El precio de la vivienda en términos reales creció casi 14 veces más que los salarios en los últimos 17 años, según un informe de CCOO analizando el periodo de 1987-2004. Así, el precio medio de los pisos en ese periodo creció más de un 130%, mientras que los salarios aumentaron en un 9,6%.

Más del 70% de los ingresos salariales brutos de millones de trabajadores se destinan a este concepto. La deuda familiar a causa de la compra de una vivienda creció en el primer semestre de 2006 un 23% con respecto al mismo periodo de 2005, alcanzando los 526.310 millones de euros. Y el precio de la vivienda sigue aumentando. Según Estadística Registral Inmobiliaria, en el primer trimestre de 2006 el aumento ha sido de un 15,89% con respecto al mismo periodo de 2005.

Esta situación supone una espada de Damocles sobre la economía de millones de trabajadores, vulnerable a cualquier cambio en la coyuntura económica. De hecho, la actual tendencia alcista de los tipos de interés ya está teniendo un gran impacto en los bolsillos de los trabajadores. El Euribor ha pasado del 2,83% en enero de 2006 a un 3,4% en junio de este mismo año. Esto supone en concreto que para un préstamo de 120.000 € con plazo a 20 años, la cuota mensual aumenta en 76,8 euros, lo que supone 922 euros al año. Y la tendencia es a que los tipos sigan creciendo.

Beneficios insultantes de las grandes constructoras

En estas condiciones, sobre el sudor, el esfuerzo y el sacrificio de millones de obreros, se alzan los insultantes beneficios de las grandes constructoras (el beneficio neto de FCC en la primera mitad de 2006 fue de 258,5 millones de euros, lo que supone un 33,9% más con respecto al mismo período del año anterior. Ferrovial obtuvo un incremento de beneficios del 19,8% y ACS de un 38%) y de los grandes bancos (la banca obtuvo unos beneficios en los primeros seis meses de 2066 de 8162 millones de euros, un 48,7% más que en el mismo periodo de 2005, acaparando el BBVA y el Santander el 80% de ese beneficio).

Estamos asistiendo a un trasvase masivo de riqueza de la clase trabajadora a manos de los capitalistas. El mecanismo es simple; el precio de la vivienda está por las nubes (por el control que los capitalistas ejercen sobre el sector), el obrero paga a la empresa constructora este precio desorbitado gracias a un crédito que le ha concedido el banco, el cual tendrá que devolver en 20, 30 e incluso 40 años a un determinado tipo de interés. Realmente lo que tenemos en la práctica es al banco propietario de la vivienda y al trabajador pagando un astronómico alquiler de por vida cuyo montante final supone una cantidad mucho mayor que la ya escandalosa cantidad que en su día se embolsó el constructor.

El alto precio de la vivienda tiene un componente decisivo de especulación, alentado por los capitalistas para conseguir márgenes de beneficios astronómicos. Al respecto Engels escribía en 1872 en su libro Contribución al problema de la vivienda, lo siguiente: “Lo cierto sin embargo, es que ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar en seguida, si se les diese un empleo racional, toda verdadera penuria de la vivienda. Esto solo puede lograrse, naturalmente, expropiando a los actuales poseedores y alojando en sus casas a los obreros que carecen de vivienda o viven hacinados en las suyas.”

Esta especulación empieza con el acaparamiento de grandes cantidades de terreno por las grandes empresas. La ley del suelo del PP de 1998, gracias a la cual se liberalizó el suelo, dio alas a la especulación. La filosofía de cuanto más suelo en el mercado, más oferta y por lo tanto menos precio, se ha convertido en una burla y lo que ha conseguido es hacer más fácil que las grandes empresas puedan acaparar suelo para así hacer negocio.

Connivencia y colaboración de las administraciones locales

Las administraciones locales colaboran recalificando los terrenos que más interesan a los empresarios y en parte también para financiarse. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha cuadriplicado sus ingresos desde 1999 por la venta de suelo público. Qué duda cabe que este mecanismo es una gran fuente de corruptelas, como ponen de manifiesto las “Marbellas” que continuamente salen a la luz.

La necesidad de una vivienda para millones de trabajadores y una coyuntura económica con una expansión del mercado de trabajo y con bajos tipos de interés, unido a los amplios márgenes de beneficios, aumentados por las facilidades de todo tipo dadas por las administraciones (locales, autonómicas y gobierno central) y combinado con el afloramiento de dinero negro de los últimos años producido en torno a la implantación del euro, atrajo gran cantidad de capitales al sector de la construcción. Todos estos elementos combinados han generado una burbuja especulativa (que cuando estalle, y ya hay síntomas de estancamiento en el mercado, arrastrará tras de sí a toda la economía del país) de enormes dimensiones.

