Casi dos años después de que se lanzara a bombo y platillo la idea de hacer una ley de memoria histórica, se cierra un proceso que ha resultado tortuoso, por momentos incluso esperpéntico si no fuera por lo que encierra de dramático para miles y miles de familiares y supervivientes del franquismo; un proceso que ha ofrecido también lecciones decisivas de lo que puede ofrecer la política reformista, la "realista", la "de lo posible", en un punto tan elemental como el de la justicia y los derechos democráticos más elementales.

En los inicios de este proceso se pusieron encima de la mesa toda una serie de posibles reformas legales y de reivindicaciones de diferentes asociaciones memorialistas, de supervivientes del franquismo y de la izquierda: apertura de fosas, anulación de los juicios franquistas, eliminación de toda la simbología fascista que aún puebla calles y edificios..., en definitiva acabar con el pacto de silencio que significó la Transición con respecto a los crímenes de la dictadura, crear un clima que acabe con el miedo que aún mantiene en sus entrañas una generación y que lleve a los centros de estudio un estudio serio y en profundidad de lo que fueron los años treinta, la revolución española, la guerra civil y la dictadura.
Estas aspiraciones chocaron enseguida con el límite que el gobierno puso encima de la mesa: "que no hubiera consecuencias jurídicas", estas palabras demuestran hasta donde estaba dispuesto a llegar el gobierno, y allí es adonde ha llegado. Después de más de una año de negociaciones, en la nueva ley (que ni siquiera conserva el nombre de Ley de Memoria Histórica) no hay una sola reforma decisiva, cualitativa, como reconoce hasta El País en su editorial del 9 de octubre.

Giro a la derecha durante la negociación

De hecho, se ha producido un giro a la derecha durante el proceso de negociación: se introducen "los dos bandos" (cambio que motivó una felicitación y un apoyo al proyecto de ley por ¡el jefe de La Falange!, tras reunirse en Moncloa con la comisión que preparaba el proyecto en mayo de 2006); se equiparan los jurados populares y la labor de las milicias contra el levantamiento fascista con la represión que acompañaba el avance de las tropas franquistas (con CiU aún se negocia la equiparación de estos jurados como "órganos represivos", ¡los únicos organismos que se pusieron en marcha para reprimir a los fascistas que apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio!).
En prácticamente todos los aspectos esenciales de lo que se ha presentado hasta ahora, detrás de un pomposo lenguaje se esconde lo mismo que queda tras los fuegos artificiales: humo. "Se ha logrado una condena del franquismo", simplemente se le ha añadido a la ley la declaración del congreso de 2002 y la del Consejo de Europa de 2006 (hasta en este terreno funciona el método de "corta y pega"). "Se aprueba la ilegitimidad de los juicios franquistas", como ya quedó claro cuando esto fue pactado con IU, la "ilegitimidad" no tiene ninguna validez jurídica, los que se levantaron contra el fascismo siguen siendo traidores y asesinos a efectos legales. Para revertir esa situación la ley sólo deja una vía, legal e individual, por la que hasta ahora jamás se ha conseguido una anulación de sentencia. En este caso, para garantizarse el acuerdo del grupo parlamentario de IU, sí han envuelto en más lenguaje pomposo lo que es una realidad: el gobierno no tiene ninguna intención de enfrentarse al aparato judicial (heredado del franquismo); en palabras de López Garrido: "La ley no va a interferir en el territorio judicial, el legislador no va a entrar en el campo del juez". ¿De qué jueces?, podríamos añadir, ¿de personajes como Roberto García-Calvo, antiguo falangista y hoy miembro nada menos que del Tribunal Constitucional?
En uno de los puntos más sensibles de la ley, el de la apertura de las fosas comunes, no hay tampoco ningún cambio fundamental: todo el papel del Estado se reduce a subvenciones y convenios con las asociaciones, que son las que han llevado a cabo todo el trabajo realizado hasta ahora. Esta situación ha sido denunciada por diferentes organizaciones de derechos humanos (poco sospechosas de radicales) como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Equipo Nízkor.
Y en el terreno de los símbolos y monumentos fascistas, nada nuevo bajo el sol. Aún pendiente de cerrar algunos aspectos, podemos aventurar que de esta ley no saldrá ninguna obligación de retirar símbolos, nombres de calles, monumentos y demás.

Para conseguir una ley justa no basta con el parlamento

Como ya explicábamos en abril de este año, conseguir una Ley de Memoria justa era muy difícil, había que enfrentarse a un aparato del Estado heredero directo de la dictadura. Pero también asegurábamos que de la manera en que lo planteaban PSOE e IU era imposible lograrlo: "Si algo han demostrado estos tres años de gobierno (y podemos poner como ejemplo cualquier otro período de la historia) es que la táctica de ‘apaciguar a la derecha', ‘no provocar a la reacción', sólo beneficia a la reacción. Para conseguir una auténtica Ley de la Memoria Histórica hay que basarse en la fuerza de la clase obrera y la juventud, legislar en el parlamento apoyándose en el movimiento real en la calle. Hoy estamos en las mejores condiciones de estos últimos treinta años para hacerlo: la derecha aparece nítidamente como lo que es: la heredera de la dictadura, hay una base real para levantar un movimiento de masas en el que apoyarse para conseguirlo".
Lo que tenemos ahora es, por un lado, a la reacción que agita sus bases en torno a este tema, aderezado además con sus propias perlas: el 28 de octubre quieren desplazar a Roma a "un millón de españoles" para asistir a la canonización de más de 400 "mártires" de su Santa Cruzada y en Valencia están levantando un macrosantuario para otros 233 "inocentes" mártires en terreno público donado por la Generalitat del PP; y por otro, la clase obrera y la juventud que la única "agitación" que les ha llegado ha sido lo que se haya podido seguir por la prensa burguesa.
En ningún momento ha habido una campaña de propaganda por parte del PSOE e IU. La actual dirección del PSOE ha dejado claro lo que quería con esta ley y no se podía esperar que emprendieran ese camino, pero el papel jugado por el grupo parlamentario de IU ha sido bastante lamentable. Si nos centramos en lo fundamental, se han limitado a darle un barniz "progresista" a aspectos que atentan contra la memoria que dicen defender; y han dejado muy claro en algunas declaraciones lo que es su concepto de la lucha política y sus límites: "La ley del PSOE era mala y por eso hemos batallado para reorientarla para que condene sin paliativos el franquismo" (Joan Herrera), "Con cinco diputados que tenemos, ¡bastante hemos influido en la ley" (dirigente de IU citado en El País, 8/10/07). Sobran las palabras.