Y es que no es para menos. Conseguir un nuevo recorte en las indemnizaciones por despido además de subvenciones millonarias para “fomentar” el empleo, después de que las empresas españolas hayan obtenido beneficios record en 2005 es todo un logro para la burguesía de este país. El año pasado, las empresas no financieras aumentaron sus dividendos en un 26,2% respecto al año anterior, mientras que la banca duplicaba la cifra anterior, consiguiendo un incremento del 52% en 2005. En contraste, según el Indicador Laboral de Comunidades Autónomas realizado por IESE-Adecco (la Escuela de negocios de la Universidad de Navarra y la mayor ETT del país, respectivamente), durante el mes de febrero de 2006 el salario medio ha descendido por quinto trimestre consecutivo. De mantenerse esta tendencia hacia junio de 2006 el salario medio se situará en 1.541 euros, que tras descontar el efecto de la inflación, supone estar en los mimos niveles que en1997. De todo esto se concluye que, en los últimos diez años, el salario medio no ha crecido nada mientras los dividendos empresariales se han multiplicado un 200%.

Es en este contexto de beneficios insultantes y contención general de los salarios, en el que los dirigentes de CCOO y UGT han acordado con la patronal y el gobierno de Zapatero una nueva vuelta de tuerca contra la clase obrera. Según todos ellos, esta nueva reforma laboral atacará de lleno la precariedad y logrará aumentar el empleo de calidad y la estabilidad laboral. En definitiva, los mismos argumentos utilizados en las anteriores reformas laborales que sólo han conseguido incrementar los beneficios empresariales y profundizar en la indefensión de millones de trabajadores, especialmente entre los más jóvenes.

Un nuevo ataque al movimiento obrero

“El Acuerdo responde al objetivo compartido por el Gobierno, las Organizaciones Sindicales y las Organizaciones Empresariales de que la sociedad española alcance unos mayores niveles de desarrollo económico, calidad en el empleo, bienestar social y cohesión territorial.

Para lograr ese objetivo resulta fundamental impulsar un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero basado en la competitividad de las empresas, el incremento de la productividad y la cohesión social. La mejora de la estabilidad del empleo, objetivo de este Acuerdo, contribuirá a avanzar en esa dirección.

A su vez, las políticas laborales y de empleo deben ir necesariamente acompañadas de políticas sólidas en educación y formación, en infraestructuras, en investigación, desarrollo e innovación y en materia industrial y medioambiental, elementos esenciales para el crecimiento y la calidad del empleo.

El Acuerdo, en tanto que plasmación del consenso entre las partes firmantes, constituye un punto de equilibrio que se orienta en la dirección de apoyar y sostener la creación de empleo así como mejorar el funcionamiento del mercado laboral y la estabilidad del empleo.”

Este texto forma parte de la Introducción del documento firmado. En el se reconocen, como no podía ser de otra manera, los consabidos argumentos a favor de la competitividad y la productividad de las empresas. Bajo estos términos eufemísticos, millones de trabajadores saben muy bien lo que se esconde: más explotación, más horas de trabajo, menos salario, menos derechos y menos estabilidad laboral. Esta ha sido, por encima de cualquier declaración oficial plasmada en el papel, la experiencia para la clase obrera en los últimos veinte años.

Todas las contrarreformas del mercado laboral y del sistema de pensiones que han tenido lugar desde 1982 han supuesto un atentado contra los intereses de las familias trabajadoras. El objetivo siempre ha sido el mismo: abaratar la mano de obra, eliminar las trabas al despido, reducir los subsidios sociales por desempleo y la cuantía de las pensiones, acabar con la estabilidad en el empleo y asegurar, mediante la legislación, una mayor cuota de explotación de la fuerza de trabajo.

Las consecuencias de las sucesivas reformas, o mejor dicho contrarreformas, han sido demoledoras. Baste señalar que la reforma de 1984 abrió el camino a la generalización de los contratos temporales, quebrando el principio de causalidad en el puesto de trabajo; el pacto social de 1992 denominado “Ley de Medidas Urgentes para el Fomento del Empleo y Protección por Desempleo” redujo las prestaciones por desempleo y endureció las condiciones para acceder al mismo; en 1994 la nueva reforma acordada por el gobierno de Felipe González introdujo las ETT, aumentó el abanico de causas para los despidos procedentes, que pasaron a ser económicas, técnicas, organizativas y de producción, y creo la figura del contrato de aprendizaje, más conocido como contrato basura; el pacto de pensiones de 1996, consistió en un acuerdo para reducir las pensiones futuras; posteriormente, la contrarreforma laboral de 1997, la primera del gobierno Aznar, abarató y facilitó el despido de los trabajadores de las empresas al introducir un nuevo contrato indefinido con una menor indemnización por despido: 33 días por año trabajado, frente a los 45 días del contrato fijo ordinario, para mujeres, jóvenes, parados de larga duración y mayores de 45 años; En 2001, la nueva reforma, más conocida como con el sobrenombre de Decretazo, además de incorporar nuevas medidas para flexibilizar el mercado laboral supuso un ataque brutal al subsidio agrario.

En definitiva todas estas reformas han provocado una generalización de los contratos temporales y de la subcontratación, y la aprobada en mayo de 2006 no va a ser menos.

¿En que consiste la nueva reforma laboral pactada? En el análisis realizado por el sector crítico de CCOO, y del que citamos los siguientes párrafos, se da respuesta puntual a esta pregunta

1. La contrarreforma no va a reducir la precariedad laboral. Por un lado, porque no restablece la causalidad en la contratación y porque continuarán vigentes toda la maraña de contratos temporales a la carta y sin ninguna causalidad. Por otro, porque la medida central de esta reforma es el abaratamiento del despido. Esta medida ya se aplicó con la reforma de 1997 y fracasó tan rotundamente que casi una década después seguimos teniendo la precariedad más alta de Europa (un 34% frente a un 14%).

2. Abarata el despido. A través de la recuperación y extensión de los llamados contratos de fomento de la contratación indefinida con el despido barato (33 días por año y un máximo de 24 mensualidades, en vez de los 45 días y 42 mensualidades del contrato indefinido ordinario). Este falso contrato indefinido con baja indemnización, más que sustituir a los contratos precarios, lo hará con los actuales contratos estables y quedará como único modelo en el futuro. También se aumentan los supuestos en los que el Fogasa (Fondo de Garantía salarial) se hará cargo de las indemnizaciones en lugar de las empresas (casi todos los del despido objetivo del art. 52 del ET). Además, no se corrige la última reforma de 2002, que redujo los costes del despido al suprimir los salarios de tramitación.

3. Trasvasa enormes recursos económicos a la patronal. Por dos vías: las bonificaciones y la reducción de cotizaciones. En cuanto a las bonificaciones somos el país europeo que más gasta en este capítulo. Así, desde 1998 las bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social han supuesto para las empresas 17.453 millones de euros (¡casi tres billones de las pesetas antiguas!) y para 2006 están presupuestados 2.500 millones de euros. La reducción de cuotas empresariales al desempleo (0,5%), al Fogasa (0,2%) y de las ETT (1%) son otras concesiones que se podrían haber invertido en mejorar las prestaciones de los trabajadores y que puede generar problemas a medio plazo al sistema de prestaciones. Es tan escandaloso el sistema de regalo de dineros públicos a la patronal que en bastantes supuestos de contratación les van a salir gratis las indemnizaciones por despido.

4. No va a disminuir la rotación en el empleo. El límite al encadenamiento de contratos en muy débil: no es retroactiva la medida (es decir, no se va a aplicar a los actuales 5 millones de contratos temporales), se permiten rotaciones de dos años sobre 30 meses y es muy fácil de burlar por cualquier empresario avispado que sólo tiene que no renovar justo antes del plazo. Parece más una medida destinada a legalizar el tremendo fraude empresarial existente, que a estabilizar la contratación.

5. Es un acuerdo muy desequilibrado a favor de los empresarios. La concesiones de despidos más baratos, más bonificaciones y menos cuotas no compensan las pequeñas mejoras laborales (prestaciones al desempleo de mayores de 45 años sin cargas familiares, cierta mejora de indemnizaciones del Fogasa, la desaparición del residual contrato de inserción, recoger lo que ya dicen los tribunales sobre cesión de trabajadores o un cierto aumento de los efectivos de la inspección de trabajo), que en comparación son insuficientes. Además, no se puede olvidar que se han quedado fuera los grandes objetivos sindicales: recuperar la causalidad y controlar el encadenamiento de los contratos, suprimir los más fraudulentos y regular la subcontratación.