Esta necesidad básica para millones de personas es tratada como una inmensa fuente de beneficios, que los empresarios tienen firmemente atrapada entre sus garras. De hecho las administraciones públicas han desaparecido prácticamente de escena.

El número de VPOs de promoción pública ha sido de unas ridículas 2.000 viviendas de media desde 1999. Ante esta situación el gobierno del PSOE planteó públicamente que la cuestión de la vivienda sería una de sus prioridades. Esa “prioridad” se concretó en el plan de vivienda que presentó el gobierno Zapatero.

Además de los tristemente famosos pisos de 30 m2 para jóvenes, sus principales objetivos son el de facilitar el acceso a la vivienda a 730.000 familias entre 2005-2008 (esto cubriría el 20% de las necesidades reales), el incluir en la nueva ley del suelo que el 25% del suelo de los nuevos desarrollos urbanísticos vaya a VPO, construir 105.000 viviendas destinadas a ser alquiladas, crear la sociedad pública de alquiler (un organismo que actúa de intermediario entre el arrendador y el arrendatario).

Es evidente que estas medidas no sirven, ni de lejos, para acabar de verdad con el problema, un ejemplo lo demuestra: la sociedad pública de alquiler al año de funcionamiento había gestionado la firma de mil contratos de alquiler a precios que se encontraban un 19% más bajos que en le mercado libre (lo cual es muy positivo desde luego), pero el problema es que, como los propios responsables de esta sociedad han reconocido, estos alquileres tramitados por esta sociedad pública no sobrepasarán el 2% del total del mercado.

Pero lo más grave es que analizando el presupuesto del Ministerio de Vivienda para 2006, este no llega ni para cumplir una pequeña parte de dichos objetivos. Así el 41% del presupuesto va a subvenciones de hasta 10.000 euros para la entrada de un piso. También para subvenciones para facilitar el acceso a un alquiler a menores de 35 años y también subvenciones para los que los alquilen.

La vivienda: una fuente más de beneficios

para el capitalismo

El gobierno enfoca el tema como un sector económico más bajo el capitalismo, cuya tasa de beneficios hay que sostener, asumiendo que uno de sus objetivos prioritarios es evitar el hundimiento de los precios. Respecto a la política sobre la vivienda bajo el capitalismo Engels escribía: “En la sociedad actual, el problema de la vivienda se resuelve exactamente igual que otro problema cualquiera: por la nivelación económica gradual de la oferta y la demanda, solución que reproduce constantemente el problema y que, por tanto, no es solución.”

Partiendo de esto su plan de vivienda está elaborado persiguiendo ante todo el consenso entre las empresas constructoras, las inmobiliarias y los bancos. Pero el único plan capaz de abordar seriamente el problema de la vivienda, debe empezar por arrancar este sector de manos de los empresarios y banqueros y sacarlo del mercado. El plan de construcción de viviendas y los recursos destinados a él, debe de estar orientado por la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población, no por el beneficio privado. No puede haber acuerdo posible con los que se enriquecen a costa de nuestro sudor y esfuerzo.

Es imprescindible poner en marcha un plan estatal en coordinación con ayuntamientos y CCAA para construir dos millones de viviendas públicas en cuatro años, para garantizar alquileres con una renta no superior al 10% del salario. Esta medida es inaplicable si el gobierno no cuenta con los medios necesarios, por tanto es necesario la nacionalización de las grandes empresas constructoras que hacen de un derecho básico como el de la vivienda un negocio multimillonario. Además el plan de construcción debería estar controlado democráticamente a través de las Asociaciones de Vecinos, los sindicatos obreros y las propias asambleas de jóvenes y trabajadores sin casa, en cada localidad del Estado.

Por otro lado es inaceptable que más de tres millones de viviendas estén vacías en este país, por lo que el gobierno tendría que elaborar un plan para obligar a sus propietarios a ponerlas en régimen de alquiler sin que estos sobrepasen el 10% de los ingresos salariales, si se negaran, las viviendas deben se expropiadas y convertidas en públicas.

Otra medida clave sería la expropiación, sin indemnización, de todo el suelo acumulado por los grandes promotores inmobiliarios.

Estas medidas supondrían un enfrentamiento abierto con los grandes capitalistas ya que una de sus principales fuentes de beneficios les sería arrebatada para pasar a estar al servicio de la sociedad, por lo que sólo con la lucha podremos hacerlas realidad.

Debemos exigir al gobierno la puesta en práctica de un programa auténticamente socialista; ninguno de los problemas fundamentales que nos afectan (acceso a la vivienda, sanidad, educación, pensiones, etc.,) encontrarán una solución duradera bajo el capitalismo; es necesario expropiar a los capitalistas y poner la riqueza de la sociedad, bajo control de los trabajadores, al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales.