Es tremenda la magnitud de los saqueos a las arcas públicas que se está descubriendo sobre la corrupción económica y política que tiene como origen el urbanismo y el medio ambiente en los ayuntamientos.

Operaciones como “Ballena Blanca”, “Malaya” y otras está haciendo pensar a los trabajadores hasta dónde puede llegar el grado de robo descarado en beneficio de una pequeña minoría de capitalitas que no han sido elegidos por nadie y cómo es esto posible en una democracia.

Recientemente también ha surgido otro nuevo conflicto en el Ayuntamiento de Málaga, y cada vez vemos cómo se agrava la polémica por la tala de entre 235 y 240 plátanos de sombra del Parque de Málaga y algún que otro arboricidio premeditado y presuntamente ilegal, dentro del contexto de las enormes obras de remodelación de la zona.

El grupo municipal del PSOE en el ayuntamiento de Málaga ha exigido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), que ordene detener las obras de remodelación del Parque hasta que se disponga del preceptivo informe del Área de Medio Ambiente, que por lo visto “presuntamente” no está, lo que pone en cuestión que “presuntamente” ni dentro del Consistorio se respeta el cumplimiento de la Ley, considerando por tanto la situación como un grave atentado ecológico que pudiese ser ilegal. Las controversias sobre el P.G.O.U. también son muy graves, con acusaciones de favoritismo hacia los potentes grupos de presión.

Por otra parte Izquierda Unida también viene haciendo denuncias constantes de irregularidades observadas y ha denunciado que el Ayuntamiento de Málaga (PP) ha vendido 217 de los 235 árboles de la especie platanus orientalis talados en el Paseo del Parque como leña a una empresa de la barriada de Churriana. Las protestas por los grupos ecologistas no se ha hecho esperar y todos han arremetido contra la Corporación Municipal regida por el Sr. De la Torre, del PP.

Asimismo en el balance de gestión que realiza el PSOE sobre el incumplimiento del programa municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga se precisó que “en este periodo de tiempo el grupo popular ha cumplido un 48 por ciento de las micro actuaciones contempladas en sus tres últimos programas y solamente un 17 por ciento de los presentados como grandes proyectos”.

Marisa Bustinduy, portavoz del PSOE en Málaga, ha definido esta última etapa del PP como “tres años de sequía en proyectos”y resaltó que el momento “esperanzador” que estaba viviendo la ciudad “no tiene nada que ver con Francisco de la Torre”, cuyo mandato calificó de “gris y plano”. También resaltó que “los grandes problemas de los ciudadanos de Málaga hace tres años son los mismos ahora pero agravados”.

La suciedad, el tráfico, la seguridad, la vivienda y el urbanismo son “asignaturas pendientes” de la ciudad. Bustinduy declaraba que durante esta legislatura la empresa municipal de limpieza “ha ingresado por cobros EL DOBLE que hace tres años”, a través del pago realizado por los malagueños del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y, sin embargo, “Málaga sigue estando igual de sucia”.

Así que consideró que “ese dinero, en lugar de ir a parar a limpieza, ha ido a parar AL BOLSILLO de los socios privados del señor De la Torre”. En cuanto a la situación del tráfico, acusó al primer edil “de no querer enfrentarse” a este problema. Refiriéndose al transporte público, resaltó que Málaga seguía manteniendo “el índice más bajo de transporte público por habitante” y que “faltan 30 autobuses para alcanzar el índice medio de la grandes ciudades españolas”.

Criticó también severamente el incremento del precio del billete en estos tres años (de 0,60 a 0,95 euros), cuando la facturación de la EMT en publicidad anual asciende a 118.000 euros, además de recibir subvenciones estatales en concepto de déficit del transporte. Bustinduy resaltó la “importancia del metro”, para la ciudad.

Sobre el problema de la vivienda, recordó una vez más, el incumplimiento electoral de De la Torre de construir 7.000 viviendas de VPO. Acusó al de la Torre de “encarecer el precio de las edificaciones por encima del resto de las ciudades españolas, hasta más de un 20 por ciento” con sus políticas de vivienda y suelo.

Existe una enorme escasez de viviendas sociales. Hay muchas con precios no asequibles para la clase trabajadora y miles de casas que están vacías, en su mayor parte con carácter especulativo. La vivienda debería ser un derecho, y lo es sobre el papel de la Constitución burguesa imperante. Pero este derecho no se cumple de hecho.

Todas estas críticas explican la situación de la política de derechas del PP en Málaga, pues estamos asistiendo a una degeneración del medio ambiente, una corrupción, especulación progresiva y galopante entorno al urbanismo debido al desarrollo desigual y combinado del sistema capitalista que antepone el beneficio privado al bienestar de la población.

Ejemplos tenemos a miles, pero los escándalos como los de Marbella y otras ciudades controladas por las mafias de la construcción nos muestran el peligro de estas actuaciones y el colapso en el marco del sistema de libre mercado. El avance de la ciencia y de la tecnología, bajo el prisma solamente del lucro privado de las grandes empresas capitalistas chocan cada vez más con los intereses de los ciudadanos y sobre todo de las clases trabajadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que se ven perjudicados y comprueban en sus propios bolsillos cómo empeora la calidad de vida mientras que el número de ricos españoles aumentó un 5,7 % en 2005, hasta alcanzar los 148.600 ARCHI-CAPITALISTAS, estando esta cifra muy por encima de la media de crecimiento de la euro-zona, que va por el 2,7 %.

El partido socialista tendría que velar por mejorar el conjunto de la sociedad, armonizándolo en un entorno urbanístico y medioambiental con criterios modernos y sociales, tomando como principios básicos la conservación de la naturaleza y la defensa de los intereses generales de los ciudadanos y no los intereses de unos cuantos miles de potentados, dueños de la banca, las multinacionales y grandes empresas urbanísticas que perjudican y destrozan la naturaleza, a la vez que acumulan ingentes beneficios.

Para ello, la solución está la municipalización del suelo urbano (que determina una tercera parte o más del precio final de cada construcción) necesario para construir viviendas sociales de calidad asequibles para los trabajadores. Los ayuntamientos y otras instituciones públicas (comunidades autónomas, diputaciones...) deben poner en marcha planes de construcción pública y crear una gran bolsa de alquiler de viviendas sociales que cubran la demanda real, cuyo precio no debe exceder del 10% de los ingresos mensuales del salario medio de un trabajador.

Es preciso planificar científicamente los recursos y el urbanismo para ponerlos al servicio de los ciudadanos, con el objetivo de cortar de raíz la especulación, la corrupción y la explotación que está desbordando todo límite razonable, como única forma de hacer una intervención controlada de la burbuja inmobiliaria, antes de que ésta estalle virulentamente y ponga en riesgo el proceso económico que podría ser arrastrado en caída libre a una profunda recesión. Pero algunos analistas económicos están llegando a la conclusión que la economía “está cabalgando encima de un tigre muy peligroso que no saben cómo detener”.

La burbuja inmobiliaria, la especulación y la corrupción no traerán nada bueno, pues llegada la crisis, la clase trabajadora sufrirá las consecuencias, el paro masivo y la bajada de salarios quedando sólo un camino a recorrer: La lucha, por una sociedad auténticamente socialista, donde la economía esté al servicio de la sociedad y bajo control democrático de los propios trabajadores.