto político que les permitirá seguir manteniendo, si no aumentarlos, todos sus privilegios en el futuro más inmediato. Eso sí, queda la coletilla esa de la “realidad nacional”. Pero esto es sólo para distraer al pueblo con debates y declaraciones inocuas y vacías, desviar la atención hacia donde ellos quieren y, como buen prestidigitador, sacarte la moneda de detrás de la oreja (o de la cartera) y dejarte con cara de tonto.

Esta posición del PP obedece a su política demagógica de oposición a cualquier precio pero, fundamentalmente, a la campaña de nacionalismo español desatada en todos los ámbitos próximos a la ideología conservadora de estos “padres de la patria”, de estos “garantes de la santa y sagrada unidad nacional”, que no dudan en hacer llamamientos a sus simpatizantes, según ellos, contra la desmembración de España, y acusaciones de todo tipo hacia el pueblo vasco, catalán o cualquier otro que quiera modificar su estatuto o reivindicar mayor grado de autonomía.

La postura del PP es algo que ya se sabía iba a suceder viendo los precedentes de los estatutos vasco y catalán. Sin embargo, es significativa la actitud del PSOE y de su más fiel aliado en estos menesteres que no es otro que la dirección de IU.

Reivindicaciones históricas pendientes

El PSOE lleva gobernando Andalucía alrededor de treinta años y aún no ha resuelto ninguna de las reivindicaciones históricas que el pueblo andaluz exigió en su momento a sus gobernantes. La tan olvidada reforma agraria, el pleno empleo y la deuda histórica, entre otros, son temas tabú para el señor Chaves y su cohorte ejecutiva (una mezcla de burócratas, burgueses y pequeño burgueses). Estos señores se han olvidado de incluir estas reivindicaciones en la elaboración del nuevo estatuto porque, al parecer, las directrices que la burguesía traza para la redacción de cualquier estatuto o constitución, bajo los parámetros de su clase social, suponen toda una serie de recortes sociales e incluso de libertades, véase la Constitución Europea.

Por su parte, la dirección de IU, metida en su papel de aliado en busca de financiación, no se cansa de “cantar las bonanzas” de este estatuto en lugar de sacar a la luz qué naturaleza tiene el proyecto e informar a los trabajadores de qué manera afectará a sus condiciones materiales. No ha habido ni una sola reunión de afiliados y militantes en la que se nos haya pedido opinión ninguna.

El nuevo Estatuto de Andalucía representa un giro más a la derecha en la legislación de la región. Está totalmente falto de sensibilidad con la realidad social de la clase trabajadora y volcado en desarrollar la política de recortes sociales y económicos de la derecha de siempre, ahora disfrazada bajo el eufemismo de neoliberalismo, así como en la tarea de mantener, y en muchos casos aumentar, el enorme aparato burocrático que parasita de la Junta de Andalucía, del dinero de todos (se aumenta el número de parlamentarios y de cargos públicos).

¿Alguna novedad?

Después de asegurarse de no incluir ningún artículo que pudiera “herir la sensibilidad” económica de la burguesía ni dañar las bases del capitalismo, el resto del articulado es un compendio de leyes para permitir que todo siga igual, inmutable. Se favorece a la iniciativa privada en la creación de empresas, en vez de apostar por la empresa pública; se consiente la concentración de la tierra y la comercialización de sus productos en manos de unos pocos, en lugar de desarrollar todo un programa encaminado hacia la Reforma Agraria y que desactive y acabe con estos focos de presión, reacción y opresión contra los trabajadores.

Así mismo, no se ataja el problema de la vivienda, dándosele prioridad a la iniciativa privada antes que a la pública, de tal modo que la tan ansiada ley del suelo queda reducida a una serie de disposiciones ambiguas que permiten toda serie de interpretaciones nada claras. Esta cuestión quedaría suficientemente definida si se cataloga, de una vez por todas, todo el suelo de carácter público, con lo que terminaría toda la trama urbanística y de especulación inmobiliaria.

Otros temas tan importantes como son la educación y la salud salen igual de mal parados con el nuevo estatuto andaluz. Siguiendo la tendencia generalizada de los gobernantes neoliberales, se crean los espacios legales que permitirán el desembarco masivo del capital en sectores tan determinantes para los trabajadores como son la enseñanza y la sanidad. Los colegios concertados acapararán mayores subvenciones en detrimento de la enseñanza pública, aumentarán las restricciones para el acceso a las universidades, las prestaciones de la seguridad social serán reducidas, la cobertura sanitaria de carácter público será más limitada en beneficio de las clínicas privadas y concertadas, etc.

Es por todo ello que nosotros los marxistas no nos podemos engañar con este ni ningún estatuto nacido bajo el influjo de la burguesía, de su poder ni de su moral. Tenemos que alejarnos de toda pretensión chovinista, no dejarnos manipular con sus criterios interesados, basados en unos prejuicios nacionales con los que tergiversan el verdadero sentir de la mayoría de los pueblos, de la clase obrera.

Un trabajador andaluz tiene las mismas necesidades que un catalán, americano o filipino, y un burgués es igual de chupasangre aquí que en USA. Entonces, ¿dónde está la diferencia?¿A quién le interesa crear esas divisiones entre la clase trabajadora? A ellos.

Y, por supuesto que es lícito para un pueblo poder aspirar a tener un estatuto, una constitución, la independencia si se quiere, pero siempre bajo las premisas del socialismo pues ya sabemos que bajo el capitalismo vamos hacia un recorte extraordinario de los derechos democráticos y sociales.

Enrique Casas

IU · Villaverde del Río