Aparte del caos y la confusión que han caracterizado las primeras semanas de presidencia de Donald Trump, lo que también ha quedado claro es cuál será su agenda política. Por un lado, masivas bajadas de impuestos a los ricos y eliminación de todo tipo de regulaciones laborales, financieras o medioambientales; a la vez que se anuncia el incremento de 54.000 millones de dólares (casi un 10%) en el gasto militar, el mayor de la última década. Por otro lado, recortes brutales en sanidad, educación o bienestar social que empeorarán las condiciones de vida de los trabajadores.

Trump ha comenzado a poner en práctica una de sus principales promesas electorales: la deportación de once millones de inmigrantes. Para ello ha anunciado la contratación de 15.000 nuevos agentes de inmigración y el despliegue de 100.000 soldados de la Guardia Nacional. Según el portavoz de la Casa Blanca, los planes son deportar a quince millones de inmigrantes, casi el doble de los ocho millones que actualmente, según el periódico Los Angeles Times, no tienen papeles. Eso significa que serán deportados también aquellos que tienen permisos de residencia permanente.

Desde hace unos días se suceden las redadas masivas de inmigrantes en las principales ciudades, e incluso la policía está sacando a inmigrantes enfermos esposados de los hospitales, como el caso de una mujer ingresada para tratar un tumor cerebral. En la práctica se está produciendo una militarización de los barrios —el propio Trump la ha calificado como una “operación militar”—, comunidades enteras están desesperadas ante la incertidumbre de poder ser deportado, creando una situación de pánico que recuerda a la que debieron sufrir los barrios judíos ante las redadas de la Gestapo.

Estas primeras semanas también han estado marcadas por las protestas y movilizaciones contra Trump. Desde el 21 de enero, día de la histórica Marcha de las Mujeres que movilizó a casi 4 millones de personas, se han producido protestas diarias en ciudades y pueblos de todo el país. Nada más hacerse pública la orden ejecutiva que prohibía la entrada de inmigrantes, decenas de miles de personas ocuparon los principales aeropuertos, no sólo para manifestar su oposición sino también dispuestas a impedir su ejecución. Las protestas se prolongaron durante cuatro días hasta que finalmente un juez federal anuló la orden por anticonstitucional, fue el primer revés político para Trump. La primera gran victoria del movimiento de resistencia contra Trump, pero no la única: las protestas obligaron a renunciar al que iba a ser nuevo secretario de Empleo, Andrew Puzder, un multimillonario propietario de varias cadenas de comida rápida y denunciado por acoso sexual, impago de los salarios a sus trabajadores, evasión de impuestos y acusado por su mujer de violencia de género.

Los inmigrantes, principal objetivo de la administración Trump, también han demostrado que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. El 16 de febrero muchos participaron en el “Día sin inmigrantes” a pesar de arriesgar su empleo, como demostraron los cientos de despidos posteriores. El paro afectó sobre todo al pequeño comercio, restaurantes o cafeterías, y sumaron también miles de estudiantes que pararon las clases para apoyar a estos trabajadores. Ese fin de semana, el cuarto consecutivo desde la llegada de Trump, miles de personas abarrotaron de nuevo las calles de las principales ciudades para oponerse a las deportaciones masivas. Este paro forma parte de un plan de movilizaciones que culminará el próximo 1º de Mayo con otro “Día sin inmigrantes” y manifestaciones en todo el país.

La oposición popular está organizándose y coordinándose a todos los niveles, se han creado centenares de grupos representando a diferentes comunidades o sectores de la sociedad. El movimiento de protesta se está desarrollando rápidamente y no muestra signos de detenerse, todo lo contrario. El debate sobre cómo extender y organizar la lucha ha llegado a los sindicatos. Por ejemplo, el de enfermeras de Minnesota (MNA) ha aprobado una resolución para que su sindicato nacional y el AFL-CIO inicien una campaña de asambleas en los centros de trabajo con el objetivo de discutir su participación en estas protestas. También piden que el AFL-CIO discuta la convocatoria de una huelga nacional para el 1º de Mayo. Otros sindicatos, como el de enfermeras de Philadelphia o el de profesores de Seattle ya han comenzado a hacerlo.

Sin duda, la protesta de masas vinculada a una acción huelguística en todo el país sería un enorme paso adelante. El objetivo debe ser la convocatoria de una huelga general en todo el país para defender los derechos de los trabajadores, luchar contra la política reaccionaria, xenófoba y sexista de esta administración y echar abajo al gobierno Trump.


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