La clase obrera ferrolana es uno de los batallones pesados del movimiento obrero del Estado español. De hecho, la ciudad nació a mediados del siglo XVIII para albergar a los miles de obreros que iban a construir, primero, y ocupar, después, unos astilleros y una base naval militar en la ría. En los más de dos siglos transcurridos desde entonces, la gran concentración de proletariado en torno a los astilleros ferrolanos fue forjando conciencia de clase y tradiciones de lucha.
A finales del siglo XIX, las nuevas corrientes ideológicas que intentan organizar a la clase obrera (la marxista y la anarquista) encuentran en Ferrol un terreno muy fértil. Así, Ferrol, cuna de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y la UGT, fue una punta de lanza del proceso de organización del movimiento obrero, como refleja muy bien el siguiente dato: en las primeras elecciones municipales a las que se presentó, las celebradas en 1895, el PSOE sólo obtuvo concejales en tres localidades, curiosamente una por cada nacionalidad histórica del Estado español: Ferrol, Bilbao y Mataró.
Otro dato poco conocido es que Ferrol acogió en 1915 un congreso internacional anarquista contra la guerra.
En la Segunda República, Ferrol es la ciudad gallega donde tiene mayor intensidad la huelga revolucionaria de octubre de 1934. El golpe de Estado fascista supuso el asesinato de más de 700 personas de izquierdas, una parte de los cuales eran obreros de los astilleros, donde obviamente también hubo despidos.
Pero, como el ave fénix, el movimiento obrero resurgiría pronto de sus cenizas. En 1942, el PCE ya ha conseguido organizar una célula dentro del astillero. Su objetivo se centra en atraer a la capa de trabajadores jóvenes con más inquietudes, para armarlos con ideas y argumentos.
De hecho, un escrito del 25 de febrero de 1943 del ministro de Marina al almirante de Ferrol reconoce que “en los talleres y oficinas [de los astilleros] existe un ambiente de permanente enemistad al Régimen, debido a los numerosos elementos rojos que en él trabajan”. Y sigue: “La depuración no ha seguido un riguroso criterio político-social (…) los mejores operarios, y por serlo, necesarios en las factorías, no son siempre los de ideas más sanas”.
Los años 40 son conocidos como la década del hambre por la falta de alimentos que sufría la población. De hecho, el año 1946 ve las primeras protestas laborales en España desde el final de la guerra civil, una de ellas la llamada huelga del aceite en los astilleros ferrolanos, desencadenada por la reducción de la cantidad de aceite en la cartilla de racionamiento y que fue reprimida salvajemente por la dictadura (catorce condenas a muerte en consejo de guerra, despidos masivos).
Tras abandonar la lucha guerrillera, el PCE se centra en la tarea de asentarse en los centros de trabajo. Esto acaba por conducir a que el VI Congreso del PCE (diciembre 1959 - enero 1960) decida una nueva estrategia sindical: la penetración del Sindicato Vertical franquista. Las huelgas en las minas asturianas en la primavera de 1962 ven la formación de la primera comisión obrera, que en principio surgen para representar genuinamente los intereses de los trabajadores al calor de una lucha y que se disuelven tras finalizar esta. El PCE generaliza la experiencia y trabaja por dotarlas de un carácter permanente. En este sentido, la comarca ferrolana es un bastión donde el PCE avanza con paso firme. Así, en 1968 ha conseguido organizar comisiones obreras en las principales fábricas: los dos astilleros (Bazán y Astano), Peninsular Maderera, Pysbe, Fábrica de Lápices, Fenya, la construcción, etc. Todo este trabajo político-sindical dio un salto cualitativo el 10 de marzo de 1972.
10 de Marzo del 72
Los trabajadores ferrolanos de los astilleros Bazán (hoy Navantia) estaban movilizándose por su convenio. Demandaban un convenio de factoría porque el que tenían era interprovincial, para todas las factorías de Bazán. Esta reivindicación no tenía nada que ver con un planteamiento ideológico nacionalista, ni mucho menos con la insolidaridad hacia los trabajadores de las otras factorías, sino que emanaba de las circunstancias del movimiento obrero de clase en el marco de la dictadura franquista. En Ferrol, las Comisiones Obreras ya controlaban la representación laboral (cosa que no ocurría en San Fernando ni en Cartagena), y la demanda de un convenio de factoría era una fórmula para eludir el control del Sindicato Vertical franquista sobre las negociaciones del convenio interprovincial, y así poder poner el proceso de negociación en manos de los trabajadores. La mejor prueba de que esta fue la razón de la reivindicación del convenio provincial es que esa demanda de un convenio de factoría fue totalmente abandonada nada más desaparecer la dictadura.
