Este acuerdo, ya de por sí escandaloso, va contra la Constitución que tanto defiende este gobierno, que en el artículo 16-3 dice: “Ninguna confesión [religiosa] tendrá carácter estatal”. El franquismo, siguiendo lo que otros regímenes fascistas habían hecho, firmó unos acuerdos con el Vaticano en 1956, que luego se renovaron en 1976 y 1979, por los que se rigen las relaciones del Estado con la Iglesia católica y que representan unas prerrogativas excepcionales. Vienen a decir que el Estado tiene que mantener a la Iglesia católica.
El acuerdo actual del gobierno socialista y la jerarquía eclesiástica significa dar el visto bueno a los acuerdos franquistas e incrementar la aportación del Estado. Lo intentan justificar diciendo que van a tener que pagar el IVA, como exige la Unión Europea, pero eso va a ser una minucia. También se les pide que den cuenta de a dónde va a parar el dinero público, que hasta ahora no lo han justificado, pero no se les exige que devuelvan los más de 180 millones de euros que se les ha dado de más desde 1996. El Estado adelantaba a cuenta de las aportaciones vía IRPF entre 30 y 48 millones de euros más de lo que luego aportaban los fieles que marcaban la crucecita. Es decir que, como la Iglesia católica no puede llegar a fin de mes con las aportaciones de sus adeptos, el Estado echa mano del dinero de los contribuyentes que no quieren que con su dinero se financie actividades religiosas, para que los curas no pasen penalidades.
Buen pellizco presupuestario
Si miramos los Presupuestos Generales del 2007, el dinero que va a recibir la Iglesia asciende a 5.057 millones de euros repartidos de la siguiente manera (El País, 30-9-06):
· Dotación presupuestaria a cargo del IRPF: 150 millones de euros.
· Subvenciones del Estado a centros privados de propiedad eclesial (centros educativos concertados): 3.200 millones de euros.
· Salarios de profesores de religión católica: 517 millones de euros.
· Subvenciones para organizaciones sociales de titularidad eclesial (Cáritas, etc.): 90 millones de euros.
· Centros hospitalarios y de caridad: 60 millones de euros.
· Capellanes castrenses, de hospitales (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial) y de prisiones (130): 30 millones de euros.
· Ayudas para el sostenimiento y mejora del patrimonio artístico e inmobiliario (280 museos, 103 catedrales y colegiatas, 1.000 monasterios, etc.): 200 millones de euros.
· Otras actuaciones urbanísticas: 60 millones de euros.
Total de aportaciones: 4.307 millones de euros. Pero aunque les van a obligar a pagar el IVA, las desgravaciones y exenciones fiscales les van a suponer otro pellizco de 750 millones de euros, que sumados a las aportaciones anteriores dan la bonita cifra de 5.057 millones de euros que el Estado aporta a una institución tan poderosa económicamente como la Iglesia católica. Y es que no es sólo el Ministerio de Hacienda el que les da, sino que ese dinero sale también de Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales y de las entidades autonómicas y locales correspondientes.
En El Militante nº 192 de marzo de 2006, en un artículo titulado ¿De dónde sale el dinero de la Iglesia católica?, se explicaba muy bien cómo gestiona la Iglesia todo este dinero. Bernardo Herráez, vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal era claro: “El dinero de la Iglesia no puede estar en la luna, sino en los mercados”. Es verdad que han tenido algunas pérdidas (Gescartera, etc.), pero es porque hacen sus inversiones en empresas de riesgo medio-alto, que pueden provocar pérdidas, pero también mayores ganancias.
Cartera muy terrenal
Hay, al menos, tres sicav (sociedades de inversión de capital variable) vinculadas a la Iglesia católica: UMASGES, con 8,6 millones de euros invertidos en Bolsa, en empresas constructoras como Ferrovial, Fadesa, etc., o que tienen negocios de armamento como Indra, Gamesa, bancos… Otra es BI Gran Premiere con un valor, según la CNMV de unos tres millones de euros. Está también Vayomer, cuyo origen es el Obispado de Astorga y que tiene una cartera de renta variable de 5,5 millones de euros.
Aparte de empresas como la Cope, universidades, etc., la Iglesia es el mayor propietario inmobiliario del Estado, después de las instituciones públicas, por un valor económico incalculable. Es decir que las penurias no son tales y el gobierno socialista debe romper ya cualquier acuerdo con la Iglesia y no dar ni un céntimo de dinero público. Este dinero se debe dedicar a mejorar la calidad de vida de la mayoría de la sociedad y no a tener que soportar el adoctrinamiento constante de los curas a costa de las arcas del Estado.