Todas estas concesiones a la patronal recogidas en el texto firmado, prueban dos hechos incontestables: Primero, que la orientación de la política económica del gobierno Zapatero no es más que la continuidad de los anteriores, fueran los encabezados por José María Aznar o por Felipe González, es decir, la defensa de los intereses empresariales a costa de los derechos y las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. Aceptar la lógica del capitalismo, aceptar la idea de que los beneficios empresariales son la mejor garantía para el empleo como hacen todos los gobiernos sean socialdemócratas o de derechas, han cosechado frutos dramáticos para las familias obreras. Con esta política se engordaran más los dividendos de la burguesía, que aumenta su capacidad de maniobra para poner sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias de la crisis del capitalismo en el futuro inmediato. En ningún caso pues, estamos ante una política económica de izquierdas.

En segundo lugar, la política de las direcciones de CCOO y UGT es una prueba concluyente de su bancarrota. Después de años de pactos sociales, de contención salarial a través de los Acuerdos Interconfederales, después de aceptar la cangrena de la subcontratación generalizada en amplios sectores productivos, de una permanente negociación a la baja en los convenios, después de demostrase que esta política sindical de pactos con la patronal y desmovilización de los trabajadores solo ha servido para envalentonar a la burguesía...los dirigentes sindicales dan prueba de lo comprometidos que están en su filosofía con la defensa del capitalismo. En ala etapa de decadencia de un sistema social como el que vivimos, la cúpula reformista de los sindicatos de clase tiende a fusionarse cada vez más con el aparato estatal de la clase dominante. Es por tanto urgente levantar dentro de los sindicatos de clase una fuerte oposición de izquierdas a esta política de pacto social.

Por un sindicalismo de clase, combativo y democrático

Lola Liceras, responsable de empleo de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, ha manifestado en la Gaceta Sindical del 3 de mayo de 2006, que “CCOO se muestra satisfecha por haber parado las ‘negativas’ propuestas de la patronal”. En el mismo acto de la firma del acuerdo en el Palacio de La Moncloa, los sindicatos consideraron la reforma “equilibrada”, en palabras recogidas en la edición digital de Cinco Días del 9 de Mayo. ¿Cómo se puede argumentar que hemos ‘parado’las propuestas más negativas de la patronal después de conocer el contenido del pacto? ¿En que mundo vive Lola Liceras y el resto de sus compañeros de la Ejecutiva Confederal de CCOO y UGT cuando hablan de acuerdo “equilibrado? Este es el lenguaje de la derrota, el que ha convertido a este nuevo tipo de sindicalistas en “hombres de Estado” absolutamente alejados del sentir cotidiano de las fabricas, talleres y empresas de todo el país.

Es realmente sorprendente que estos “dirigentes” se encuentren tan satisfechos contemplando el panorama actual. Para ilustrar esta idea daremos algunos datos, sacados de los mismos informes que los gabinetes técnicos de CCOO y UGT publican habitualmente:

1. Precariedad A finales de junio de 2005, después de siete reformas laborales, cinco millones de trabajadores en el Estado español tenían contratos temporales (un tercio del total). Este porcentaje es veinte puntos superior a la media de la Unión Europea, estimada en el 13,6%. Nuestro país suma más trabajadores temporales que Italia, Reino Unido, Bélgica y Suecia juntos. Según datos de la EPA y de Euroestat analizados por la UGT, el estado español aunque aporta a la zona euro el 7% de la ocupación total, concentra el 26% de los trabajadores eventuales de toda la zona euro y el 20% del total de los accidentes laborales. Dicho de otro modo, la temporalidad y la siniestralidad en el estado español triplica a la de la zona euro.

Desde el año 1991 en nuestro país nunca se ha reducido la temporalidad por debajo de la tasa del 32% de los asalariados. Esta lacra se ha extendido vergonzosamente al sector público donde entre 1998 y el 2004 la tasa de eventualidad se incrementó en un 50%.

En cuanto a la mujer trabajadora, la temporalidad supera en 5 puntos la de los hombres. Según un estudio de la UGT en mayo de 2005 “en los últimos ocho años el número de asalariadas temporales ha crecido un 57%, frente a un 21% en los hombres. El 62% de los nuevos contratos temporales netos ha ido a parar a mujeres”.

