Brutalidad policial en la Cañada Real

Sería difícil encontrar a una persona en todo el Estado español que no haya oído, visto o leído en los grandes medios de comunicación lo sucedido a mediados del mes de octubre en la Cañada Real Galiana en Madrid. La razón es la gran batalla campal que se organizó: pelotas de goma, botes de humo, piedras, bombonas de butano, todo valía.

Por un lado las bien equipadas y entrenadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; por el otro, los trabajadores marroquíes que viven con sus familias y que, con lo que tenían a mano, se defendieron del derribo de la casa de uno de ellos, que al final se produjo. Todos los medios se afanaron en la recreación una y otra vez de la batalla que allí se produjo. Los trabajadores y sus familias fueron brutalmente reprimidos.

Lo que lo medios ocultaron

Sin embargo, hubo un antecedente de la misma naturaleza dos semanas antes y que no contó con el mismo despliegue informativo: el derribo de media docena de viviendas, que se llevó a cabo cuando los hombres habían acudido a trabajar y los niños en edad escolar estaban en el colegio. Sólo quedaban las mujeres y los niños más pequeños en sus casas. Según relataron los afectados, por la mañana se presentaron multitud de coches patrulla de la policía y una máquina escavadora de gran tamaño. Se les hizo entrega de una orden de desalojo, algunas de las mujeres y niños asustados salieron de sus hogares sin apenas poder recoger unas pocas pertenencias personales. Otras decidieron permanecer en sus casas con sus hijos y no salir. El resultado fue que la máquina escavadora empezó a derribar una a una las casas que los trabajadores habían construido conjuntamente. Todas las casas que fueron desalojadas se derribaron con todo lo que una casa puede llegar a albergar en su interior. El resto de las casas donde se habían mantenido las mujeres dentro con sus hijos quedaron en pie, pero con la advertencia de que dentro de seis meses sus casas correrían la misma suerte que la de sus vecinos. Este hecho, cuantitativa y cualitativamente más importante, apenas trascendió a los medios de comunicación.

Gallardón no da la cara

No tenemos que olvidar -y en eso parece que los medios de comunicación se han puesto de acuerdo- que no es para nada accidental el hecho de que las órdenes de derribo fueron dadas por el Ayuntamiento de Madrid, a cuyo frente se encuentra Ruiz Gallardón, que suponemos algo tendría que saber y algo tendría que opinar ante la magnitud que tomaron los acontecimientos. Familias enteras que de la noche a la mañana perdieron sus hogares y la mayor parte de sus pertenencias. Parece como si hubiera habido un pacto de silencio para no mezclar a la administración y a sus representantes y que este hecho no dañara la imagen de los mismos.
Es más que probable que actitudes tan autoritarias como las descritas anteriormente se multipliquen a medida que se vayan acentuando las contradicciones del sistema capitalista. No sólo los inmigrantes, también los propios trabajadores nativos hemos sufrido en nuestras carnes la brutalidad de la represión ordenada directamente por los grandes intereses políticos y económicos.
Estos asentamientos son utilizados por la Administración (Ayuntamiento de Madrid), presentándolos como focos de marginalidad y delincuencia donde son justificables altos niveles de represión. No olvidemos que la Cañada Real Galiana se extiende a lo largo de 15 kilómetros con una población cercana a los 45.000 habitantes. Estas agrupaciones de viviendas no son de ahora, comenzaron a asentarse hace más de cuarenta años. Recordemos que parte de los barrios que ahora son legales como Vallecas o Carabanchel comenzaron del mismo modo. Los trabajadores que provenían del mundo rural para labrarse un porvenir en la ciudad no tenían más remedio que construirse ellos mismos sus hogares, fue mediante una larga lucha cuando pudieron conseguir legalizar su situación. Es cierto que en parte de la Cañada existen focos de delincuencia, están considerados como uno de los supermercados de la droga en Madrid. Pero eso es consentido por las propias administraciones que, al no atajar el fondo social y económico que tiene el problema de la droga, prefieren la concentración de la venta en unos determinados puntos.

¿Qué molesta a los poderosos?

Quizás el problema que representaban estas familias era el alto grado de cooperación que han alcanzado, ya que como hemos mencionado construían sus casas ellos mismos con la ayuda de todos, incluso han construido espacios comunes como una mezquita que además es un centro de referencia para la comunidad. Es posible que este tipo de organización espontánea surgida de la supervivencia moleste mucho a las administraciones porque es una clara muestra de la independencia a la hora de gestionar los problemas que tienen las personas. Este podría llegar a convertirse en un mal ejemplo para los miles de jóvenes y no tan jóvenes que soportan el problema de la vivienda.
Tenemos que mostrar nuestro apoyo a todos aquellos que sufren la arbitrariedad de la Administración, en este caso el Ayuntamiento de de Madrid, que siguen los dictados de los grandes intereses económicos.