Hace casi ocho años se firmaba el convenio colectivo de Laminaciones Arregui, SL, perteneciente al Grupo Siderúrgico Celsa. En él se establecía un complemento salarial de carácter personal que sustituía al complemento de asistencia y que no se pagaría a los trabajadores que se contratasen después del 23 de marzo de 1998. Aquel convenio se sustituyó por otro, en el año 2001, conteniendo la misma cláusula discriminatoria. La empresa amplió su plantilla de 300 a 500 operarios en un proceso en el que iba sustituyendo personal con más salarios y derechos por otro con contratos precarios y peores condiciones de trabajo. Así consiguió una rentabilidad anual media superior al 22%.
Ante la oposición empresarial a suprimir la desigualdad, los 150 trabajadores afectados, con el apoyo del comité, se vieron obligados a acudir ante los tribunales para exigir el cumplimiento de la ley. El Juzgado de Vitoria-Gasteiz y después el TSJ del País Vasco les dieron la razón y tacharon la argumentación de la empresa de “absolutamente ficticia y artificiosa”. Con el fin de retrasar el cumplimiento de la sentencia, la empresa recurrió ante el Tribunal Supremo y es ahora, dos años y medio después de que se iniciara la denuncia, cuando este tribunal no admite el recurso de la empresa, quien debe pagar el complemento personal, encubridor del doble sistema retributivo, a todos los trabajadores al margen de su fecha de ingreso en plantilla.
Mientras la patronal presiona para que se consideren los convenios como meros contratos privados, en los que la voluntad de los negociadores legitima lo acordado, los trabajadores de Laminaciones Arregui han conseguido que se reconozca que los convenios colectivos tienen carácter normativo y deben respetar los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Además, ha quedado claro que las diferencias salariales vinculadas a la fecha de ingreso en la empresa son contrarias al principio de igualdad y que cualquier trabajador aunque no puede impugnar un convenio sí puede alegar la ilegalidad del mismo mediante la denuncia del acto empresarial de aplicación.
Doble escala salarial y la precarización laboral
La doble escala salarial, presente en sectores como automoción, químicas, banca, eléctricas o el sector metalúrgico, implica condiciones salariales y laborales inferiores para empleados que tienen la misma categoría y realizan la misma tarea, y son un ejemplo del deterioro progresivo de las relaciones laborales. En nombre de la competitividad y del empleo se paga menos a trabajadores de nuevo ingreso, contratados en precario —que ni siquiera están en la empresa cuando se pacta la desigualdad— y en clara desventaja respecto del resto de la plantilla. La discriminación se oculta bajo diversas fórmulas como “salario de ingreso”, complementos personales, diferencias en la antigüedad, o se pretende justificar con cláusulas relativas al empleo.
La firma sindical de estos convenios potencia y legitima que la jurisprudencia del Tribunal Supremo vaya ampliando las causas para admitir la doble escala salarial; entre otras, la existencia de un plan de viabilidad, acuerdos para crear o mantener empleo, incluso, un programa de inversiones. Se profundiza así la dinámica de precarización laboral: contratos temporales y cortos, rotación laboral abusiva, facilidades para contratar y despedir o exigencia de disponibilidad absoluta al servicio de las empresas.
Solón de Grecia decía: “la ley es como una tela de araña, los grandes la rompen fácilmente pero los chicos quedan atrapados en ella”. Por eso es importante rechazar la doble escala salarial, porque rompe los principios de solidaridad e igualdad que son esenciales en la lucha sindical para frenar el empeoramiento de las condiciones de trabajo y recomponer el mosaico de fragmentos y retazos en que se está convirtiendo el derecho laboral.