La mayoría de la precariedad la soporta la juventud trabajadora: los menores de treinta años que suponen el 32% de los asalariados registran una tasa de eventualidad del 48%. En el Boletín de Empleo Joven de UGT, relativo al cuarto trimestre de 2005, se constata que el número de contratos registrados el año pasado destinado a jóvenes fue de 11.186.240 y casi el 90 por ciento de ellos ha tenido carácter temporal. De hecho los contratos indefinidos ordinarios, acumulados en diciembre de 2005, fueron 343.490 para menores de 35 años y los contratos indefinidos de fomento del empleo (que ahora se pretenden generalizar con una indemnización más barata por despido) tan solo supusieron 147.995. En este mismo Boletín se reconoce que el nivel de desempleo que registran los jóvenes es el más alto: el 58% de los desempleados tiene menos de 35 años. El tramo más afectado es el de los jóvenes entre 25 y 29 años, un 18 por ciento de ellos está en paro.

2. Respecto a los costes del despido, otra de las bestias negras de la patronal, hay que decir que estudios comparativos de la situación entre los países de la OCDE concluyen que desde 1998 los costes del despido se han reducido en España más que en ningún otro país de la organización, sin que este hecho haya tenido ninguna incidencia en la reducción de la temporalidad. De los países industrializados, el estado español es donde menor es la protección legal al empleo fijo, tras EEUU, Reino Unido y Canadá. La fortísima reducción de la protección contra el despido de los trabajadores fijos ha ido acompañada del salto en la tasa de temporalidad, que pasó en los últimos 15 años del 23% al 33%.

3. La siniestralidad no deja de aumentar. Durante 2005 se registraron 990 accidentes mortales, según el primer balance de mortalidad laboral elaborado por el Ministerio de Trabajo. Pero si a esa cifra se suma a los in itínere mortales el dato global es de 1.369. Los accidentes que provocaron baja laboral aumentaron un 3,4%, hasta los 906.836. Los siniestros con baja crecieron un 3,4% al sumar 906.836, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En lo que va de año, en el conjunto del Estado se han producido 80.654 accidentes laborales, en los que han muerto 103 trabajadores, de ellos 41 mientras se desplazaban de casa al trabajo. Un estudio del Ministerio de Trabajo sobre los accidentes laborales afirma que, entre 1996 y 2003, el 70,6% de accidentes con baja en el puesto de trabajo se da entre trabajadores con menos de 7 meses de antigüedad.

Desde 1996 a 2004 los accidentes de trabajo con baja han sido 8.110.259 de los cuales 120.295 han sido graves y 13.349 mortales. ¡13.349 trabajadores muertos en nueve años! Estos son los resultados de una auténtica guerra que todos los días se libra contra la clase obrera.

4. Reducción permanente de los salarios. Otro de los argumentos centrales por el que

los patronos exigen la reforma laboral, es desmentido por la realidad de los hechos.

Según un estudio realizado por UGT con datos de la oficina europea de estadísticas Euroestat, entre1999 y 2003, el coste medio anual por hora trabajada en nuestro país en el sector industrial y el de servicios no ha aumentado. Sin embargo en todos los países comunitarios estos costes se han incrementado por encima del 10 por ciento.

Estos datos son una muestra de una realidad incontestable: la política sindical defendida por las direcciones de CCOO y UGT ha fracasado. En realidad, toda la filosofía que fluye desde las escuelas negocios y las facultades de economía a favor de la flexibilidad del mercado laboral, la reducción de costes laborales para aumentar la productividad del trabajo, las privatizaciones de empresas públicas y servicios esenciales, la segmentación y externalización de la producción que ha generado el cáncer de la subcontratación masiva, la extensión de la jornada laboral, el incremento de los ritmos de producción y la reducción de pausas “improductivas”...todos estos argumentos con los que el capital ha multiplicado la extracción de plusvalía absoluta y relativa de la fuerza de trabajo y que han sido el factor esencial para esta explosión de los beneficios empresariales, ha sido asumida sin complejos por estas direcciones sindicales. Con su visión de “hombres de Estado” los dirigentes reformistas de los sindicatos obreros se han convertido en gestores valiosos para la clase dominante. De la misma manera, Zapatero y los ministros de Trabajo y Economía, que tantos parabienes están recibiendo estos días desde la prensa económica especializada, las editoriales de los principales diarios y, por supuesto, desde las voces más autorizadas de la Patronal, no hacen más que fortalecer la posición de nuestros explotadores. Como Diría Rosa Luxemburgo, finalmente el papel de los socialdemócratas está siendo hacer posible las contrarreformas que el capital necesita.