El 7 de marzo se firma en Madrid un convenio interprovincial. El 8, en Ferrol se celebra una asamblea contra esa firma y se convoca otra asamblea para el día siguiente. La respuesta de la dictadura es despedir a seis dirigentes sindicales de Comisiones el día 9; el resto de la plantilla decide no trabajar y mantenerse concentrada hasta que se retiren los despidos. A primera hora de la tarde, la policía entra en el astillero y lo desaloja con una represión salvaje. Los choques se trasladan a las calles de Ferrol. El 10 de marzo, cuando los obreros acuden al trabajo, se encuentran la factoría cerrada. Se celebra una asamblea y deciden salir en manifestación hacia Caranza, un barrio nuevo que estaba en construcción a medio camino del otro astillero, Astano, con la idea de que los trabajadores de este se les sumasen. Pero no llegan a Caranza porque en el lugar de As Pías la policía franquista los intercepta y exige que se disuelvan. Los trabajadores se niegan y empiezan las cargas y los disparos con munición real. Los obreros se defienden con piedras. Dos trabajadores, Amador Rey y Daniel Niebla, caen muertos, unas muertes por las que nunca nadie fue juzgado. Los heridos no se atreven a ir al hospital, para evitar ser detenidos.
La policía se tuvo que retirar a su cuartel, donde tuvieron que defenderse de varios intentos de asalto. Los comercios cerraron y durante varias horas Ferrol quedó en manos de los huelguistas. El gobierno cortó las comunicaciones, incluidas las telefónicas, hasta que pudo concentrar los efectivos suficientes para ocupar la ciudad y ponerla bajo el toque de queda: la Bazán permanecía cerrada, los colegios suspendieron las clases, la policía patrullaba permanentemente las calles, mientras la dictadura desataba una brutal ola represiva. Los obreros no volvieron al trabajo hasta el 20 de marzo. La conmoción fue tal, que la noticia tuvo alcance mundial, ocupando las portadas de medios como The Guardian, Le Monde o The New York Times.
El balance fue el siguiente: 2 trabajadores muertos, 16 heridos de bala y decenas por otras lesiones, 160 despedidos, 101 detenidos, 60 encarcelados y 54 multados con entre 50.000 y 250.000 pesetas, un dineral para la época. Los sucesos del 10 de marzo dieron lugar a un sumario del tristemente famoso TOP (Tribunal de Orden Público, el órgano judicial de la dictadura especializado en la represión contra la izquierda), conocido como el juicio de los 23 por el número de personas encausadas.
Toda la responsabilidad de esta lucha recayó sobre el PCE. De hecho, el SECED (Servicio Central de Documentación, creado por Carrero Blanco en enero de 1972 y precedente del actual CESID), dirigido en aquel entonces por el coronel José Ignacio San Martín, quien lo cuenta en su libro Servicio especial, elaboró un informe en que daba por “irremediablemente perdidos para el régimen los cinturones obreros de Madrid y Barcelona, las provincias vascongadas, las cuencas mineras asturianas con Gijón, el campo cordobés y la ría de Ferrol”, además de recomendar dar un escarmiento ejemplar a los trabajadores de la Seat de Barcelona y de la Bazán de Ferrol, a los jornaleros cordobeses y a los mineros asturianos. El 10 de Marzo de 1972 fue la chispa que provocó que un conflicto en principio laboral se transformase en un conflicto político abierto, en un enfrentamiento a cara de perro con la dictadura.
Lecciones para el presente
Hoy no vivimos en una dictadura política formal, pero qué duda cabe que los acontecimientos de los últimos años están demostrando que la democracia burguesa es la máscara de una férrea dictadura económica del capital, por más que intenten disimularlo. Todas las reformas laborales del PP están implantando esa dictadura también en el terreno laboral.
Pero la política laboral del PP también pone de manifiesto la total bancarrota del modelo sindical defendido por los dirigentes de CCOO en las dos últimas décadas y la necesidad de recuperar un sindicalismo combativo, democrático y de clase. En cierto sentido, el movimiento obrero necesita un nuevo comienzo. Y para ello lo mejor es volver la vista atrás, para aprender cómo se conquistaron, en luchas como el 10 de Marzo de 1972, los derechos que hoy están amenazados, y también para aprender todo lo que hubo detrás de esas luchas: años y años de trabajo paciente y sin resultados aparentes, de entrega y sacrificio militantes, de tesón, de superación de obstáculos, de levantarse después de cada golpe y seguir andando, seguir luchando, sin rendirse jamás, como decía Marcelino Camacho.
Y también para aprender que la clave de que aquellos hombres y mujeres resistieran todo lo que para ellos supuso su compromiso con la causa obrera fue la perspectiva política de que su lucha tenía un sentido más allá de sus resultados inmediatos y de las consecuencias personales: contribuir a acabar con la dictadura franquista y, sobre todo, contribuir a una lucha mucho más importante, la lucha para poner fin a este sistema de explotación, la lucha por el socialismo. La mejor manera de rendir homenaje a Amador y Daniel y a todos los protagonistas del 10 de Marzo de 1972 es luchando hoy por nuestros derechos amenazados como ellos lucharon para conquistarlos.
