Un día sí y otro no aparece en televisión nuestra vicepresidenta primera del gobierno asegurando con semblante serio y solemne y con gesto firme (eso sí, luciendo cada día modelito nuevo, ya que la firmeza no va reñida con la elegancia) que se hará respetar la Constitución y que se aplicará la ley con todo rigor y firmeza, ya sea con motivo de algún "desorden" o de alguna propuesta política (principalmente relacionada con Euskadi).
Sabido es por todo marxista que se precie que la ley y el orden no son neutrales, no están por encima de la sociedad y las clases sociales, sino que son parte del aparato del Estado, que es un instrumento de dominio de una clase sobre otra. Podríamos ver innumerables ejemplos de la aplicación práctica de esa ley, pero como muestra, estas dos perlas sacadas del diario El País el 16 de octubre:
En una de ellas se nos dice que la titular del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Málaga, Asunción Vallecillo, ha negado la suspensión cautelar de las obras de una urbanización en Villanueva del Rosario, cuya licencia está impugnada, porque "esto ocasionaría un perjuicio irreparable al promotor si al final del procedimiento el permiso se considera legal". Es decir, ante un conflicto de intereses (el general y el particular), la jueza prima el interés particular del promotor, porque según ella, podría verse perjudicado.
La licencia corresponde a una de las fases de un complejo urbanístico donde están previstas 500 viviendas y un campo de golf, y casualmente, la promotora es Aifos, una de las implicadas en el caso Malaya.
Pero no es la primera vez que esta jueza rechaza la suspensión cautelar de unas obras, ya lo hizo anteriormente en la urbanización Los Merinos Norte en Ronda.
El cortocircuito de la duquesa
La otra perla judicial consiste en la absolución por parte de la Audiencia de Sevilla a la duquesa de Alba por una falta de injurias a los jornaleros del SOC cuando se manifestaban en contra de la concesión por parte de la Junta de Andalucía del título de Hija Predilecta a la mayor terrateniente del Estado español. En esta ocasión, la "predilecta" señora llamó locos y delincuentes a los jornaleros.
Pues bien, ahora la Audiencia en su fallo, dice que la duquesa no tuvo "ánimo de injuriar" sino que tuvo una "reacción de cortocircuito" al verse "criticada y vilipendiada en un día que en principio, para ella debía ser de satisfacción personal".
Esta es la ley que con tanta firmeza dice aplicar nuestra vicepresidenta. Por supuesto, siempre que no dañe los intereses privados de ciertas personas y que sirva para reparar los cortocircuitos mentales producidos en los privilegiados por las protestas de los trabajadores.