Los trabajadores y los militantes de CCOO y UGT debemos rechazar firmemente esta nueva reforma laboral, que es la consecuencia lógica de una acción sindical que favorece la estrategia de la patronal. La clase obrera es fuerte y en los últimos años ha aumentado su peso en la sociedad. Contestando a todos aquellos supuestos “teóricos” de la nueva izquierda que han hablado hasta la saciedad de la desaparición de la clase obrera y del proletariado industrial como efecto de un supuesto triunfo del sector servicios sobre la economía productiva y de la precarización de la fuerza de trabajo, hoy la clase obrera muestra su auténtica fuerza. La magnífica lucha de los trabajadores del metal en Vigo, de los trabajadores de Volkswagen en Navarra, como ayer de los trabajadores de SEAT, de los jóvenes y los obreros franceses que han conquistado una victoria histórica contra la derecha, muestran todo el maravilloso potencial de la clase trabajadora. La contradicción central de la sociedad de clases hoy sigue siendo la misma que hace 150 años: la contradicción entre el capital y el trabajo asalariado.

Es por tanto la obligación de todos aquellos que reclamamos un sindicalismo de clase basado en la movilización del movimiento obrero, que defienda métodos democráticos a través de la libre discusión y toma de decisiones en las asambleas de afiliados y trabajadores, y que entendemos que la lucha obrera por la defensa de nuestros intereses pasa por vincular la acción sindical a un combate más amplio por la transformación socialista de la sociedad, levantar urgentemente una oposición de izquierdas sindical lo más amplia posible en el seno de los sindicatos de clase.

Los trabajadores y sindicalistas agrupados en la corriente marxista El Militante hacemos un llamamiento a todos los militantes de CCOO y UGT , a todos los sindicalistas de izquierda, a manifestar nuestro rechazo más enérgico a esta nueva contrarreforma laboral y a organizar una oposición de izquierdas sindical para levantar el programa del sindicalismo de clase, combativo y democrático.

Únete a los Marxistas de El Militante y lucha con nosotros por esta alternativa.

• No a la nueva reforma laboral. Plena democracia interna basada en la democracia directa de las asambleas y las secciones sindicales ¡Todas las decisiones deben ser sometidas a la opinión de los afiliados y los trabajadores!

• Por un giro sindical a la izquierda. Por una acción sindical de clase y combativa basada en la movilización y en la unificación de las luchas.

• Por la defensa de todos los puestos de trabajo y los derechos adquiridos con la movilización.¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no las familias obreras!

• Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial, ni intensificación de los ritmos de trabajo.

• Jubilación a los 60 años (en oficios peligrosos a los 55 años) con el 100% del salario con contratos de relevo, manteniendo la estabilidad en el empleo.

• Salario Mínimo de 900 euros al mes a partir de los 16 años. Por el reconocimiento de la escala móvil de precios salarios en el estatuto de los trabajadores.

• Subsidio de desempleo indefinido hasta encontrar un puesto de trabajo equivalente a un SMI de 900 euros. Ningún recorte en el subsidio de desempleo.

• Transporte gratuito para los parados.

• Prohibición de las ETT’s. Que el INEM sea el único que gestione los contratos. Control de éste por los trabajadores y los sindicatos de clase.

• Defensa de la empresa pública. No a las privatizaciones. Mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Planes de inversión y renovación tecnológica que garanticen todos los puestos de trabajo. Renacionalización de las empresas privatizadas.

• No al cierre de fábricas. Si los patronos alegan pérdidas, que abran los libros de cuentas para ver a dónde ha ido a parar la riqueza creada por los trabajadores. Nacionalización de las empresas y sectores en crisis bajo control obrero, con indemnización sólo en caso de necesidad comprobada.

• No a la discriminación de la mujer y la juventud trabajadora. A igual trabajo, igual salario.

• No a la precariedad laboral. Fijo a los quince días. Por trabajo periódico, contratos de fijos discontinuos. Cumplimiento estricto de las normas de prevención de riesgos laborales.

• Capacidad de los delegados de prevención laboral para parar la producción en caso de incumplimiento de la ley. Enjuiciamiento criminal de todos los empresarios que incumplan las normas de seguridad.

• No al prestamismo laboral. Integración en plantilla de los trabajadores de compañías auxiliares que trabajan de forma permanente en el recinto de la factoría. Equiparación salarial y de jornada de los trabajadores de auxiliares con la principal. Control efectivo de la jornada laboral. Una única compañía por actividad. Prohibición de la subcontratación en cadena.

• Nacionalización de la banca, la tierra y los monopolios sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, y bajo control obrero. De esta forma se podría planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.