El pasado lunes 3 de septiembre los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, firmaron con el consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid (CAM), Alfredo Prada, del PP, lo que han llamado "bases para el desarrollo de un acuerdo marco para modernizar la función pública".
Según los firmantes, se trata de una declaración de principios para la reforma de la función pública en la CAM y tiene como objetivo adaptar esta Comunidad a la nueva ley de desarrollo del estatuto básico del Empleado Público (EBEP).
Dentro de esta declaración de principios, los firmantes contemplan la adopción de medidas para desarrollar incentivos y motivación laboral entre los trabajadores a través de la potenciación de la promoción profesional, el aumento de los niveles de formación y la conciliación de la vida laboral y familiar.
CCOO pretende también que se aborden medidas para mejorar la salud laboral y poner en marcha un plan de pensiones para los funcionarios.
Tienen como objetivo que el próximo 15 de octubre vea la luz un acuerdo general para los funcionarios públicos en la CAM, que afectaría a 160.000 trabajadores.
Pero este decálogo de buenas intenciones, que por la experiencia de cualquier trabajador con cierta veteranía siempre suelen quedar para la galería, se topa con la realidad de la situación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos en la CAM.
En consonancia con la situación general de todas las administraciones, en la CAM nos encontramos con una temporalidad del 18,5% y un porcentaje de interinos de un escandaloso 21%.
A esto hay que sumar la pérdida, como les ocurre a todos los funcionarios del Estado español, de poder adquisitivo en los últimos años.
Estos temas fundamentales parece ser que no están dentro de los temas centrales que los representantes sindicales están discutiendo con la administración controlada por el PP en Madrid.
Además como explicábamos más arriba, el objetivo de estas negociaciones es el de adaptar la CAM a la nueva ley de desarrollo del EBEP.
Esto no es nada alentador para los trabajadores ni para uno de los objetivos prioritarios que debe ser la estabilidad en el empleo. En ese sentido el EBEP, no sólo no trata de poner freno a la subcontratación y al proceso de laboralización del personal público, sino que tiene como objetivo dar cobertura legal a estos mecanismos, como podemos comprobar en la propia exposición de motivos del EBEP: "Asistimos a una gradual multiplicación de las formas de gestión de las actividades públicas dentro de cada nivel territorial, que persigue responder adecuadamente a las exigencias que plantea un servicio eficaz a los ciudadanos." Y continúa: "La manifestación más significativa viene siendo el recurso por muchas administraciones públicas a la contratación conforme a la legislación laboral..., la flexibilidad que este régimen legal introduce en el empleo público y su mayor proximidad a los criterios de gestión de la empresa privada explican la preferencia por él en determinadas áreas".
Estos párrafos son bastante claros sobre cuales son las intenciones de la administración central: seguir avanzando en la precarización del empleo, en la adopción de criterios de gestión privada y dejar la puerta abierta para seguir con las privatizaciones y la subcontratación.
Esto lo firmaron los sindicatos a nivel estatal y tienen como objetivo, coincidiendo con la administración del PP, aplicar el mismo método y los mismos criterios en la CAM.
Una vez más, podemos comprobar el nivel de alejamiento de los dirigentes sindicales de la realidad de los trabajadores y sus aspiraciones. El objetivo de la Administración del PP es el de profundizar el traslado de las condiciones laborales que se están imponiendo en todo el mercado laboral a los trabajadores de la administración pública.
Los dirigentes sindicales deberían reflexionar sobre hacia donde les lleva su actual estrategia de negociar desmovilizando a los trabajadores, a sus espaldas y aceptando la filosofía de los empresarios, en este caso de "los gestores públicos".
Los afiliados a los sindicatos de clase no podemos resignarnos a esta acción sindical nefasta; es necesario emprender una campaña de asambleas de secciones sindicales y de trabajadores en las que se discutan y se propongan para su aprobación resoluciones exigiendo a los dirigentes sindicales iniciar una campaña de movilizaciones exigiendo al gobierno de la CAM los medios necesarios para que los trabajadores públicos puedan desarrollar su trabajo en condiciones óptimas y para garantizar unas condiciones de trabajo dignas.
